Vía crucis para las familias
El Estado mexicano debe cumplir con el derecho internacional de los derechos humanos, pero primordialmente debe cumplir su responsabilidad de garantizar justicia plena frente a un fenómeno que tiene muchos años de estar practicándose a lo largo y ancho del país, blindado en la impunidad, y que por lo mismo su magnitud y trascendencia prácticamente lo había invisibilizado.
Todas y todos hemos sabido de personas de nuestro entorno, más o menos cercano, que desconocen el paradero de alguno de sus familiares, que sufren desgraciadamente lo que conocemos como desaparición de personas y que no han encontrado justicia plena.
El vía crucis literal que han sufrido todas estas familias nos ha llevado, desde que instalamos la Legislatura que prácticamente está terminando, a discutir dos cosas que es importante mencionar.
Primero, era indispensable visibilizar en toda su magnitud el problema que erróneamente se creía una característica del sexenio pasado, es decir, familiares que tenían en ese entonces años buscando a sus seres queridos y que se reflejaban, en primerísimo lugar, por no tener datos oficiales o formales que identificaran la magnitud del problema con toda precisión.
Dos, el problema no se circunscribía solamente a algunas carreteras, zonas o territorios, sino que es un problema nacional; entonces la dimensión de éste nos obligaba a tener varias consideraciones, la primera, la revisión de la legislación.
El Código Penal Federal nos pareció tan pequeño para la magnitud del problema, que el primer debate que tuvimos fue si ampliábamos la reforma al código o la segunda cuestión era elaborar una ley específica en la materia.
Convocamos a organizaciones diversas, especialistas y familiares —que se han constituido cada una de ellas en verdaderos ministerios públicos ante la ausencia de autoridades responsables y competentes— y nos dijeron: no es suficiente reformar el Código Penal Federal, pero tampoco es suficiente una ley federal, se requiere una ley general.
La Comisión de Derechos Humanos del Senado adelanta un paso y ha iniciado el proceso de audiencias públicas con organizaciones de la sociedad civil, familiares y especialistas, con una expectativa totalmente distinta, porque ya está promulgada la reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión para legislar en la materia.
Hoy el Poder Legislativo está obligado a legislar en un plazo de 180 días una ley general que sea aplicable en todo el país, que defina las bases de coordinación en los tres órdenes de gobierno, que unifique criterios y defina de manera puntual el tipo penal, eso nos parece de una gran relevancia.
Que además de definir el tipo penal acorde a los tratados internacionales, particularmente a la Convención de Naciones Unidas en la materia, y también la especificidad de los mecanismos que trabajen desde un solo sentido, desde un solo concepto para responder, insisto, al grave problema, el terrible fenómeno de la desaparición de personas.
Y digo desaparición de personas porque también tenemos que definir las características de este problema, entendemos cuál es la desaparición forzada de personas pero también hay desaparición de personas entre particulares y, por supuesto, desaparición involuntaria, que es a gran escala.
Por eso las audiencias públicas que tuvimos el pasado martes con las organizaciones de la sociedad civil y especialistas doctos que tienen una gran trayectoria de lucha y acompañamiento de familias para encontrar a personas desaparecidas serán de una gran trascendencia para el trabajo de las Comisiones que tendremos que construir la Ley General contra la Desaparición de Personas.
@angelicadelap
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.