Entrevista a Carlos Flores | Investigador del CIESAS | Exclusiva para Siempre!
Moisés Castillo
El presidente Enrique Peña Nieto presumió, en su Tercer Informe de Gobierno, la baja en delitos de alto impacto y aseguró que el Estado mexicano “está usando todas las capacidades institucionales para localizar y llevar ante la justicia a quienes están prófugos de la ley”, en clara referencia a la fuga de Joaquín Chapo Guzmán. Sin embargo, 74% de los mexicanos considera que la seguridad ha empeorado, según datos de la organización civil Semáforo Delictivo, proyecto que mide la incidencia de los delitos de alto impacto en México y sus estados.
Además, Peña Nieto reconoció que el último año ha sido difícil para México. Pero también para su imagen: la aprobación ciudadana del Ejecutivo federal cayó a su menor nivel y se explica, entre otros factores, por la impunidad y la corrupción.
“Nuestro país se vio profundamente lastimado por una serie de casos y sucesos lamentables, los hechos ocurridos en Iguala o la fuga de un penal de alta seguridad nos recuerdan situaciones de violencia, crimen o debilidad del Estado de derecho”, admitió el Ejecutivo federal.
Según Renato Sales, el nuevo titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), privilegiará la coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno y la sociedad que a medidas extremas que impliquen una “militarización”. Es decir, reforzará la investigación para la captura de los delincuentes a fin de procesarlos conforme a derecho. Asimismo, se comprometió a fortalecer el sistema penitenciario: “Hay que separar los sentenciados de los procesados, lograr penales de alta seguridad con espacios rigurosos, suficientemente vigilados”.
Para Carlos Flores, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y experto en delincuencia organizada, el gran reto de Sales será depurar la Comisión Nacional de Seguridad, integrar asuntos internos de vigilancia sobre la propia policía con esquemas de inteligencia más funcionales, así como revisar a fondo la situación de los órganos de readaptación social federales.
“Hay una necesidad —dijo— de una depuración efectiva de la institución. Es decir, desde el sexenio anterior se había hecho referencia a una institución que estaba sin problemas de corrupción, pero se ha visto en todo este tiempo que no es el caso”.
Buen nombramiento
¿Qué le parece el nombramiento de Renato Sales como titular de la Comisión Nacional de Seguridad?
Es un buen nombramiento. Renato Sales es un profesionista dedicado a cuestiones judiciales y asuntos de seguridad. Es un hombre probado, que tiene una visión integral en términos de cómo coordinar instituciones. En ese sentido, es un nombramiento adecuado. Se nombró a una persona correcta y de la que puede esperarse un buen desempeño.
¿Cuáles son los grandes retos que tendrá el extitular de la Coordinación Nacional Antisecuestro, luego de un año negro en materia de seguridad?
Es fundamental establecer una vinculación de los órganos de asuntos internos con una adecuada conexión con tareas de contrainteligencia que eviten la relación de actores con la delincuencia organizada. También se pueden sentar bases muy importantes con un enfoque similar para caminar hacia esquemas de inteligencia patrimonial que, hasta este momento, no han sido suficientemente considerados y que son un elemento fundamental para desarticular la delincuencia organizada. Un reto, que es externo a la institución, es comenzar a orientar las investigaciones hacia otro tipo de actores institucionales, no sólo dentro de esa corporación sino dentro de la estructura política de la toma de decisiones que ha favorecido la permanencia de la impunidad en el país.
¿El diseño institucional en el área de seguridad ha sido fallido? ¿Urge un mando único policiaco?
Hay que consolidar mandos únicos en los estados que puedan racionalizar un poco la situación francamente caótica en varios municipios, realmente con condiciones institucionales muy débiles, sin la posibilidad efectiva de llevar a cabo un control policial serio que garantice el orden para la ciudadanía. La dimensión tan grande que adquirió la Secretaría de Seguridad Pública, que estaba por encima de otras homólogas en el sexenio anterior, ha llevado naturalmente a una intención de tener una sujeción institucional más clara de sus funciones. En este caso, no se debe tanto a un diseño institucional per se de la Comisión Nacional de Seguridad, sino que se deben generar circuitos un poco más funcionales entre la investigación policial y la procuración de justicia. Esos elementos, por las condiciones en las que se dieron de confrontación en el sexenio anterior, no permitieron que se avanzara de manera significativa.
La ventaja que ofrece el nombramiento de Sales es que viene justamente de la procuraduría. Tiene una visión que integra la investigación policial con un proceso judicial que debe ser más sólido, mejor construido para que no se caigan los casos en el terreno de los jueces.
Inestabilidad institucional
¿Cuál es la lectura de que en tres años, hasta el momento, hay tres comisionados de seguridad?
Nos habla de una situación de inestabilidad institucional, nos habla de una situación en la cual elementos diferentes a la propia Comisión Nacional de Seguridad pueden impactar de manera negativa en la perdurabilidad de los funcionarios. El hecho de la fuga del Chapo no es responsabilidad exclusiva de la Comisión Nacional de Seguridad. Ahí los elementos irregulares se tenían que detectar a través de una investigación policial y de inteligencia más profunda que vaya más allá de lo estrictamente operativo.
¿Qué cambios urgen en el sistema penitenciario tras la fuga del Chapo Guzmán?
Retomar los controles institucionales que tenían ese tipo de instituciones penitenciarias previamente que evitaban, por ejemplo, que se construyeran inmuebles en la periferia cercana, rehuir controles relajados en la supervisión del monitoreo de ese tipo de personajes y, por supuesto, habría que considerar un factor externo como controles patrimoniales y de ambiente social más rigurosos, no sólo sobre el personal operativo sino sobre los actores que están comandando ese tipo de penales de máxima seguridad.
Enrique Peña Nieto aseguró que la estrategia de prevención ha disminuido la violencia, ¿es así?
Hay una disparidad en referentes de violencia. Algunas organizaciones hablan de cifras mayores de homicidios y extorsiones, pero el punto central es que hechos todavía muy sensibles como los que sucedieron el último año, por supuesto que lesiona la percepción de seguridad. A final de cuentas refrenda una desconfianza de los ciudadanos hacia sus instituciones que es un punto que se debe de trabajar. La percepción se tiene que respaldar con hechos objetivos, en garantías concretas que los ciudadanos observan en su vida cotidiana y que muestran que los fenómenos de violencia ya los están lesionando.
¿Le funcionó a Peña Nieto no focalizar el tema de la seguridad pública como se hizo en el sexenio anterior o estamos ante una estrategia rebasada?
Se tendría que focalizar una estrategia más integral, no todo es una cuestión de policía. La policía es un elemento de investigación muy importante, pero se le tiene que añadir una adecuada supervisón de la integración de los casos judiciales, tiene que ver con la depuración de otro tipo de instituciones y combatir irregularidades dentro del aparato judicial. Se deben considerar medidas más significativas de inteligencia enfocada no sólo a factores operativos de la delincuencia sino a las relaciones que pudieran tener con actores institucionales: clase política, jueces, legisladores.