Por Moisés Castillo

El anuncio del gobierno de Enrique Peña Nieto de crear una Fiscalía Especializada para la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos, es una mala noticia para los padres de familia, aseguró Edgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, ya que históricamente las fiscalías especiales han fracasado.

“Sin duda, es una mala noticia. No coincide con el planteamiento de los familiares de los normalistas de crear una unidad especializada de investigación con supervisión internacional. La primera objeción hacia las fiscalías es que tienen una historia desafortunada. No han sido un mecanismo eficiente para investigar y dar resultados”.

El experto en derechos humanos explicó que las diferencias entre una fiscalía y unidad especializada son sustanciales.

“Existe el riesgo de que la PGR descargue parte de la responsabilidad en la fiscalía. En la unidad podría quedar toda la responsabilidad bajo el mandato directo de la procuradora. La fiscalía puede tener cierta autonomía de la PGR, pero el titular sería el único responsable de las pesquisas. En cambio, una unidad sería un área que dependería directamente de la procuradora”.

Cortez lamentó los pobres resultados de la reunión del presidente Enrique Peña Nieto con los padres de los normalistas de Ayotzinapa.

“El análisis que ordenó la Presidencia de los 8 puntos de los familiares demuestra una evasiva al caso, pareciera un intento de no respuesta del Ejecutivo. Lo ideal es que ese documento su hubiera entregado días antes del encuentro para que la reunión girara sobre respuestas concretas o negociaciones. Es decir, conseguir objetivos claros”.

A un años de los hechos trágicos en Iguala, el investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia afirmó que el punto crucial sigue siendo el mismo: realizar una investigación seria que satisfaga a los padres de los normalistas y a la sociedad mexicana.

“Lo que el caso Ayotzinapa volvió a poner sobre la mesa es la crisis de nuestro sistema de procuración de justicia, no tiene la capacidad ni la voluntad para desarrollar investigaciones fundamentadas, objetivas y creíbles. Crear una fiscalía para que resuelva este caso, lo veo sumamente difícil. Lo importante no es incorporar las conclusiones de los expertos de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos a la averiguación de la PGR, sino que se agoten todas las líneas de investigación”.