Heroína es la palabra clave en el drama de Ayotzinapa. Basta remitirse a lo que declaró el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el 11 de junio de este año, para entender que detrás de la violencia brutal y desproporcionada en contra de los normalistas hay un móvil que, por alguna razón, no se ha querido investigar o investigar lo suficiente.
Y es que resulta inadmisible que una línea tan importante que tiene que ver directamente con el móvil de la masacre no haya aparecido desde un inicio, en el primer renglón del informe presentado por la Procuraduría General de la República (PGR).
Obama ubicó a México como el primer o segundo productor más importante de opio y heroína en el mundo —después de Afganistán— y como el principal abastecedor de estas drogas en Estados Unidos. Llegó incluso a señalar Iguala como importante centro de cultivo de amapola, de producción, comercio y trasiego de ese opiáceo.
Esto explica también, como señala el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), por qué las policías de Iguala y Cocula, en complicidad con el narcotráfico, tenían un solo objetivo: evitar a toda costa que los autobuses —muy probablemente cargados de droga y dinero—, que fortuitamente fueron tomados por los normalistas para llegar a la Ciudad de México, salieran del estado de Guerrero.
Hay una frase utilizada por el GIEI que lo dice todo: “Los estudiantes pudieron haber afectado intereses de muy alto nivel”.
El Informe Ayotzinapa, presentado por los expertos independientes el domingo pasado, no es perfecto, carece de lagunas y no evita el sesgo para proteger a los normalistas, pero ha logrado convulsionar los cimientos de la PGR.
Y ésta tal vez sea la consecuencia política más delicada que se desprende del Informe Ayotzinapa: sugiere que la misma PGR sea investigada.
Si el perito peruano José Torero tiene razón, el error más grave cometido por la Agencia de Investigación Criminal de la PGR fue dar por hecho, sin una sustentación científica avanzada, que en el basurero de Cocula fueron incinerados los 43 cuerpos.
E incurrió en un error mayor cuando trató de desprestigiar a un científico, internacionalmente reconocido, que simplemente se limitó a dar un diagnóstico técnico.
La respuesta de Torero —a quien lo acusó de haber estado sólo 20 minutos en el lugar de los hechos— dejó ver que el problema más delicado que tienen hoy los funcionarios mexicanos es demostrar que trabajaron para llegar a la verdad y no para proteger intereses. “Pido al gobierno y a la PGR que dejen de confundir a la gente…”, dijo el especialista en fuegos.
Tal vez una de las lecciones más importantes que se desprenden de la fallida investigación sobre Ayotzinapa es: ¿qué hacer con la PGR?
La defensa a ultranza que hace el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, del reporte final sobre Ayotzinapa y que presentó el 28 de enero pasado contrasta con la disposición del presidente de la república y de la procuradora Arely Gómez, de abrir las nuevas líneas de investigación sugeridas por los expertos.
¿Por qué está casado Zerón con la versión de que ahí, y no en otra parte, fueron cremados los 43 jóvenes? ¿Por que creerle más al Cepillo y al Pato, delincuentes confesos, y no a un grupo multidisciplinario de especialistas interesados en combatir la impunidad?
¿Por qué no dejar que la ciencia y la técnica, la “verdad sin adjetivos” como ha insistido José Narro, rector de la UNAM, sean las que hablen?
Beatriz Pagés