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Carlos Arrieta
Autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), anunciaron que, en cumplimiento a una sentencia de amparo, promovido por padres de menores afectados por el siniestro ocurrido el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, la representación Social de la Federación, ejerció acción penal en contra de algunos de los presuntos responsables.
La PGR apuntó que en virtud de la información que se ha hecho pública, y derivado de los diversos ejercicios de la acción penal, hasta el momento son 22 las personas sujetas a proceso penal, relacionadas al incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora.
Entre los implicados se encuentran servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, de Protección Civil, del Cuerpo de Bomberos, del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora y otros particulares.
De acuerdo con información de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, en la integración de la indagatoria se recibieron 100 denuncias y/o querellas, y fueron iniciadas 11 averiguaciones previas, de las cuales en 10 se ha ejercido acción penal por la probable comisión de los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas, y otros.
La Fiscalía federal, informó que el proceso penal se encuentra en trámite en el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Sonora.
Hay que recordar que el incendio de la Guardería ABC es uno de los lamentables sucesos que marcaron un momento importante de la historia d México y el mundo.
En el incendio fallecieron 49 niños y 106 resultaron heridos, todos de entre cinco meses y cinco años de edad, al propagarse el fuego en una bodega contigua del gobierno del estado de Sonora.
Eduardo Bours Castelo era gobernador de Sonora y Felipe Calderón Hinojosa estaba al frente de la Presidencia de la República. Ambos fueron cuestionados y denunciados por su ineficiencia a la hora de detener a los responsables de este hecho.
La estancia infantil privada funcionaba bajo el modelo de subrogación por el IMSS desde el 6 de agosto del 2001, y las “investigaciones” cubrieron a los culpables de la muerte de los menores, lejos de aplicarles la ley.
El total fue de 49 niños fallecidos; 25 niñas y 24 niños, la mayoría a causa de quemaduras y asfixia por el humo tóxico.
Como reacción ante tanta impunidad, los padres y madres de las víctimas conformaron a los pocos días diversos movimientos sociales agrupados en organizaciones que se han dedicado desde entonces a solicitar justicia por el hecho.
Entre las organizaciones se encuentran Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio A.C. y Manos Unidas por Nuestros Niños.
De entre las acciones sumadas desde 2009 por la sociedad civil en torno al caso se encuentran marchas en las principales ciudades de México, festivales culturales, ciclos de conferencias informativas, charlas de apoyo psicológico, plantones, rodadas en bicicleta así como trabajo jurídico antes distintas instancias para la resolución del caso y la búsqueda de audiencias ante los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de México.
Desde ese entonces, la lucha no ha parado y a pesar de que se han emprendido distintas acciones penales, como las que este jueves acaba de dar a conocer la PGR, los padres, amigos y familiares de las víctimas, están inconformes, porque no han caído las cabezas grandes, responsables de esta tragedia.