El diputado federal Víctor Manuel Silva Tejeda del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha insistido en el compromiso que se tiene en la Cámara Baja con el respeto a los derechos humanos y la maquila de más las leyes para garantizarlos.
Silva Tejeda, aclaró, que se le habrá de preguntar a la Cámara de Senadores si efectivamente estaría en condiciones de crear o no una comisión bicameral, con estas características.
Y es que la Cámara de Diputados Federal aprobó hace unos días por unanimidad, el proyecto de decreto que declara el 26 de septiembre de cada año como “Día Nacional contra la Desaparición Forzada de Personas”.
Ahora solo falta ver qué opina el Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Pero a los integrantes de la Cámara Alta no les queda de otra y deben de responder ante este mal que afecta diariamente a miles de ciudadanos de este país, por el crimen organizado o como víctimas de las corrompidas corporaciones policiales y de procuración de justicia en los tres niveles de gobierno.
En ese sentido, Víctor Silva -también secretario de la Comisión Especial para el seguimiento del caso Ayotzinapa, en el que fueron “levantados” y desaparecidos 43 normalistas-, subrayó que se tiene que ir al fondo del problema y buscar que no solamente se recuerde el 26 de septiembre un solo hecho, sino muchos.
“La ley debe atender la desaparición de personas aun cuando no sean eminentemente mexicanos, sino que también sean extranjeros”, enfatizó el legislador federal.
El documento cameral aprobado, destaca que durante los últimos 15 años se han incrementado los casos de desaparición forzada; uno de ellos, de gran impacto social, fue el de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el cual no debe repetirse.
En el combate a esta conducta delictiva, abunda, los tres poderes de la Unión se han comprometido con el desarrollo y puesta en marcha de políticas y acciones jurídicas que contribuyan a la difusión, aceptación y ejercicio de una amplia cultura en favor de los derechos humanos y de respeto a la ley, que permita erradicar de manera definitiva las prácticas criminales y deshumanizadas que concurren en este delito.
El problema aquí es que el mismo documento firmado por siete de ocho integrantes de la Junta de Coordinación Política refiere a “un acto de solidaridad con los familiares de las víctimas de desaparición forzada en México y con el firme propósito de fortalecer y hacer valer el derecho que tienen las víctimas a la verdad”.
En este caso no se trata de compasión, ni de solidarizarse, sino de actuar debidamente como parte del Estado y cumplir y hacer cumplir las leyes en México, la Constitución y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.
Históricamente en México la práctica de desapariciones forzadas de personas data de la época de la llamada guerra sucia, iniciada en la década de los años 60´s.
No obstante, aunque dicho fenómeno surge en el seno de regímenes autoritarios, hoy día no es exclusivo de Estados que se encuentran en contextos dictatoriales o de conflicto, sino que se encuentra presente en gobiernos democráticamente elegidos, como es el caso mexicano.
Actualmente la desaparición forzada de personas sigue presente en México y genera graves consecuencias para sus víctimas, familiares y la sociedad en general.
En ese sentido, al leer los posicionamientos políticos, destaca el mensaje que emitió Víctor Silva al fijar su postura en la máxima tribuna de país:
“No podemos ser indiferentes ante tales hechos, debemos reforzar el tema de los derechos humanos, reforzar las acciones y las recomendaciones que tengamos que hacer a cualquier nivel de gobierno…”.
Ahora tendrán que apretar el paso para que se modifiquen las legislaciones en la materia y de una vez por todas meter en cintura a las corporaciones de seguridad y de procuración de justicia con modelos policiales y de investigación preparados y verdaderamente profesionalizados.
Pero se tiene que ir más allá y los parlamentarios deben crear sanciones más severas a jefes de los poderes ejecutivos o judiciales de los diferentes niveles de gobierno, que por responsabilidad directa, omisión o complicidad permitan que la estadística incremente cada vez más.
Se tiene que evitar pues, a toda costa, que se repita la historia de Morelos, Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Distrito Federal y/o Estado de México, entre muchas entidades más.
CIDH REALIZA VISITA IN LOCO A MÉXICO
Este compromiso de la clase política va a ser difícil que quede solo en palabras si son congruentes con sus compromisos, pues seguramente recibirán una sacudida en las próximas semanas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una visita in loco (en representación de los padres) a México, del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015.
La CIDH realizará una observación en terreno sobre la situación de derechos humanos en el país, con particular énfasis en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura.
Adicionalmente, la CIDH dará atención a la situación de inseguridad ciudadana, acceso a la justicia de víctimas de violaciones a los derechos humanos y la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos, especialmente afectados por el contexto de violencia en México.
La delegación que conducirá la visita estará encabezada por la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine; el Primer Vicepresidente, James Cavallaro; el Comisionado Felipe González y las Comisionadas Tracy Robinson y Rosa María Ortiz. Asimismo, integran la delegación el Secretario Ejecutivo, Emilio Alvarez Icaza Longoria; la Secretaria Ejecutiva Adjunta, Elizabeth Abi-Mershed, y el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, así como especialistas de la Secretaría Ejecutiva.
La Comisión Interamericana se entrevistará con autoridades gubernamentales de los tres poderes del Estado y se reunirá con representantes de la sociedad civil. Asimismo, recabará testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos y familiares en los distintos lugares que recorra.
Durante la visita la CIDH se reunirá con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para dar atención al Informe sobre los hechos acontecidos en Ayotzinapa. La delegación visitará Ciudad de México, Guerrero, Tabasco, Nuevo León, Coahuila y Veracruz.
La CIDH presentará sus observaciones preliminares al término de su visita, en una conferencia de prensa que tendrá lugar el viernes 2 de octubre. La hora y el lugar, serán anunciados próximamente.
La Comisión agradece la cooperación del Gobierno de México y de las organizaciones de la sociedad civil en la planificación y preparación de esta visita.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Es decir, dos días después de que se celebre por primera vez el “Día Nacional contra la Desaparición Forzada de Personas en México”, éste será sacudido con las cifras de la CIDH que seguramente no son nada alentadoras.
Pero es la oportunidad también del Estado Mexicano de “desaparecer” esas prácticas criminales, no así a las personas, o permitir que lo haga la delincuencia.