El Paquete Económico 2016, propuesto por la Secretaría de Hacienda, contempla un tijeretazo en el número de plazas de algunas dependencias de gobierno, con lo que se planean reducir un total de 15 mil 825 puestos de trabajo, lo que representa un ahorro de 7 mil millones de pesos.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, que entregó el martes el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a los legisladores se propone eliminar 7 mil 740 plazas de estructura de burócratas y 8 mil 085 que están registradas bajo el esquema de honorarios.
El documento detalla que las plazas de estructura corresponden principalmente a mandos medios y superiores, mientras que las de esquema temporal o por honorarios se relacionan más al personal de enlace.
De aprobarse esta reducción, las dependencias que sufrirán los mayores recortes en sus planillas serán la Secretaría de Energía (Sener), la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de Economía (SE) y la Procuraduría General de la República (PGR).
La reducción de las más de 15 mil plazas representará un ahorro de siete mil 98 millones de pesos para el ejercicio fiscal del próximo año, según datos de la Secretaría de Hacienda.
El recorte en el número de trabajadores que prestan sus servicios para las dependencias de gobierno, va en línea con el objetivo de reducir gastos operativos y de servicios personales, con el fin de mantener un presupuesto económico austero.
El martes pasado, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, hizo énfasis en que el gobierno federal mantendrá un gasto responsable y acorde a la situación económica internacional, misma en donde prevalece los episodios de volatilidad por las caídas en los precios de petróleo y una apreciación del tipo de cambio.
“Es un Proyecto de Presupuesto de Egresos donde se refleja la instrucción de hacer un gobierno menos costoso y más eficiente, donde se reduce el gasto en los servicios personales y donde se reduce el gasto operativo del gobierno, lo que impera un principio de racionalidad en el gasto público.