Santiago I. Soriano Condado
La madrugada del 26 de septiembre de 2014 sigue guardando un sinfín de preguntas sin resolver, las cuales han convulsionado al Estado mexicano, así como a múltiples instituciones que lo constituyen.
Pese a que las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) dieron con una “verdad histórica” que más tarde pondría en duda el Grupo Independiente de Expertos Interdisciplinarios (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aún sigue vigente la duda de cuáles fueron exactamente los hechos que tuvieron lugar en Iguala, Guerrero, de donde 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, desaparecieron.
Desde entonces, varias versiones se han manejado, tanto por parte de las autoridades, como de los propios padres y organizaciones adheridas a lo que hoy es un movimiento en contra de la desaparición forzada de personas en México.
La nota que no cimbró
A días de que se cumpliera el primer año de la noche de Iguala, el diario español El País publicó una nota firmada por Jan Martínez Ahrens que mostraba información delicada y que, se suponía, era estrictamente confidencial dado que ésta pertenecía a la PGR.
“No te acerques ni te arriesgues”, ésa habría sido la presunta consigna que las fuerzas armadas que estaban presentes en Iguala recibieron y por la que, aparentemente, presenciaron en la inacción todos los hechos que desembocaron en la (parte de la) historia que hoy conocemos.
El País indica que “las declaraciones del teniente Joel Gálvez y del soldado Eduardo Mota a la Procuraduría General de la República muestran el conocimiento que tuvo la inteligencia militar de la tragedia”, a través de nueve llamadas telefónicas.
Tras esto, la misma PGR así como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han enmudecido. Nadie ha desmentido lo declarado en El País, agrandando así las suspicacias que ya envuelven a estas dos instancias.
La pregunta central es: ¿el Ejército estaba en condiciones de intervenir aquella noche? Sobre esta cuestión Siempre! conversó con el abogado, académico e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, Estuardo Anaya Soto, quien realizó una interpretación del Código Penal Militar y explicó algunos de los fundamentos legales que aquella noche de septiembre, la milicia en Iguala tuvo que tomar en cuenta para no participar en los hechos.
No estaba prohibida su intervención
De acuerdo con la legislación militar, “no hay algún fundamento que de manera expresa prohíba la intervención, sin embargo, a partir de la interpretación de la Ley Orgánica de Ejército y las Fuerzas Armadas, los objetivos para los que están destinadas nuestras fuerzas militares no impiden directamente la participación de los efectivos en los hechos de aquella noche”, afirma el también articulista académico.
Aquella noche, según declaraciones del teniente Gálvez, éste le ordenó al soldado Mota “encargado de comunicaciones y encriptación, acudir a uno de los focos de tensión, a pocos metros de la central de autobús. Allí la Policía Municipal rodeaba un transporte repleto de normalistas e intentaba someterlos mediante gases lacrimógenos y amenazas”, se lee en la versión digital de El País, tras esto el superior ordenó al especialista enviado que no se acercara y volviera al batallón.
Las llamadas de auxilio de los ciudadanos comenzaron a llegar, al igual que más llamadas al C-4; entonces, se decidió patrullar la ciudad donde los militares “se toparon con heridos graves, alguno al borde de la muerte, y escucharon los relatos del terror”.
En su momento, se le preguntó al entonces procurador general, Jesús Murillo Karam y al titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, por qué no intervinieron las fuerzas armadas. La respuesta de ambos fue que la ley impide a los militares actuar fuera de sus cuarteles a menos que sea bajo expresa petición de autoridades civiles, es decir José Luis Abarca, entonces alcalde de Iguala. O lo que es igual: las mismas autoridades que perseguían a los normalistas
Sin embargo, el profesor Anaya Soto opina que “la decisión de intervenir en los hechos de Iguala no estaba justificada”.
Opiniones divididas
Frente a los hechos, la opinión se encuentra dividida pues así como hay quienes afirman que, de haber participado, las Fuerzas habrían evitado lo que hoy es un caso de desaparición forzada emblemático, así como también están quienes señalan que podría haber ocurrido una tragedia mayor.
Para el especialista Anaya, “no había una justificación directa para la intervención militar en el sentido de que los objetivos que tiene el Ejército, y ante la duda, era una situación poco clara para ellos; habría sido muy peligroso que intervinieran dado el entrenamiento con el que cuentan y de haberse dado una estrategia puramente militar en un hecho que no contaba con total claridad en ese preciso instante”.
“Si nuestros soldados no han sido señalados en ninguna de las averiguaciones, ¿cuál es la razón de ir a los cuarteles?”, dijo Salvador Cienfuegos ante la petición de los padres de los normalistas por acudir a sus centros de concentración. Sin embargo, un pequeño reportaje periodístico vino a echar por tierra que los militares “no han sido señalados”.