Nulo compromiso de las autoridades
Raúl Jiménez Vázquez
Los desaparecidos son un tema de especial trascendencia dentro de la agenda del sistema internacional de protección de los derechos humanos y es por ello que: I) el 18 de diciembre de 1982 la asamblea general de la ONU aprobó por aclamación la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, II) el 20 de diciembre de 2006 dicho órgano también expidió la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en la que se dispone que los Estados deben prevenir, investigar y castigar este grave atropello a la dignidad humana, III) tales esfuerzos fueron complementados en el plano hemisférico con la entrada en vigor de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994.
A lo anterior se añade la decisión de las Naciones Unidas de conmemorar el 30 de agosto el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, contexto en el que el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que el Estado mexicano no ha atendido las recomendaciones formuladas en su momento por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones forzadas e Involuntarias y el Comité de Desapariciones Forzadas, respectivamente, y que, en general, las acciones ante las graves violaciones a los derechos humanos han sido definitivamente insuficientes.
Las palabras del personero del máximo órgano político de la humanidad reflejan con absoluta nitidez la falta de seriedad y el nulo compromiso de las autoridades ante una patología que ha rebasado todos los límites. Baste decir que mientras que en la emblemática recomendación 26/2001 de la CNDH, resultante de la investigación practicada en torno a la nefasta “guerra sucia” de los años setenta y principios de los ochenta, se reportaron aproximadamente 530 desaparecidos, hoy las víctimas de estos barbáricos actos ascienden a casi 30,000, cifra notoriamente superior al total de las personas que fueron objeto de desaparición forzada durante las sangrientas dictaduras que padecieron Chile y Argentina y que demuestra que se trata de una práctica generalizada de depredación de los derechos humanos.
El detonador de la masa crítica fue la “guerra antinarco”. Empero, el núcleo duro de esta hecatombe no es otro que la impunidad sistémica que se ha brindado a responsables, lo que se evidencia con el hecho de que la PGR tiene integrados más de 50 expedientes relacionados con la “guerra sucia” y se ha abstenido de ejercitar la acción penal.
Las desapariciones forzadas son una tragedia nacional a la que es preciso hacer frente de una vez por todas. Muchas son las medidas que deben tomarse al respecto. La más urgente, sin duda, es el esclarecimiento de la verdad imparcial, plena e íntegra sobre el indignante caso de los normalistas de Ayotzinapa, para lo cual es preciso extender el mandato del grupo de expertos de la Comisión Interamericana.