Artículo exclusivo para Siempre!
Carlos Arrieta
El plazo que fijó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la estancia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigan la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a partir de su arribo a territorio nacional. Con esto podría no continuar la puntillosa investigación y ventilar el fondo de los hechos.
Los integrantes del GIEI han desnudado gran parte de la “verdad histórica”, pero aún faltan muchos elementos para que se pueda llegar a la claridad de los hechos. Por lo pronto ya se evidenció que las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) no cuentan con carácter ni soporte cercano a la realidad. La PGR no investigó, se lo inventó pues.
Si bien preocupa, indigna y molesta la “mentira histórica” y montaje –una vez más- del gobierno federal, debería ser más recalcitrante el hecho de que Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, desconozca la prórroga que la CIDH decidió para la continuidad y estancia de los expertos independientes de hasta por dos meses más.
Pero no es una casualidad que Campa Cifrián, haya dicho que los expertos han manifestado que no podrían permanecer por un plazo más amplio, tal y como lo solicitaron los padres de familia de los estudiantes desaparecidos.
Tampoco es sorprendente que haya anunciado que el gobierno federal ya está en conversación con los expertos en ese sentido y que confía en que van a tener un acuerdo del que en los próximos días anunciarán como concluye esta negociación.
A toda costa es un amago para evitar que la Presidencia de la República sea más ridiculizada y evidenciada; pero aún, que se confirme que la procuración de justicia en México es inútil e inservible.
Muy al estilo de la corrupción en México e imposición del poder a través de amenazas y advertencias diplomáticas, el funcionario federal ha sido claro al establecer que el gobierno federal tiene la última palabra sobre lo que sí o no se puede acallar. Más aun tratándose de la exhibida histórica de mayor peso para un mandatario nacional.
Tuvo que llegar un grupo de extranjeros para exhibir las carencias del Estado mexicano y que son muchas; eso lo reconoce Campa al aceptar que todo pudo derivar del supuesto despojo y robo de un autobús cargado de droga a manos de los estudiantes –sin que ellos lo supieran- para trasladar su movilización. Se trata de un “quinto autobús” del que calló la PGR en su informe.
“El planteamiento que tiene que ver con estupefacientes es una línea de investigación muy delicada, por lo que significa y puede representar. Por eso sólo a partir de una posición tan independiente, como la de los expertos, puede plantearse con esa claridad”, dijo Roberto Campa.
Además de que fueron evidenciados muchos elementos entre los que resaltaron los expertos que los cuerpos no habían sido incinerados en un basurero de Cocula como lo indicó la PGR en su “mentira histórica”.
Este tipo de información no es conveniente para la soberbia de un Estado lleno de mentiras, pero Roberto Campa olvidó o quiso olvidar, que el pasado 28 de agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió prorrogar el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por dos meses.
Dado que se considera el 2 de marzo de 2015 como la fecha formal de inicio de las actividades del GIEI, el mandato actual concluiría el 2 de septiembre, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Asistencia Técnica.
No obstante, la CIDH ha decidido prorrogar el mandato por dos meses más hasta el 02 de noviembre. Entre otras tareas la CIDH detalló que esto permitirá al GIEI recibir y procesar los comentarios y las observaciones al Informe Final.
Dichas observaciones podrán ser presentadas por el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y los familiares de las víctimas, entre otros actores. El Estado y los representantes tendrán hasta el 15 de septiembre para opinar sobre la posible renovación del mandato del GIEI.
“Reconocemos el importante trabajo que ha hecho el GIEI hasta la fecha”, dijo la Presidenta de la CIDH, Rose-Marie Antoine.
“Ahora nos parece de fundamental importancia conocer la reacción del Estado y de toda la sociedad mexicana al Informe Final del GIEI. Creemos que el informe será una contribución internacional significativa a los esfuerzos para fortalecer la capacidad institucional del Estado mexicano para la búsqueda y localización de víctimas de desaparición forzada, así como para el fortalecimiento de la capacidad institucional para la prevención de este grave crimen”, agregó Antoine.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.
La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
El GIEI fue designado por la CIDH en el contexto del acuerdo firmado con el Estado mexicano y los representantes de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.
Los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes son Carlos Martín Beristain, Angela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa.
El acuerdo firmado en noviembre de 2014 por la CIDH, el Estado mexicano y representantes de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa estableció las actividades principales a ser desarrolladas por el GIEI.
Destacan la elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Con todo esto se puede leer que pese a la renuencia de las autoridades mexicanas, se abre una nueva ventana para que en estos próximos 55 días se pueda, tal vez, conocer bajo presión social y de la propia Comisión Interamericana, saber en dónde están realmente los cuerpos de los normalistas y/o si realmente fueron todos incinerados, dónde y a manos de quién.
¿Se podrá conocer quién era el mayor interesado en ocultar la verdad que hasta el momento sigue a medias?… Faltan poco menos de dos meses y todo puede suceder. Por lo pronto ojalá la CIDH no sea la próxima víctima de la “mentira histórica.