Deterioro institucional
Miguel Barbosa Huerta
El informe presentado hace una semana, del caso Ayotzinapa por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reinstala la crisis de credibilidad del Estado mexicano.
Desde hace un año, la desaparición de los 43 normalistas puso en entredicho la voluntad y capacidad de las autoridades mexicanas responsables de la impartición de justicia para esclarecer este caso y, al mismo tiempo, pone en duda la capacidad del Estado mexicano para respetar los derechos humanos.
El Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, expresa el deterioro institucional y desnuda lo mucho que han dejado de hacer las autoridades.
Ahora queda claro que existió la decisión política del Gobierno Federal de no avanzar en el fincamiento de responsabilidades a autoridades estatales y federales; así como, agotar la línea de responsabilidades en autoridades municipales y grupos delincuenciales.
Si en su momento se hubieran fincado responsabilidades en los niveles que correspondía no existiría la sensación de impunidad que ahora se ha instalado en la sociedad mexicana y la comunidad internacional.
Entre las recomendaciones de este informe se encuentra: unificar la investigación para que no se pierda la visión integral de los hechos, para que no se dificulte el encuentro entre los consignados, sus familiares y sus representantes legales, para acortar distancias y facilitar el acceso de las víctimas a la justicia, evitar situaciones de inseguridad y asegurar que haya un adecuado acercamiento al proceso.
La investigación debe considerar otras violaciones de los derechos humanos y delitos, llevar a cabo gestiones y diligencias pendientes; indagar el posible traslado de estupefacientes y denuncias por malos tratos y torturas con las debidas garantías; así como replantear elementos de investigación del caso.
En lo relativo a las responsabilidades se debe determinar plenamente éstas; investigar a otros posibles responsables, llevar a cabo nuevas capturas, indagar el patrimonio de los posibles responsables y la posible obstrucción de la investigación, lo cual significa deslindar responsabilidades de todos los funcionarios públicos que hayan obstruido las pesquisas del caso Ayotzinapa.
Respecto a la búsqueda resulta necesario darle continuidad, examinar otros lugares compatibles con los restos quemados, actualizar el mapa de fosas y la investigación de casos de otros desaparecidos de Iguala e incorporar a las indagatorias fotografías satelitales y tecnologías de búsqueda.
El Grupo señala la necesidad de llevar a cabo las recomendaciones sobre atención a los familiares y otras víctimas; consolidar mecanismos de información y relación con ellos; reformar y cumplir los acuerdos de colaboración y compromisos del Estado; así como, considerar medidas de protección y prevención.
Entre las recomendaciones, destaca en el aspecto legislativo, aprobar con carácter de urgente, y con la consulta previa a las víctimas, una legislación integral en materia de desaparición de personas en lo general y de desaparición forzada de personas en particular. Esta legislación deberá estar basada en los estándares internacionales y en la experiencia y trabajo que han venido desarrollando las víctimas, organizaciones de derechos humanos y otros sectores en la materia. El objeto de la ley debe incorporar la prevención, búsqueda, investigación, reparación, atención a víctimas, derecho a la verdad y acceso a la información y las garantías de no repetición. Su carácter deberá ser auto aplicativo en todo el país, sin depender de reglamentaciones o reformas estatales posteriores para su aplicación.
Lamentablemente, las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario no son vinculantes con la investigación, pero sí robustece la percepción de impunidad y pone en evidencia lo que ha dejado de hacer el Estado mexicano.
Ante estas circunstancias y desde nuestro punto de vista deben realizarse las siguientes acciones:
Crear dos fiscalías especializadas sobre el caso Ayotzinapa, una que investigue y la otra que busque, cuyos titulares sean de probada capacidad profesional, expertos en criminalística e independientes; que cuenten con los recursos materiales para integrar los equipos de especialistas nacionales y extranjeros que hagan falta y que, además, tengan la opinión favorable de los familiares de las víctimas.
Extender el acuerdo mediante el cual el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes permanezca por tiempo indefinido en nuestro país.
Antes del 26 de septiembre, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto debe recibir a los padres de Los 43 Normalistas Desaparecidos.
Iniciar un proceso de investigación en contra del licenciado Jesús Murillo Karam y de todos los servidores públicos que hasta hoy han manejado la indagatoria en el caso Ayotzinapa.
Crear una comisión legislativa del Congreso de la Unión, que integre a la conformada por la Cámara de Diputados, para dar seguimiento a este caso.
Conformar una Comisión Ciudadana de Seguimiento compuesta por representantes de las organizaciones de derechos humanos que han dado apoyo a los familiares de las víctimas y seguimiento a este caso; así como citar a comparecer a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República.
El miércoles 9 de septiembre, algunos de los integrantes de este Grupo asistieron al Senado de la República, a convocatoria de la Comisión de Derechos Humanos. Ante legisladores de varios grupos parlamentarios, los expertos reiteraron sus observaciones y conclusiones. Será necesario para la tranquilidad de la república llegar a la verdad material o verdad histórica. El Senado debe contribuir para llegar a esta verdad histórica.
Coordinador parlamentario del PRD
en el Senado de la República
@MBarbosaMX