Entrevista a Armando Ríos Piter | Senador por el PRD | Exclusiva para Siempre!

 

 

Nora Rodríguez Aceves

Mientras haya corrupción en los centros penitenciarios habrá fugas de reos tipo el Chapo Guzmán porque se puede tener la mejor de las infraestructuras, la mejor de las tecnologías, la más avanzada, pero ésta siempre queda sujeta a la acción y al actuar humano, así es como tiene que ser, y cuando la acción y el actuar humano no tienen el pago adecuado o cuando no tienen las capacitaciones suficientes o cuando son presa de la corrupción porque el propio sistema y el propio contexto en el que se envuelven lo permite, cualquier tecnología llega a fallar.

Tan es así, que en el caso del penal de máxima seguridad del Altiplano “se fuga un recluso de esta dimensión porque los sensores, se demuestra, no llevan meses sino años sin operar y que esto en cierto sentido permite y posibilita que haya la construcción de un túnel, más todas las hipótesis que puede haber, pero aquí lo importante es entender que se tiene que hacer una revisión integral, revisar sin duda alguna el sistema penitenciario, pero hay que poner al frente un reacondicionamiento del perfil de los funcionarios públicos desde el más pequeño eslabón, vamos a pensar en el celador, el custodio, hasta el propio encargado, en este caso el secretario de Gobernación, cuál será la cadena y cómo sistemáticamente cambiará la forma en la que este fenómeno de corrupción penetra y destruye la obligación que tienen las instituciones de proteger a los individuos, y que las lleva a convertirse en aliados de la delincuencia; ése es el punto nodal y por eso se tiene que pensar en la transformación de este sistema pero hacerlo de manera paralela con la revisión que tenemos ya aprobada, incluso en el cambio constitucional, el tema del Sistema Nacional Anticorrupción”, señala Armando Ríos Piter, senador por el PRD.

Ante la reciente fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, conocida popularmente como “Almoloya”, el Grupo Parlamentario del PRD señala que con este lamentable hecho se muestra que la concentración de facultades en la Secretaría de Gobernación generó dispersión y relajamiento en la cadena de mando entre los encargados de la seguridad pública y del sistema penitenciario.

 

Iniciativa en seguridad pública

Por tal motivo el PRD presentó, el pasado 22 julio, en voz del senador Armando Ríos Piter, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 21, 69 y 76 de la Constitución, en materia de seguridad pública y sistema penitenciario.

En dicha iniciativa se propone reinstituir la Secretaría de Seguridad Pública como órgano encargado específicamente de la función de seguridad pública, prevención del delito, política criminal y sistema penitenciario; manteniendo las funciones de concertación política y gobernanza interior en el secretario de Gobernación, al que le son naturales.

El secretario de la Comisión de Gobernación en la Cámara alta comenta a Siempre! las reformas que propone su partido y señala que “desafortunadamente esta escandalosa situación que ha generado la fuga del criminal más buscado en el mundo, después de Osama bin Laden, sirve para poner la referencia no solamente de lo que implica para el país sino lo que implica para la imagen de nuestro país en el mundo que en un penal de máxima seguridad o un supuesto penal de máxima seguridad se haya dado esta fuga con un túnel de mil 500 metros y una profundidad de 12 metros que en el contexto de tratar de explicar por qué se dan estas cosas en el país no hay manera de resolverlo si no se ve que la corrupción y obviamente que la impunidad han llegado a los máximos niveles, es la única forma de entender que ocurra esto”.

Frente a esta situación, el PRD en el Senado ha planteado a tres años de la administración de Enrique Peña Nieto la necesaria revisión de lo que se ha venido haciendo y buscar un rediseño de las instituciones que están atendiendo el tema no solamente penitenciario sino el tema de seguridad en su conjunto.

A principios del sexenio, en 2012, de hecho justo el 31 de diciembre fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma a diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La reforma, avalada por el presidente electo Enrique Peña Nieto, estableció modificaciones trascendentes a la estructura y organización de la Secretaría de Gobernación, concentrando en ésta diversas potestades propias de la Secretaría de Seguridad Pública, la cual fue suprimida de la administración.

Con ello, Gobernación se transformó en una dependencia fundamental para el ejercicio del poder público desde el Ejecutivo federal, pues concentró, además del poder político que tradicionalmente ha correspondido a esa dependencia, el control de la fuerza legítima del Estado, es decir, las funciones de seguridad pública, de prevención del delito, de persecución del mismo y de aplicación de penas.

