“Nosotros llevamos un registro de 69 asesinados hasta la fecha este año. Eso es muy alarmante”, declaró el coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, Fabrizio Hochschild, en lo que se configuró una denuncia por la muerte esos casi 70 defensores de los derechos humanos, una cifra “alarmante” y creciente, por lo que pidió al Estado que actúe.
Entre los activistas asesinados hay 38 reportados por la ONG colombiana Somos Defensores, más los homicidios de líderes sociales y políticos reportados por la ONU.
“A la misma fecha el año pasado eran 35, eso quiere decir que este año la tendencia está por doblarse y eso es un retroceso muy importante, muy lamentable en términos de protección a líderes sociales, líderes comunitarios”, insistió al respecto frente a los periodistas.
Además, Hoschchild pidió a las autoridades “usar todas sus capacidades de inteligencia, todas sus capacidades judiciales, para no solamente proteger a esas personas sino ir más allá y asegurar que se pueda judicializar a los responsables (…) esos líderes, sobre todo en regiones apartadas, merecen mayor protección”.
Aunque el funcionario de la Organización de las Naciones Unidas no mencionó a los posibles responsables de estos homicidios en un país afectado por un conflicto armado de más de medio siglo, en el que han participado guerrillas, paramilitares, bandas narcotraficantes y agentes estatales, el representante en Bogotá del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, Todd Howland, ya se había referido en marzo pasado contra las bandas criminales, que surgieron tras la desmovilización de grupos paramilitares desde hace casi diez años, como el principal reto de seguridad del país.
“Están atacando y amenazando a protectores y defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, agentes del Estado y reclamantes en el proceso de restitución de tierras, cuando se oponen a sus intereses políticos, económicos o criminales”, expresó entonces.
El conflicto armado ha dejado al menos 220 mil muertos y más de seis millones de desplazados.
A la ONU le preocupan mucho los líderes de la izquierda de esa región frente a las elecciones próximas de octubre, así como los “representantes afrodescendientes de los consejos comunitarios en la región Pacífico (oeste)”, una zona conflictiva a causa del narcotráfico.
Hochschild indicó que los dirigentes afro han enfrentado allí “muchas amenazas y en algunos casos homicidios”, además de desplazamientos.
Por su parte, el director de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega, una ONG en pro de los líderes de restitución de tierras, aseguró a AFP que “quienes se oponen al proceso de paz de manera ilegal agraden a defensores de derechos humanos” antes de la firma de un acuerdo final “porque se tocan intereses profundos como el de la tierra”.
Los activistas viven de igual forma “otro tipo de agresión, que es la demanda y la judicialización permanente”, así como campañas de desprestigio, agregó.
Desde noviembre de 2012, el gobierno de Juan Manuel Santos lleva a cabo una negociación de paz en La Habana, Cuba, con las principal guerrilla del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para acabar con los enfrentamientos, aunque sin una tregua bilateral en la región.
Información de Milenio