Entrevista a Gabriel Regino | Exsubsecretario de Seguridad Pública | Exclusiva para Siempre!

Irma Ortiz

El caso del multihomicidio de la colonia Narvarte prende alertas. A pesar de que el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera asegura que en el Distrito Federal no se ha asentado ningún cártel del narcotráfico, ya la PGR había informado, en mayo pasado, que el Cártel Jalisco Nueva Generación sí operaba en la capital de la república.

Este jueves, cuestionado sobre si hay focos rojos en la capital luego de que Abraham Torres —el segundo detenido por el caso Narvarte— señalara que sus cómplices son zetas, Mancera evadió hablar del caso y dijo que todas las líneas de investigación están abiertas.

Considerado en una primera instancia como un asesinato político luego de que se conociera que el fotorreportero Rubén Espinosa había huido de Veracruz luego de recibir amenazas del gobierno de Javier Duarte, su muerte provocó una profunda indignación y la demanda del esclarecimiento de los hechos. Este lunes, un desplegado a cuatro páginas publicado en el diario El Universal titulado #NoNosCallarán demandó la investigación de los asesinatos a periodistas y los mecanismos para su protección.

Sin embargo, la información trascendida hasta ahora y el modus operandi utilizado en los asesinatos representaría un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico, señala a Siempre! en entrevista exclusiva, el ex subprocurador de Seguridad Pública, Gabriel Regino —entrevistado antes de que declarara Torres la presunta participación de los zetas.

Torres aseguró haber conocido a la chica colombiana Mile Virginia Martín —quien fue asesinada con particular saña— en un antro de la colonia Condesa. Manifestó que Omar —quien se encuentra prófugo— y Daniel Pacheco —primer detenido y quien por cierto ya se ratificó que no fue torturado— pertenecen a los Zetas y que acudieron al departamento de Mile para robarle varios ladrillos de perico (cocaína) que ésta había recogido en el aeropuerto capitalino.

Para Regino, el móvil es importante porque permite que la investigación vaya por el camino adecuado. En este caso, apunta, es fundamental el modus operandi.

Iban por algo

“Existen indicios que apuntan a afirmar que quienes efectuaron ese crimen fueron por algo, no sólo cosas materiales sino también a obtener información. ¿Qué permite llegar a esas conclusiones? Primero, cómo se dio la sucesión de los crímenes de acuerdo con lo que hasta ahora se ha filtrado y declaraciones de la propia autoridad.

Como criminólogo, ¿qué ve? Hay dos detenidos que cambian sus declaraciones.  

Que efectivamente los hechos están relacionados con el comercio ilícito de sustancias prohibidas; que es altamente probable que una de las víctimas, la chica colombiana, esté vinculada al trasiego de la droga, al narcomenudeo o al narcotráfico de alguna escala.

Que independientemente de las versiones de los detenidos de que uno acomoda carros, que otro los lavaba, ésos son distractores que los propios detenidos manejan. Hay un móvil criminal relacionado con actividades delictivas, es notorio.

En lo personal, las hipótesis relacionadas con la actividad de dos de las desafortunadas víctimas se están debilitando cada día más —el caso del fotorreportero y la activista—; estamos ante un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico y puede ser crimen organizado a poca, mediana o alta escala. La autoridad ya debe saberlo ahorita, forzosa y necesariamente.

Entendemos que no debe de darlo a conocer para no alertar a quienes ordenaron esta masacre; ya hay dos detenidos, sí, es muy importante, pero tiene que haber todavía mayor información que debe estar sigilosamente cuidada, para que vayan no sólo por los autores materiales sino también por quienes ordenaron que se realizara una acción de esta naturaleza. Me inclino más a esa hipótesis que lo relacionado con las actividades de una de las víctimas.

Solidaridad, rechazo y reclamo de justicia

Hasta ahora no se han encontrados mayores indicios de que los asesinos fueran contra el reportero gráfico. Llama la atención que se publicara un enorme desplegado donde se demanda una investigación clara, pero también suena a favorecer una causa política.

