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Carlos Arrieta
Una vez más, la libertad de expresión se ha visto amenazada en México. Alejandra Corona, reportera del periódico El Heraldo de Puebla, denunció que la madrugada del lunes de 10 agosto, un par de sujetos a bordo de un automóvil abrieron fuego a las afueras de su casa, ubicada en la capital poblana.
El periódico estatal fue directo al dar a conocer a los responsables a través del siguiente comunicado:
“Sea casualidad o advertencia, El Heraldo de Puebla responsabiliza a las autoridades estatales y municipales que encabezan Javier Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, respectivamente, de la seguridad e integridad de nuestra reportera, y de todos y cada uno de los trabajadores y directivos de esta casa editorial. El trabajo periodístico de Corona se ha caracterizado por darle voz a aquellos sectores sociales, ciudadanos, estudiantes, ambulantes, maestros, presidentes auxiliares y activistas presos políticos, etcétera que sufren represión por ejercer la crítica a los proyectos del gobierno del estado”.
Y es que ha resultado un fracaso la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), creada por el Gobierno Federal para la protección a periodistas.
La FEADLE es, en la retórica, la autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio de derecho a la información o de libertad de prensa y expresión.
Sin embargo, de acuerdo al informe que presentó la misma fiscalía, de enero del año 2000, a junio del 2015, han asesinado en México a 103 periodistas. La lista la encabezan los estados de Chihuahua y Veracruz con 16 asesinatos respectivamente, seguidos de Tamaulipas (13), Guerrero (11), y Sinaloa (7).
El resto está dividido en otras entidades federativas.
Lo cierto es que ni el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, ni la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre, ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni la Declaración Universal de Derechos Humanos y ni el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -todos ellos instrumentos internacionales de los que México es parte-, han podido evitar la muerte de los periodistas asesinados.
Por su parte, la organización Artículo 19, informó que durante este primer semestre del año, ha documentado 29 agresiones contra periodistas en Puebla.
“Puebla es el tercer estado con más agresiones contra periodistas, tan sólo después de Guerrero y el Distrito Federal. Además, encabeza la lista de entidades con mayor número de agresiones perpetradas por autoridades con 18. Asimismo, Moreno Valle es el funcionario que más veces fue señalado como perpetrador en lo que va del año”, señala Artículo 19.
Es decir, pese a que la FEADLE difunda el discurso de que protege y garantiza la seguridad de los comunicadores y otorga medidas cautelares o de protección, así como gestionarlas ante las autoridades locales competentes, la realidad es totalmente diferente; los periodistas siguen siendo asesinados y no hay culpables en la cárcel.
Al respecto, el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llamó al Estado Mexicano a garantizar la integridad física y la seguridad jurídica de periodistas y defensores de derechos humanos, por considerarlo fundamental para el desarrollo democrático del país.
“No pasa inadvertida la obligación del Estado mexicano de investigar esas agresiones a profundidad, para que la autoridad judicial imponga a los responsables las sanciones que las leyes prevén y las víctimas y sus familiares conozcan la verdad”, advierte el Consejo Consultivo.
Pero ni los discursos políticos, declaratorias, pronunciamientos, leyes, ni siquiera el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual establece que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión, han frenado la ola de asesinatos de periodistas en México, un país en el que los periodistas cada día libran una lucha más para sobrevivir.
A pesar de todo lo anterior y a raíz de la muerte del fotoperiodista Rubén Espinosa, los medios de comunicación han marcado un precedente histórico al privilegiar la solidaridad y unidad entre el gremio periodístico, a fin de autodefenderse. ¿Resultará o no? Al tiempo.