Citlalli Hernández Oliva
La globalización neoliberal se ha encargado de transformar a la educación superior en una simple cuestión de oferta y demanda y a visualizarla como una “nueva industria”. Esta fuerte tendencia está asociada a la llamada economía del conocimiento en la cual el valor comercial de este nivel educativo toma impulso en concordancia con el desarrollo de las nuevas tecnologías. Los grandes inversionistas saben que en la era del conocimiento, la propiedad intelectual les asegura el poder. De aquí que exista un embate permanente contra la educación universitaria de carácter público de todo el mundo para su apropiación, que proviene tanto del mundo empresarial como de los organismos internacionales.
De tal suerte que avanzar hacia la construcción de un supermercado educativo mundial es una meta más de la globalización, como lo hace con la salud y otros bienes y servicios comunes y estratégicos de la humanidad. Estamos presenciando la creación de un mercado de la educación y de una educación para el mercado, al visualizar al sector educativo de nivel superior como un nicho comercial que no sólo ofrece oportunidades de negocio a los grandes empresarios, sino además les asegura determinar el contenido de los programas de estudio y definir el perfil educativo en función de sus necesidades de calificación de la fuerza de trabajo.
La educación superior pública está siendo trastocada por los procesos de globalización de diversas maneras. Fundamentalmente incide en los procesos de privatización y en el impulso de prácticas de mercado o que siguen lógicas mercantiles, como el aumento de cuotas e inscripciones, la venta transfronteriza de servicios educativos, la expansión de la educación virtual a distancia y la introducción de criterios mercantiles en la enseñanza y la investigación, así como en la organización y conducción de las Instituciones de Educación Superior (IES).
Economía del conocimiento y mercado
mundial de la educación superior
Todas las sociedades a lo largo de la historia, le han otorgado un lugar clave al conocimiento. Sin embargo, en la etapa actual de la globalización capitalista, el conocimiento y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación adquieren una centralidad singular en los procesos económicos, lo que hace de los gastos en educación superior, ciencia y tecnología el ámbito esencial para la definición y disputa por el liderazgo económico mundial.
Esto se traduce en que la dinámica privatizadora y de despojo que acarrea la globalización en la construcción del mercado total, se extiende de manera vertiginosa a las áreas del conocimiento y el intelecto colectivos para sus fines de acumulación. Así, la educación superior se constituye en un nuevo ámbito de expansión de los capitales.
De aquí surge el concepto de economía o sociedad del conocimiento, eufemismo para explicar la nueva realidad mundial de subordinación del conocimiento y la ciencia al capital. Dicho con otras palabras, la globalización conduce a la producción de conocimiento con fines económicos y de ganancia, acabando con el fin social y de desarrollo humano que le era inherente. El conocimiento, tanto el teórico como el empírico, es ya hoy una mercancía.
A través de la propiedad intelectual (patentes, diseños, productos, programas de estudio, acervos, archivos, etc.), el conocimiento pasa del dominio público a manos de las corporaciones y empresas gigantes, quienes patentan el conocimiento milenario de los pueblos y se adjudican su descubrimiento y desarrollo. Surgen nuevos interesados en el negocio educativo que lograron conformar el “mercado de la educación superior”, como los proveedores transfronterizos de programas educativos y de capacitación, las compañías privadas de medios de comunicación, nuevas redes y consorcios internacionales y servicios transfronterizos de certificación de la calidad.
Como consecuencia, las grandes empresas y los países desarrollados fundan su poderío en las inversiones en investigación y desarrollo tecnológico, jugando el papel de productores y exportadores netos de conocimiento. Mientras que los países periféricos o globalizados, juegan un papel pasivo, al aceptar y aplicar tal conocimiento, obedeciendo las reglas de la nueva división internacional del trabajo impuestas por los primeros. En respaldo a esta realidad, los organismos internacionales como el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos y el Fondo Monetario Internacional, han recomendado a los países subdesarrollados que su estrategia educativa se enfoque a educación básica ya que la educación superior es, para sus estructuras productivas y mercados laborales, de baja prioridad.
Dinámica privatizadora del sector social
La estrategia neoliberal para abrir los servicios como la educación, la salud y seguridad social al mercado, se acompañó del planteamiento según el cual el bienestar social es una responsabilidad individual que no debe recaer en el Estado sino en los particulares. El Banco Mundial transmite esta ideología en su Informe sobre el Desarrollo Mundial de 1996, al exponer que los gobiernos deben fomentar una mayor responsabilidad personal en lugar de garantizar bienestar a la población.
