Reforma energética

Humberto Musacchio

Lo que no pudieron lograr presidentes como Miguel Alemán o Carlos Salinas, lo hizo Hillary Clinton: poner en manos de particulares, sobre todo extranjeros, la riqueza petrolera nacional, aquélla que Lázaro Cárdenas rescató para México y que, por cierto, hizo gritar al padre de los Kennedy, a la sazón diputado, que los mexicanos eran una nación de bandidos.

Cuando la señora Clinton era secretaria de Estado del gobierno de Obama (entre 2009 y 2013), puso a sus achichincles a elaborar la reforma que las empresas trasnacionales habían demandado desde siempre. Los principales redactores del documento fueron David Goldwyn, entonces coordinador nacional de Energía del gobierno gringo y hoy director de una empresa de consultoría en materia petrolera. El otro fue un viejo conocido nuestro, Carlos Pascual.

Para quien no lo recuerde, cabe decir que ese señor fungió como embajador en México durante la matanza de cien mil mexicanos dirigida y ejecutada por Felipe Calderón, cuya criminal ineptitud se hizo evidente para el diplomático, quien reportó a Washington que las fuerzas policiacas y militares de México eran “torpes, descoordinadas, anticuadas, burocráticas, parroquiales y con aversión al riesgo”. Lo supo Calderón y puso a Pascual de patitas en la calle. A su regreso al Potomac, el exembajador sucedió a Goldwyn en la administración de Obama y, por supuesto, ahora Carlos Pascual es también alto ejecutivo de una empresa de consultoría en materia de hidrocarburos: IHS.

Es explicable que una potencia como Estados Unidos analice sus expectativas y prepare planes estratégicos para dotarse de energéticos en una emergencia o cuando llegue a escasear. México también debería elaborar sus propios estudios, pero lamentablemente es al revés. Ni los tiene ni hay preocupación por contar con ellos, pues desde Washington se los envían a nuestros patrióticos gobernantes. Así lo reveló el State Department al dar a conocer los correos electrónicos de la señora Clinton.

En suma, la reforma energética que aprobaron el PRI, el PAN y el PRD por iniciativa del Ejecutivo, en gran parte fue elaborada en Washington para beneficio de las trasnacionales. Los funcionarios mexicanos pretenden negarlo, pero las pruebas están a la vista de todos. Mejor sería que le reclamaron al vecino chismoso por andar divulgando los asuntos de alcoba entre ambos gobiernos.

Estados Unidos impone sus políticas a gobernantes débiles, serviles y antipatriotas, pero no tiene el cuidado de actuar con discreción y los delata sin consideración alguna. ¡Qué poca!