Normalistas de Ayotzinapa
Raúl Jiménez Vázquez
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su quinto informe en relación con el trágico caso de los normalistas de Ayotzinapa, del cual se deducen importantes observaciones a las que me referiré en esta entrega.
En primer término, en el reporte en cita se destaca como “grave y preocupante” el hecho de que ropa encontrada en autobuses en que viajaban los jóvenes no fue integrada a la averiguación previa, no obstante que se trata de un material probatorio cuya enorme trascendencia criminalística ameritó su envío al laboratorio de análisis genético de la Universidad de Innsbruck, Austria.
A lo anterior se sumó otro delicado señalamiento. Al parecer fueron destruidos varios videos provenientes de la cámara instalada en el Palacio de Justicia de Iguala donde se aprecia el momento de la intervención policiaca que antecedió a la desaparición de los estudiantes. Tal irregularidad implica una transgresión manifiesta del imperativo fundamental de la cadena de custodia emanado de la reforma constitucional que dio a luz al sistema de juicios orales en materia penal, el cual básicamente consiste en el deber inexcusable de asegurar y preservar el caudal de evidencias físicas relativas a la perpetración de un determinado hecho ilícito.
La andanada de cuestionamientos abarcó otro segmento de la indagatoria. En el informe de la necropsia practicada al cuerpo de Julio César Ramírez se registraron “huellas de caninos” en los huesos de la cara, lo que pondría de relieve que los muchachos fueron atacados con perros, sin que este trascendental hallazgo hubiese sido tomado en consideración por el personal de la Procuraduría General de la República (PGR).
La negativa gubernamental a la realización de las entrevistas directas a los militares adscritos al batallón de Iguala fue otra fuente de severas críticas. Los expertos calificaron de ilógico el argumento esgrimido por la Secretaría de Gobernación en el sentido de que con ello se pondría en riesgo la legalidad de la investigación, pues dicha dependencia autorizó la práctica de sendos interrogatorios a acusados, elementos policiacos, testigos.
Todo esto hace patente que la investigación ha sido llevada en forma negligente e irresponsable, poniendo por delante el objetivo de construir e imponer a rajatabla una versión oficial a modo e incumpliendo flagrantemente el mandato constitucional y humanitario de hacer justicia a las víctimas y sus familiares; lo que sin lugar a dudas amerita la activación del sistema de responsabilidades de los servidores públicos.
También está preludiando el inminente y estrepitoso derrumbe de la verdad histórica apuntalada por el anterior titular de la PGR y la necesidad de que los representantes de la Interamericana sigan trazando el camino que habrá de conducir al discernimiento de la verdad imparcial, objetiva, plena e íntegra que encierra este brutal e ignominioso ataque al núcleo irreductible de la dignidad humana.