En México, los gobiernos neoliberales han hecho suya esta propuesta pues han replegado su actividad en los sistemas de educación y bienestar social mediante el recorte y recomposición de su financiamiento para que sean los usuarios quienes paguen progresivamente por ellos. De tal suerte que se les prepara para llevarlas, como a las otras entidades públicas, a su deterioro creciente, lo que orilla al reclamo popular para su privatización y mercantilización.
Esta estrategia política forma parte de las reformas estructurales de segunda generación que, a lo largo de la década de los noventa del siglo XX y en la primera del siglo XXI, va logrando que los derechos a la educación y la salud se transformen en servicios privados y elitistas. El descarrilamiento de las conquistas sociales y el aseguramiento del mercado como principal proveedor de estos servicios se traducen en su mercantilización y privatización progresivas.
En cumplimiento a lo que el Banco Mundial advertía, el bienestar y los servicios públicos están dejando de ser responsabilidad pública para convertirse en responsabilidad individual y en productos mercantiles sujetos a las leyes del mercado, revelando que los servicios públicos como la educación y salud se ofertarán en función de la solvencia económica individual y no de las necesidades sociales y los derechos de la población.
Escalada comercial en la educación superior
Desde la década de los noventa del siglo pasado, la educación superior en México vive una dinámica que la conduce por los linderos mercantiles de manera acelerada a través de los dos mecanismos principales ya mencionados: la privatización y la mercantilización, ambos relacionados pero no equivalentes.
Por privatización[2], nos referimos tanto al incremento del número de instituciones privadas que ofrecen este servicio y que da lugar a la expansión acelerada de la matrícula de educación superior en el sector privado, esto es, la privatización de la oferta de educación superior, como a la creciente y paulatina sustitución del subsidio público por fondos de origen privado mediante cuotas de inscripción y cobro de colegiaturas. La privatización también se expresa transfiriendo o concesionando al sector privado el manejo y operación de algunas actividades, tales como librerías, cafeterías, comedores, limpieza, vigilancia, exámenes de admisión, talleres de computación, etcétera. Esta última sería una privatización parcial o incompleta, pero que promete la total privatización.
Por mercantilización, aludimos a las políticas encaminadas a la conducción y orientación de las instituciones de educación superior en función de las relaciones de mercado, esto es, se les sujeta a la lógica e intereses del mercado a través de la compra-venta de productos universitarios. Estas políticas son las de evaluación, competencia y rendición de cuentas, tanto de las instituciones como de los académicos, proyectos y programas educativos, a partir de estándares de calidad fijados por el mercado y en función del mercado. De tal suerte que se condiciona el financiamiento estatal (cada vez más escaso) a esquemas productivistas y resultados “comercialmente comprobables”, así como a la adopción de esquemas educativos basados en normas de competencia laboral. Lo cual significa rediseñar una educación superior para el mercado, a la vez que se está construyendo –mediante la privatización de la oferta educativa- un mercado de la educación superior, ambos muy convenientes para los proyectos del gran capital en la construcción del mercado global.
El avance de la privatización de la educación superior y su conversión de bien público en servicio privado comercial se consolida con los acuerdos comerciales. Así, en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS), que surge de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 1994, la educación y el conocimiento son considerados susceptibles de privatizarse y sustraerse del patrimonio común, para su comercialización. En nuestro continente llevamos la delantera en cuanto a la escalada comercial en la educación, pues ya el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1992 incluye a la educación como mercancía y objeto de intercambio comercial.
El TLCAN asegura la completa liberalización del comercio y las inversiones en los servicios como la educación, a las grandes corporaciones fundamentalmente estadounidenses y canadienses. Incluso, los llamados derechos de propiedad es una aceptación de que pueden apropiarse de los recursos de la naturaleza y el conocimiento colectivo, al patentar plantas, semillas y animales. La biopiratería que vienen realizando las empresas transnacionales adquiere patente de corso con estos tratados de libre despojo y el espacio geográfico adquiere hoy la categoría de fuerza productiva estratégica.
Conclusión
En México, desde mediados de los noventa del siglo pasado estamos viviendo de manera acelerada una dinámica privatizadora y mercantilizadora de la educación superior. Sin embargo, lo verdaderamente trágico para el país no es la privatización de la educación superior en sí, sino la entrega de este sector estratégico, base patrimonial del país, a intereses mercantiles y rapaces, que no ven en la educación y el conocimiento más que fuentes de jugosos negocios y objetos de rapiña internacional en la competencia mundial por el control del mercado total, poniendo en riesgo la esencia misma de la universidad pública.
[1] *Profesora titular de la Universidad Pedagógica Nacional y premio INAP 2000.
[2] Para la conceptualización de privatización y mercantilización, nos hemos basado en Imanol Ordorika (2002,noviembre 11, La Jornada)