No permitir ni solapar abusos

Raúl Jiménez Vázquez

Hace una semana se dio a conocer la decisión de someter a la justicia penal a cuatro elementos del 97 batallón de infantería, a quienes se les imputa la desaparición forzada y posterior ejecución de siete jornaleros de la municipalidad de Calera, Zacatecas, cuyos cuerpos presentaban el tiro de gracia y huellas visibles de tortura.

Tal determinación es sin lugar a dudas plausible y marca un precedente importante. Sin embargo, en aras de acreditar a plenitud que detrás de ella existe una voluntad política clara e indubitable de no permitir ni solapar abusos de los milicianos, también es menester otorgar las facilidades instituciones que se requieren para la práctica de investigaciones objetivas, imparciales e impregnadas de un genuino propósito de establecer la verdad y llevar a cabo las reparaciones integrales a las víctimas, en torno a los hechos punibles acaecidos en muchas otras partes del país, especialmente, en las localidades purépechas de Ecuandureo y Santa María Ostula, y en Tlatlaya, Estado de México.

Esa voluntad igualmente debe ser extendida al caso específico de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Es preciso brindar a los miembros del Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los apoyos oficiales planteados en sus reportes, de los cuales la entrevista directa, sin intermediarios, con los integrantes del batallón de Iguala es de capital importancia a fin de discernir qué fue exactamente lo que ocurrió en la triste y funesta noche del 26 de septiembre del 2014.

El deseo de limpiar y enaltecer la imagen del ejército tiene que ser complementado con otras medidas de calado profundo. Una de ellas debe ser la revocación inmediata de la infame directiva de “abatir delincuentes en horas de obscuridad”.

Otra, podría ser la difusión de un mensaje categórico del alto mando en términos análogos al pronunciado por el comandante del ejército argentino una vez instaurado el gobierno de la transición democrática: “En presencia de toda sociedad ordeno a mis subalternos que nadie está obligado a cumplir una orden inmoral. Sin eufemismos digo claramente: delinque quien vulnera la Constitución nacional; delinque quien imparte órdenes inmorales; delinque quien cumple órdenes inmorales; delinque quien, para cumplir un fin que cree justo, emplea medios injustos, inmorales”.

Más aún, hay que elevar la mirada y pugnar por el encuadramiento de las Fuerzas Armadas dentro de la modernidad política encarnada en el paradigma del Estado constitucional de derecho, cuyos pilares indiscutibles son: subordinación de todas las instituciones a la autoridad civil; seguridad pública en manos de civiles; sujeción irrestricta a los derechos humanos; legalidad, transparencia y máxima publicidad; exposición al escrutinio público; sometimiento a los sistemas de control y evaluación gubernamental; rendición de cuentas; fincamiento de responsabilidades cuando sea procedente.