Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes

 

 

Marco Antonio Aguilar Cortés

 

Al final de todo, la verdad prevalece; sin embargo, urge que siempre la verdad despunte desde el inicio.

A pocos días de que se cumpla un año de los lamentables hechos de Iguala, en donde 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa, desaparecieron, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, formado por especialistas extranjeros, solicitado por un organismo de la OEA y de acuerdo el propio gobierno mexicano, hizo público su peritaje: “…los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero de Cocula…”, como fue la verdad histórico legal y oficial establecida, en su momento, por la Procuraduría General de la República.

Ahora, la misma procuraduría ordena un nuevo peritaje en dicho basurero, acaso ya sin ninguna trascendencia, por estar fuera de tiempo, espacio y modo, pero sobre todo en virtud de que esa verdad oficial, con tan poco crédito, ha quedado abatida por el dictamen que se cita.

Hoy se ha agravado la cuestión. La procuradora federal Arely Gómez al enterarse del peritaje reconoció “la magnitud del problema”; y el presidente Enrique Peña Nieto, a través de su cuenta twitter, agradeció el trabajo de los especialistas, comprometiéndose a “seguir sumando esfuerzos en favor del Estado de derecho y la protección de derechos humanos.”

Y esas manifestaciones gubernativas abstractas y generales tienen que bajarse a nuestra realidad concreta.

Se puede reconocer, por ser probable, que esos alumnos hayan estado cometiendo faltas administrativas y hasta ilícitos; se puede reconocer, también, por ser posible, que sus padres estuvieron muy despreocupados de sus hijos mientras cometían desmanes; empero, nadie por eso debe ser desaparecido, ni menos de la manera que ellos lo fueron ni menos aún por autoridades del gobierno mexicano, o con su complacencia.

De eso, los agraviados somos todos los mexicanos, y requerimos que se conozca la verdad, sea cual fuese.

Reconocen esos expertos, dentro de 560 páginas, que su dictamen “no es un diagnóstico definitivo”, pero establecen precisión en “los hechos que están probados”; y señalan a México como contumaz en “la desaparición de personas”.

Y es que la pobreza, la falta de cultura y educación, la explotación económica como estructura productiva, los malos gobiernos entronizados por mafias políticas, el crimen organizado, entre otros males, han lastrado algunas regiones de México.

Conmocionada la conciencia nacional al sentirse rodeada de mentiras, el presidente Peña Nieto tiene frente a sí la oportunidad de llegar a la verdad, e iniciar la etapa de un México sin fabricantes de desaparecidos.

Si esa tarea no se realizara oportuna y eficazmente, con acierto jurídico, claridad y ética, corremos el riesgo, con peligro para todos, de colapsar el país con efectos impredecibles.

Observemos: Guatemala vive una efervescencia que está permeando en toda América Latina.