Informe, populismo, los 43…
Félix Fuentes
Son lacerantes los agravios contra el Tercer Informe y el gobierno federal debiera auspiciar su modificación en el futuro para darle credibilidad.
La Constitución ordena que “a la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso asistirá el presidente de la república y presentará un informe por escrito…”
Si los diputados son representantes del pueblo, ante ellos debe explicarse el estado general de la administración pública. Y ha de ser el 1 de septiembre, no un día después ni en algún lugar ajeno al recinto parlamentario.
El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, conminó al presidente Enrique Peña Nieto a acudir ante los legisladores y discutir los asuntos de la nación. Fue el PRD, al cual pertenece Zambrano, el que frustró los informes presidenciales en San Lázaro durante los gobiernos panistas.
Por salud democrática y en beneficio del gobierno federal debe restablecerse dicha práctica, a fin de evitar los intensos ataques y odios profundos entre las corrientes políticas.
Ninguna ganancia significan al régimen priista los informes en Palacio Nacional con un mil 500 invitados proclives a aplaudir cada párrafo del discurso presidencial.
La ausencia de legisladores del PAN y el PRD en el evento a puertas cerradas dejó constancia del descontento de la oposición y de que no se informa a la representación legislativa en su conjunto.
El primer mandatario puso énfasis en la reforma educativa, entre sus principales logros, pero la “educación de calidad” fue de evidente fracaso en el primer trienio debido a los desmanes causados por la CNTE y la Sección 22 de Oaxaca, en ese periodo.
En el proceso de dicha reforma, elaborada por el ya cesado Emilio Chuayfett, su aplicación fue imposible por los manejos en Gobernación con el líder de la 22, Rubén Núñez, cuyo nombre no figuró entre las 35 órdenes de aprehensión giradas contra “maestros” de esa Sección, debidas a ilícitos causados en Oaxaca y el Distrito Federal. ¿Por qué se le protege?
Los medios informativos hicieron caso omiso de las cifras del Informe y se centraron en la crítica del Ejecutivo al populismo y la demagogia, con clara dedicatoria a Andrés Manuel López Obrador.
La respuesta de perredistas y de López Obrador fue inmediata. Proponen que sea retirado el fuero al presidente de la república, a fin de enjuiciarlo cuando proceda.
Pretenden los críticos del Ejecutivo que, como sucedió en Guatemala al presidente Otto Pérez Molina, destituido por actos de corrupción, esa práctica sea implantada en México.
Los problemas del gobierno de Peña Nieto se agudizan. Le resurgió el de los 43 normalistas desaparecidos con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual concluyó que los cuerpos de los jóvenes no fueron incinerados en el basurero de Cocula, como lo aseguró el procurador Jesús Murillo Karam en su “verdad histórica”.
Algunos medios reportaron la ausencia de cenizas o restos de fogatas en ese basurero, pero la PGR se mantuvo en su dicho y ahora debe demostrar cuál fue el destino final de los normalistas.