Crónica exclusiva para Siempre!
Carlos Arrieta
Morelia, Michoacán.- Las víctimas de los ataques con granadas de fragmentación ocurridos durante la ceremonia del Grito de Independencia, el 15 de septiembre del 2008 en Morelia, llegaron al séptimo año con la noticia de que el fondo de 5 millones de pesos que les obsequió el jugador de fútbol Rafa Márquez, “se acabó”.
Este año, los hijos y huérfanos de las víctimas ya no recibieron la beca anual de 7 mil pesos; tampoco los apoyos en uniformes y útiles escolares.
La peor tragedia que ha vivido la capital michoacana, cuando 8 personas perdieron la vida y más de 106 resultaron con lesiones, tuvo en este 15 de septiembre el mayor de los desprecios. A diferencia del año pasado, esta vez el gobernador sustituto, Salvador Jara Guerrero, no hizo acto de presencia, tampoco funcionarios de “primer orden”.
El único que arribó al lugar fue el alcalde independiente Alfonso Martínez. Los reclamos no se hicieron esperar. El expanista aguantó. Con respeto, les dijo que no estaba ahí para tomarse la foto, sino para saber qué se podía hacer. Quedaron de reunirse en próximos días, “vamos a ver qué ocupan y qué podemos hacer en el ayuntamiento”, prometió.
El manto gris que descansaba la mañana de este martes sobre los viejos edificios de cantera del primer cuadro de la ciudad dio la fría bienvenida a los pocos dolientes y a algunas de las víctimas de aquella fatal celebración patria, cuando Leonel Godoy, entonces gobernador, rasgaba el viento con los tradicionales campanazos y gritaba el usual “Viva México”.
La placa alusiva a la tragedia y el árbol llorón que es refugio al consuelo, fueron vestidos como cada año de rosas y claveles blancos y rojos; de veladoras en vaso (para que la cera no dañe la cantera), encendidas en recuerdo de los ocho que perdieron la vida.
Ahí fueron llegando unos pocos, como Margarita Castillo, la esposa de Alfredo Sánchez Torres, quien recibió el impacto de la segunda granada de fragmentación en Quintana Roo; una llorosa Angélica Jazmín rememoró cada momento vivido con su familia; sólo de ellos fueron ocho los afectados, todos viven con el peso y el riesgo de las esquirlas.
Casi al mismo tiempo, a la hora pactada para el encuentro con los medios, arribaron María Encarnación y su esposo Arturo Fernando Rivera; él fue, en su momento, el segundo con más daño por el granadazo en la Plaza de Armas, las más de 360 esquirlas que guarda su cuerpo dan fe de su tortura. Siete años después, sigue con los daños colaterales que le dejaron las tres heridas graves que sufrió, una en la pierna, otra en la cadera y una más en el pecho, a tres centímetros del corazón, “de milagro está vivo”.
Rafael Bucio es, quizás, el caso que más evidencia el daño que dejaron los dos ataques perpetrados, uno en la plaza de Armas y otro en la esquina de Madero y Quintana Roo. Tras doce cirugías, el hombre perdió su pierna y el médico le dijo que es muy posible que uno de sus brazos siga el mismo camino.
Aquél 15 de septiembre de 2008, Rafael perdió casi todo: su esposa, que murió en el atentado y su vida de siempre. El hombre se niega a ser derrotado. Le quedan dos hijos, su madre le acompañada a donde va.
El y Arturo Fernando Rivera fueron las dos principales voces del encuentro. Ahí, limitados en espacio, apretados por los medios y saturados emocionalmente por los recuerdos, elevaron la voz y reclamaron ser escuchados, “no nos ignoren, no nos olviden, nosotros somos los menos culpables de todo”.
El hombre en silla de ruedas exigió claridad en las cuentas del fideicomiso que les abrió el zamorano Rafa Márquez, quien les reunió 5 millones de pesos entre aportaciones de él y de sus amigos deportivas y de la farándula.
De ese recurso que era para los hijos y huérfanos de las víctimas, se entregaban 7 mil pesos anuales por menor a cada padre. Este año ya no habrá el apoyo, “se acabó”, les dijeron pero no les explicaron cómo ni porqué. El fideicomiso, depositado en Banamex, sólo es accesible al gobierno del Estado, pero cuando los afectados pidieron cuentas y un papel que haga constar en qué se gastó ese recurso, les dijeron que no era posible, que todo lo manejaba el banco.
A siete años de aquél suceso que pintó de sangre la cantera del Centro Histórico de Morelia, pareciera que las autoridades intentan borrar de tajo lo ocurrido. Atrás quedaron los cánticos del coro de la paz; el desfile de funcionarios de los tres niveles de gobierno y el gasto excesivo para pintar de blanco la fecha en señal de tributo; hoy pareciera que las víctimas ya no son víctimas; que las pensiones ya no son vitalicias y que los apoyos, generosos apoyos de solidarios destacados, se perdieron, se acabaron y nadie dice en qué ni cómo.