Urge transformación en procuración de justicia
Angélica de la Peña Gómez
Escuchar el informe de seis meses de trabajo que rindieron los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes (GIEI), enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conmocionó a todo nuestro país y ha sido origen de un nuevo mar de tinta.
La controversia se ha centrado en el escenario donde la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que los estudiantes normalistas encontraron su trágico destino, haciendo a un lado que este tiradero ubicado en el municipio aledaño a Iguala enmarca tan sólo el capítulo final de una noche de auténtico terror.
José Luis Torero, perito acreditado internacionalmente y autor del reporte sobre el basurero de Cocula, ha dicho: “43 personas no pudieron ser incineradas en el basurero de Cocula, con toda la información que ellos han recolectado, incluyendo el análisis que yo hice”. Torero trabajó con peritajes de la PGR, evidencias recopiladas por el Equipo Argentino de Antropología Forense, testimonios e inspecciones en el sitio.
En pocas palabras, no es posible comprobar la hipótesis de la incineración de los 43 estudiantes normalistas en el tiradero con la información de la PGR; y tampoco se puede constatar si la calcinación fue de los restos de sólo algunos de aquellos jóvenes.
El análisis de todo el informe GIEI revela el grado de impericia con la que se realizan las investigaciones ministeriales en nuestro país, porque hablamos de una indagatoria llevada a cabo por la máxima instancia de procuración de justicia y a la que, por orden del Ejecutivo federal, se consideró prioritaria y a la que se le destinaron todos los recursos disponibles.
Deficiente, no puede comprenderse de otra forma la actuación de la PGR y la conformación del expediente, cuando los expertos indican que no se investigó el ahora famoso “quinto autobús” y que descubrieron por testimonios de estudiantes sobrevivientes y comprobado con videos de seguridad y que podría ser determinante para conocer el motivo de la agresión; o que no hayan incluido las sábanas de llamadas de los teléfonos celulares de todos los estudiantes y su georreferencia, hoy se sabe que uno de los jóvenes envió un mensaje a su madre en la madrugada del 27 de septiembre, cuando declaraciones de detenidos aseguran que los estudiantes ya habían sido ejecutados; o que no se mencione la bitácora del C4 y en la que deben estar los nombres de los elementos de las diferentes corporaciones de seguridad que supieron de los hechos en tiempo real. Y son sólo algunas referencias.
Hay motivos suficientes y fundados para dudar de las conclusiones de la investigación de la PGR y para exigir que se reinicie; por supuesto que hay razones para pedir sanciones para los funcionarios que obstruyeron la investigación.
Miles de mexicanos que han visto vulnerado su derecho a la justicia y a la verdad, y ante la incapacidad, complicidad u omisión de las autoridades han debido convertirse en investigadores e invertido su poco patrimonio para hacerse de pruebas, de indicios, que los conduzcan hacia la localización de sus familiares y de los responsables del crimen, llámese homicidio, secuestro, tortura, desaparición, ejecución extrajudicial.
El informe del GIEI debe ser el paradigma de la procuración de justicia en nuestro país, una transformación urgente a menos de un año que sea implementado el sistema de justicia penal acusatorio y oral, en el que la actuación del ministerio público y las pruebas que aporte serán decisivas para llegar a la verdad, sancionar a los responsables de un crimen y garantizar a las víctimas justicia y reparación integral del daño. Es nuestra oportunidad para terminar con la impunidad.
@angelicadelap
Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado de la República.