Coincido en que todos los homicidios son desafortunados y en que en el contexto actual en donde quienes ejercen el derecho de información se encuentran bajo un asedio.

Es natural que el gremio haga expresiones de solidaridad, de rechazo y de reclamo de justicia, es notable, pero cuando hay un empecinamiento, cuando ya hay una conducción de esta causa noble apuntando única y solamente a una hipótesis, ya no obedece a una mirada o una observación cegada por la posible dolencia de ese gremio, sino que ya estamos ante otra causa. Sí, coincido, ante una conducción intencionada de que ésa sea la única hipótesis, estamos yendo incluso en contra de la evidencia científica.

Eso no es tolerable porque ya estamos entrando a terrenos de posicionamientos ideológicos y, muy probablemente, políticos, lo cual perjudica no sólo la investigación en sí, sino la percepción que la sociedad tendrá de lo que al final resulte.

¿Qué tanto enturbia y presiona a las autoridades que investigan los asesinatos el hecho de que se enjuicie antes de tener más información y se condene?

Incurrimos en una falla que se llama tribunal paralelo, donde ya investigamos, resolvimos y condenamos. Si la autoridad no coincide con lo que estamos expresando, ya estamos adoptando una posición maniquea, ya deslegitimamos desde el principio y, por lo tanto, tenemos argumentos y una posición hasta explosiva respecto de una masacre lamentable, pero en donde todos los indicios y evidencias nos llevan hacia un móvil distinto y distante del relacionado con las actividades propias de Rubén.

¿Qué opina del amparo de familiares de Rubén para evitar más filtraciones?

Independientemente de que es un derecho que tienen todos los ofendidos —en este caso los familiares de las víctimas directas—, le hicieron un favor a la autoridad porque ya no tendrá la obligación de transparentar el curso de la investigación, no está obligada a conferencias de prensa; e indirectamente favorecemos un secretismo de la investigación en un caso tan impactante, en el que la sociedad debería estar informada. Mal por la autoridad, por la filtración, mal por no coordinar la información de una manera profesional, y a esto se le suma la determinación judicial que manda poner sellos a los labios de la institución.

Los homicidios se van a politizar

¿Escenarios a corto plazo?

Una manipulación mayor que conduzca a la deslegitimación de los resultados de la averiguación por contundentes que éstos sean y que está fomentada por las filtraciones sin explicación por parte de la autoridad. Abro un paréntesis, un detenido puede decir misa, que es astronauta…, es su derecho, pero ahí es donde la autoridad debe decir: atamos cabos, esto es lo que aparece, y tener una comunicación precisa.

Lo que sigue es que el sector que exige que la investigación concluya con la responsabilidad penal y política de un gobernador endurecerá su posicionamiento y el asunto trascenderá a las esferas partidistas.

Instalado el Congreso de la Unión, todo se va a politizar y, como lo sostuve en un principio, aquéllos que apostaron por una sola línea de investigación son los que indirectamente están favoreciendo la impunidad de los auténticos autores de este multihomicidio.

¿Qué buscan, porque aunque las autoridades determinen a los verdaderos autores, nadie les va a creer?

Nadie les va a creer, nadie lo va a comprar y dirán que es una farsa. El veredicto ya lo dictaron, la sentencia está pronunciada y toda opinión que vaya en su contra se entenderá como una herejía para quienes se asumen como poseedores de la verdad absoluta..

¿Y buscan?

Puede ser el golpeteo directo a la figura de un gobernador —Javier Duarte, de Veracruz—, muy cuestionado, muy polémico. Están aprovechando para tomar posiciones de ventaja y que pueden repercutir en acuerdos de carácter netamente políticos en ese estado e incluso en el ámbito federal, y de paso llevarse en el camino a las autoridades capitalinas.