¿Cuál es el resultado a tres años?, se pregunta y responde el senador del PRD: “la fuga de Joaquín Guzmán Loera, por una condición de seguridad que no tiene satisfecho a nadie, una condición de violencia donde sigue habiendo un importante número de muertes violentas en muchos estados, el mío propio que es Guerrero, donde estas escaladas se dan con una periodicidad compleja y dura, terrible, lastimosa, para los ciudadanos, entonces ¿qué estamos planteando? Estamos planteando regresar a una secretaría de seguridad pública con una nueva serie de contextos y condiciones, entendiendo que la macrocefalia, por así decirlo, en la que vive la Secretaría de Gobernación ha llevado a relajar —lo catalogaría de esa forma— las dinámicas y los instrumentos que se requieren especialmente en el tema de seguridad pública, una precisión, una continuidad, una revisión de filigrana segundo a segundo y que pareciera ser, por lo menos eso lo demuestra el hecho que estamos comentando, que se han relajado los temas y que seguramente la corrupción ha corroído no solamente el tema penitenciario sino las propias policías”.

 

Gran pendiente

Planteamiento que lleva al senador perredista a señalar que el máximo problema que tiene el sistema penitenciario es la corrupción, “si tomamos el fenómeno de corrupción como uno de los problemas que aquejan el sistema penitenciario, el sistema de seguridad y el sistema de procuración e impartición de justicia —es difícil segmentarlos—, es uno de los grandes pendientes; sólo doy un dato: del total de delitos que hay en el país solamente se persigue y se castiga el 1%, es decir, el 99% de los delitos en este país quedan sin ningún tipo de atención o de cobertura institucional; eso obviamente es parte del problema que tenemos en el sistema penitenciario, pero hay que verlo como todo el conjunto”.

Por eso, se tiene que hacer “una reforma integral que revise cómo están funcionando las policías y en ese contexto ya hubo un decálogo que mando el presidente Peña Nieto que quedó encallado, por así decirlo, tuvo muy mala fortuna porque era un mal planteamiento, pero por lo menos ya está ahí abierta la necesidad de que se debe debatir el tema de cómo están funcionando los policías municipales, estatales, y cómo se da una coordinación a nivel federal si no se revisa esto desde la óptica de cómo evitar la corrupción, entonces no se puede prevenir que no vuelva a haber casos tan lastimosos como el de Ayotzinapa, donde fueron policías municipales quienes entregaron a sicarios, por esa convivencia corrompida y de complicidad, a los jóvenes para que los desaparecieran, me parece que ése es un punto importante”.

Además, agrega Armando Ríos, hay que ver la parte de procuración porque es indispensable entender la parte de la investigación, qué tanta capacidad de investigación se está generando y sobre todo qué tanta capacidad tienen las fiscalías o lo que se conoce como ministerio público para verdaderamente identificar el fenómeno criminal, analizarlo, estudiarlo, y que sus investigaciones lleven precisamente a atacar a los delincuentes.

El senador por Guerrero expone lo que quiere el PRD en materia de centros penitenciarios: “lo que queremos es revisar la parte de sobrepoblación, revisar el cumplimiento con todo el tema de derechos humanos y revisar este fenómeno de corrupción que a lo largo de esta cadena que he planteado tiene que ser fundamental, por eso no podemos pensar que esta revisión a la parte de seguridad, procuración e impartición de justicia y sistema penitenciario sea ajena al debate que estamos dando en materia de Sistema Nacional Anticorrupción”.

 

Privatización, salto al vacío

En ese mismo tono desecha la propuesta que algunos actores políticos y especialistas han planteado de privatizar las cárceles. “A mí me preocuparía que el debate sobre el asunto de las cárceles lo lleváramos a esa dimensión sin haber resuelto la propia capacidad del Estado mexicano como tal de controlar las cárceles, cosa que hoy no existe. Es como querer aventarse un salto y decir, bueno, no tenemos esta capacidad, y entonces que lo resuelva la iniciativa privada sin haber resuelto el problema del que hemos estado hablando de corrupción, de capacidades, de supervisión, de fortaleza, de articulación, de coordinación, de presencia institucional, me parece que sería un salto al vacío”.

Hoy lo que necesitamos es “recuperar la capacidad del Estado de impartir justicia, de cuidar a los reos, de garantizar seguridad, ése es el gran problema que tenemos y hacer ese debate entre si esto debe administrarse de forma pública o privada es correr 100 metros sin siquiera haberse puesto los tenis. Hoy el problema del país es que no está garantizando el Estado mexicano de manera contundente la seguridad ni el cuidado de los reos”.