Ante el descontento de la esfera católica, empresarial privada y los movimientos obreros, indígenas, campesinos, estudiantes e intelectuales, que exigen la renuncia a la presidencia de Guatemala, Otto Pérez Molina descartó dimitir y dijo que está dispuesto a someterse a un antejuicio en el Congreso.

El viernes pasado, el mandatario fue acusado de encabezar una red criminal que realizó una millonaria defraudación fiscal al evadir el pago de impuestos aduanales.

“No renunciaré” (…) “Con toda entereza enfrentaré y me sujetaré a los procesos que en ley correspondan”, anunció contundente Otto Pérez mediante un mensaje grabado y transmitido por la radio y la televisión, mientras centenares de manifestantes se concentraban frente a la Casa Presidencial para exigir su salida al unísono “Guatemala no se cansa”.

“Declaro categóricamente que rechazo mi vinculación a la misma (red) y el haber recibido dinero alguno de esa operación de defraudación aduanera. Mi conciencia está tranquila”, pronunció el presidente en relación a que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICAG) buscan relacionarlo con el caso La Línea, la red que llevó a cabo la millonaria defraudación.

“Daré la cara y demostraré ante la institucionalidad que no he sido parte y mucho menos receptor de esos fondos mal habidos”, insistió y pidió perdón a los guatemaltecos porque el fraude se cometió en su gobierno, frágil ante las renuncias de ministros desde el sábado. “Esto me obligó a pedir disculpa pública y a decir lo que nace del fondo de mi corazón, a pedir perdón a los guatemaltecos”

“No hay una línea, son dos. Hasta ahora ha aparecido la que recibe sobornos, pero no la que paga, sin duda enraizada en el sector empresarial y que espero pronto aparezca en toda magnitud”, declaró y se pronunció contra el Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), que concentra a la iniciativa privada y que el viernes pasado pidió su renuncia inmediata.

La falta de presencia pública del presidente Pérez Molina obligó a la jueza, Carmen Pocóm, realizar un recurso de exhibición personal para conocer su paradero; luego de verificar que el mandatario se encontraba en la casa presidencial, la jueza dio por concluido el recurso legal.

El MP y la CICIG, instancia legal que desde su comienzo en 2007 respaldada por las Nacional Unidas para erradicar la impunidad que por décadas prevaleció en el sistema judicial y político guatemalteco encontraron a Otto Pérez como líder de la red criminal; ambos organismos pidieron al Congreso iniciar un antejuicio sobre la inmunidad.

Este domingo por la tarde, monseñor Óscar Vian Morales, arzobispo metropolitano y jerarca de la Iglesia Católica, pidió la inmediata renuncia del presidente, en medio de la agitación previo a la nueva jornada de masivas protestas en las calles, a partir de este martes, con el mismo fin de buscar la renuncia del Ejecutivo.

Frente a los señalamientos contra el mandatario, la “mejor decisión” es que renuncie y enfrente a la justicia para mostrar su inocencia; “este gobierno al igual que otros dijo que amaban a Guatemala, pero en realidad robaron a los pobres”, expresó, “la mayoría de los católicos” está a favor de la dimisión y Pérez debe oír “ese clamor”.

Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo que “ve con preocupación los últimos acontecimientos políticos en Guatemala, incluyendo llamadas de distintos sectores de la sociedad para la postergación de las elecciones programadas para el 6 de septiembre”, pero que “es indispensable” que las votaciones “se celebren conforme al orden constitucional vigente”.

Además de los ministros de Economía, de Educación, del Comisionado para la Competitividad, de ganadería, agricultura y de salud, se agregaron cuatro viceministros.

La red conocida como La Línea era un grupo supuestamente a cargo de Juan Carlos Monzón, ahora prófugo ex secretario privado de Baldetti, quien se encargaba de entregar los sobornos al presidente como al ex vicepresidente.

Entre las evidencias que han obtenido las autoridades revelaron que en una semana, Pérez Molina y Baldetti recibieron al menos dos millones de quetzales, que equivalen a 262 mil dólares; las autoridades basan su investigación en un año de supuestas actividades de la red.

También, en las indagaciones ejecutadas por las autoridades se encontró una cotización a nombre del presidente Pérez Molina que pretendía blindar su vehículo Jaguar XF por 23 mil dólares, así como cheques a nombre de Baldetti por varios millones de quetzales.

La CICIG ha presentado hasta el momento 88 mil escuchas telefónicas de los hechos, sin embargo, las autoridades no han establecido la cantidad exacta del fraude, pero estiman que son varios millones de dólares y han indicado que en el caso hay 100 personas investigadas incluidas al menos la mitad en prisión.

Información de El Universal y TeleSUR TV