Entrevista a Layda Negrete/Especialista de México Evalúa

 

Irma Ortiz

El abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, ratificó que el objetivo del encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto es obtener “un compromiso de que se van a reestructurar completamente las investigaciones y que el informe de los expertos sea incorporado tal cual a la averiguación previa”.

Luego de la presentación del contundente informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que desacredita las investigaciones gubernamentales sobre la desaparición de 43 jóvenes de la Normal de Ayotzinapa —rechaza que éstos habrían sido calcinados en el basurero de Cocula— y que constituye un informe técnico que, sin embargo, evidencia las irregularidades que perjudicaron la investigación y la búsqueda de los desaparecidos.

Lo fundamental, en opinión de expertos, es la revisión de la colusión de las autoridades de los tres niveles de gobierno para encubrir los hechos. Todo ello en el clima de incredulidad que priva entre la población ante la información gubernamental. Ayotzinapa, un caso donde el gobierno tendrá una nueva prueba de fuego en materia de gobernabilidad, asegura Layda Negrete, especialista de México Evalúa en materia de justicia.

 

Dos dimensiones

¿Consecuencias del informe de los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso Ayotzinapa para el sistema de justicia mexicano?

Hay dos dimensiones, la primera es lo que logró el grupo de expertos y es sistematizar todas las preocupaciones que tenemos acerca de la calidad de la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR). Lo que vimos es que no es una investigación convincente, que la teoría del entonces procurador, Jesús Murillo Karam no tiene un sustento científico y esto es muy interesante porque la forma en que operan tradicionalmente las procuradurías —que no han desarrollado la capacidad de investigación de calidad— es utilizar testimonios y supuestas confesiones como pieza central en una investigación que es el caso de Ayotzinapa.

Lo que hicieron el grupo de expertos del GIEI es valorar esos testimonios a la luz de pruebas forenses y de investigación científica y ahí encuentras el gran contraste. Asistí a la presentación del informe y al revisarlo encuentras una gran falta de balance, que era muy primitiva, diría yo, la investigación de la PGR con respecto al análisis y la aproximación que hicieron el grupo de expertos.

Lo que hicieron fue iluminar no solamente las deficiencias sino la ausencia de pruebas, lo cual puede llegar a ser muy grave porque lo que se puede anticipar es que en algunos años se pudiera caer toda la acusación y que salieran libres todos los que hoy están detenidos que son más de cien.

Respecto al sistema de justicia en general, hablamos de la baja calidad de la investigación de las diferentes procuradurías, situación que tiene que subsanarse. ¿Cómo? Permitiendo la presencia de peritajes externos y que se les dé valor probatorio. Tradicionalmente las procuradurías generan sus evaluaciones; el peritaje de las trayectorias de balística, toda esta dinámica del choque y el sistema ha sido muy resistente a permitir que expertos, vengan a rendir su testimonio en un proceso, en una investigación penal.

Solo vale lo que es oficial, sólo valen los especialistas de la procuraduría y una de las recomendaciones fundamental que hace la CIDH es que haya estos surcos independientes y darles el peso que merecen como lo hace cualquier otro sistema moderno; cada quien trae a los mejores expertos que están a la mano, es generar peritajes más creíbles, que convenzan a quien toma la decisión que en nuestro caso, es un juez.

Todos están implicados

Luego de escuchar este informe tan detallado de la vinculación de los tres niveles de gobierno en este tipo de hechos, ¿no tendría que haber cambios no solo en la administración de justicia sino en lo que es el sistema judicial?

La presencia de los tres niveles de gobierno que ya quedó muy documentado por el informe, lo que nos dice es que hubo un encubrimiento activo por parte de la PGR en su momento, recordarás en las primeras entrevistas que se hacía a Murillo Karam cuando tomó el caso, exoneraba al Ejército y a la Policía Federal de una forma muy tajante, no habría ninguna línea de investigación, decía que “ellos no fueron”, y sí es importante porque quiere decir que la responsabilidad sobre la desaparición forzada llega hasta el gobierno federal, así está definido en los tratados internacionales, incluso la obstaculización es en sí misma el delito de desaparición forzada.

De alguna forma están todos implicados y suena difícil encontrar una salida, el Ejecutivo tendría que tener una estatura moral muy alta. La ventaja que veo es que cambiaron los actores y hoy está Arely Gómez, una mujer que ha probado ser más recta y el mismo Renato Sales, ahora a cargo de la Comisión de Seguridad, eso abre una pequeña esperanza, pero la verdad suena a que el reto va a ser muy difícil y que el gobierno federal no va a querer asumir su responsabilidad en la medida que muestra el informe. La preocupación es la colusión que tenemos en el sistema penal.

