Crónica exclusiva para Siempre!

Carlos Arrieta

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha desmentido la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR) en torno a la desaparición y posible muerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero ocurridos el pasado 26 de septiembre.

La PGR señaló que los 43 estudiantes habían desaparecido en el municipio de Iguala, asesinados después y calcinados sus cuerpos en un basurero de la comunidad de Cocula.

El GIEI ha echado abajo esa versión y exhibido la ineptitud y/o mentira del gobierno federal en torno a este hecho que sacudió al país y al mundo entero, al sostener que no hay evidencias de que un fuego de esa magnitud haya ocurrido, ni de que los estudiantes hayan sido incinerados en un basurero.

Tuvieron que venir cinco extranjeros a decirle al gobierno de México lo corrupto e ineficiente que puede ser como Estado.

Con este informe de más de 550 páginas, le dan algo de claridad al caso Ayotzinapa y que la PGR ha mentido una vez más. Lamentablemente hay otros casos en los que la administración de Enrique Peña Nieto ha quedado a deber.

Otro de los más claros ejemplos de que el Estado decide cuando se acaba la vida de las personas es la irrupción del Ejército Mexicano y de la Fuerza Ciudadana (policía estatal de Michoacán) que le costó la vida a un menor de 12 años durante una manifestación realizada sobre la carretera 200 Lázaro Cárdenas-Manzanillo, a la altura de Ixtapilla, comunidad del municipio de Aquila.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de junio en esa comunidad indígena donde también resultaron lesionadas cuatro personas más, entre ellas una niña de 6 años, otro menor de 17 y dos adultos, lesionados por proyectil de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas.

“Que vivan los templarios. Ya se los cargó la chi…“, exaltaban por el altavoz los militares y granaderos desde el interior del convoy.

A casi dos meses y a pesar de las evidencias marcadas, no hay un solo policía estatal, ni un militar detenidos por la muerte del niño Edilberto Reyes García. No ha habido ningún acercamiento de las autoridades que prometieron apoyar a los familiares de las cinco víctimas.

Por el contrario, este fin de semana les enviaban un nutrido convoy de la Policía Federal para desarmar a la Fuerza Rural de Aquila y a la Policía Indígena Comunitaria de Santa María Ostula, que se han opuesto a ser reevaluados por temor a que los debiliten y se les vuelvan a colar los criminales.

Al ser evidenciado el arribo de los federales (cerca de 400) y tras volverse a levantar el pueblo de Aquila mandos medios buscaron al alcalde José Luis Arteaga Olivares y le señalaron que su presencia solo atendía a reforzar la seguridad de al menos cuatro municipios de la Costa-Sierra.

Eso es más que inverosímil porque Aquila no podría ser ese vértice estratégico para hacerlo. Coahuayana está pegado a Colima; Coalcomán más en la sierra; Chinicuila entre Coalcomán y Coahuayana; y Aquila, pegado a la costa. No había congruencia entre lo que decían los mandos de la PF y el despliegue de sus elementos.

Pero eso no es todo. A una semana de haber iniciado el Ciclo Escolar 2015-2016, estudiantes de nivel básico de las seis comunidades de la Tenencia de Ostula del municipio de Aquila, no han podido iniciar clases debido al conflicto armado, político y social que enfrentan los pobladores de esa región.

Se trata de las comunidades indígenas de La Ticla, Xalacayán, Santa María, El Duin, Ixtapilla y La Placita, donde permanecen cerradas las escuelas por el problema que encaran las fuerzas de seguridad estatales y federales con los habitantes de esa región de la Sierra-Costa michoacana.

El vacío en los salones de las escuelas indígenas inició con la detención de su exlíder de autodefensas Cemeí Verdía Zepeda el pasado 19 de junio.

Desde la muerte de Edilberto los estudiantes de Educación Básica no pudieron concluir su Ciclo Escolar pasado e iniciar este 2015-2016, reconoció el alcalde de Aquila José Luis Arteaga Olivares.

Aunque dijo no tener el dato preciso de estudiantes afectados, José Luis Arteaga afirmó que en el resto del municipio sí se encuentran abiertas las escuelas y los estudiantes acuden con normalidad a los planteles.

El recién llegado presidente municipal dijo que Ostula es la única tenencia donde se han suspendido las clases por motivos de seguridad.

“Pero para eso estamos trabajando en la conformación de acuerdos con el gobierno del estado para que se acabe el conflicto y puedan regresar de inmediato los niños a las escuelas”, afirmó.

Arteaga Olivares explicó que lo que ha trabado los acuerdos con el gobierno del estado es el encarcelamiento de Cemeí Verdía también comandante de la Policía Indígena Comunitaria y el esclarecimiento de la muerte del menor Edilberto Reyes García, presuntamente a manos del Ejército Mexicano.

El edil lamentó que no sea el único sector afectado y reconoció un fuerte impacto en el productivo que ha golpeado el bolsillo de los habitantes de ese municipio y externos que se han visto impedidos por varias horas para transitar por la carretera que comunica a Michoacán con el estado de Colima.

“Pero sin bajar la guardia tenemos que llegar muy pronto a acuerdos con las autoridades estatales con quienes ya hay avances significativos de negociación para destrabar el conflicto en el que los más goleados son los habitantes de mi municipio”, resaltó.

El presidente municipal reconoció finalmente que “las cosas siguen tensas y no podemos hacernos de la vista gorda en eso”.

A decir de algunos agricultores de la región, en estos momentos los precios de los diferentes productos se han inestabilizado al grado de registrar pérdidas importantes en la comercialización de papaya, tamarindo y plátano.

“Los daños son incuantificables porque no solamente hemos sido afectados los productores, sino todas las familias que dependen de esta cadena comercial”, enfatizó Gregorio Salas, agricultor.

Pese a la caída de los precios y en la generación de empleos, Salas no quiso dar más detalles porque quiere evitar que se responsabilice al movimiento civil armado de esta debacle económica.

“Aquí el problema es que no es una situación de ahorita. Teníamos 10 años de secuestros, de asesinatos, de extorsiones, de despojos y hasta de robos a manos de los Caballeros Templarios, por lo que no quiero darle más pretextos al gobierno para que persiga a las personas que nos han dado esperanza de que esto algún día se va a mejorar”, acotó.

Entonces, con todos estos elementos, podríamos saber que la situación en el municipio de Aquila cada vez más empeora. El bloqueo sobre la carretera que comunica a Michoacán con el estado de Colima sigue y no se ve para cuando lo retiren.

“No nos vamos a ir hasta que se haga justicia para Edilberto, atienda el gobierno sus compromisos y liberen a nuestro comandante Cemeí Verdía Zepeda”, advirtieron los pobladores.

Con este escenario, seguramente hará falta que otros expertos extranjeros le digan al Estado Mexicano que está mal, que es un mentiroso y que en este caso, el asesino de Edilberto salió de quienes en teoría son los responsables de garantizar la seguridad y soberanía de este país.

La presencia de personal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en ese municipio puede ser la esperanza para que por lo menos se exhiba a los asesinos, ya que la justicia en México es solo un discurso. Faltaría Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán, etcétera, etcétera, etcétera…