Me preguntabas acerca de la lección para el resto del sistema de justicia, es que es muy permeable a la corrupción no solamente es enormemente arbitrario y muy precario en la calidad de la investigación sino que además es muy permeable a la delincuencia organizada. Justamente la revelación que hizo el grupo de expertos sobre un camión que fue interceptado por la Policía Federal y cuyo rastro desapareció a la luz de la investigación, era justo la conexión más creíble con el crimen organizado y no la teoría original de que los estudiantes habían sido confundidos en su identidad con un grupo delictivo, esa teoría no se sustentó.

 

Informe escrupuloso

¿Qué va a pasar con informes como el de Ayotzinapa? ¿Hacer caso o mantener las cosas como están y que vengan organizaciones internacionales a decirnos lo mal que estamos?

Un espacio de esperanza es que hayan podido trabajar un grupo de expertos aun con sus limitaciones, no les permitieron entrevistar a miembros del Ejército, pero lo que lograron hacer, aun con las restricciones que tuvieron, fue este informe que es muy escrupuloso y claro acerca de las debilidades de la investigación.

Esto no se daba nunca en los casos más relevantes en México, tenemos la versión de la PGR que a veces se repite desde el momento de la detención, se les condena a las personas y nunca hay alguien que venga a revisarles en la PGR. Sin embargo, este caso se hizo en un ambiente público casi como si fuera un juicio oral, que no existe todavía a nivel federal en esta jurisdicción.

Lo que queremos ver en el futuro con la justicia es un debate de ideas, de teorías, una confrontación de pruebas. Este informe da esperanzas de cómo se logró la intervención de grupo de expertos a través de la pasión que tuvieron las familias. Las propias víctimas conformaron una fuerza por sí mismas y a pesar del dolor lograron movilizar a una ciudadanía para exigir que hubiese un grupo de expertos independientes creíble.

Replantear una fiscalía o una procuraduría que trabajara con verdadera independencia del Ejecutivo y con recursos

Está pendiente la discusión de lo que es la fiscalía federal que pudiera ser totalmente independiente del Ejecutivo y que atendiera casos como el de Ayotzinapa que involucran a las autoridades federales y que la PGR protege, lo mismo que la imagen del gobierno federal, que en realidad encubre.

Le creemos al peritaje independiente

¿Escenarios a corto plazo?

En el caso de Ayotzinapa, está lo que deseo y otra lo que va a suceder. Lo que va a suceder como ofreció el Presidente es ordenar otra evaluación, un peritaje sobre fuego y que va a ser contradictorio o va a cuestionar el peritaje del grupo de expertos y ahí va a quedar. Su oferta es revisar este cachito, pero esa parte quizá sea la menos importante porque lo que acabó diciendo el grupo de expertos es que no hubo fuego, lo importante es la responsabilidad de autoridades federales que estuvieron al tanto de lo que estaba sucediendo desde las cuatro de la tarde de aquella noche funesta, desde antes de que cayera la noche.

Está toda la evidencia de las comunicaciones del C4 que es el centro que recopila información y que comparte información con la Policía Federal, la policía municipal y con el Ejército, es como una radio que envía la información a todas las autoridades, eso significa que primero conocieron, después toleraron, participaron y después encubrieron. Esa es la parte más dura y ahí es donde no hubo ningún acto de reconocimiento por parte del presidente ni de la Procuraduría.

¿Qué quisiera que pasara y la esperanza que pudiera pasar? Es que la presión de la ciudadanía logró la participación de ese grupo de expertos, que se tomen las recomendaciones sin necesidad de hacer un peritaje nuevo. Tuvimos un peritaje independiente y como sociedad le creemos, no necesitamos otro, necesitamos que actúen en consecuencia, no generar nueva investigación porque ya no les creemos.

Ayotzinapa va a quedar como una marca de la calidad de las instituciones de justicia que tenemos en México, es una prueba de fuego. Me parece poco probable, pero si el gobierno federal le hiciera frente y se responsabilizara de las consecuencias, podría darnos la gasolina que necesitamos y tener la credibilidad para el gobierno federal en los próximos tres años. El gobierno está viviendo momentos de muy poca aprobación, estamos completamente desilusionados y enojados con el gobierno federal, esos son los sentimientos de la población y esta es una prueba muy importante.