Entrevista a Vidulfo Rosales | Abogado de los padres de los 43
Moisés Castillo
El gobierno de Enrique Peña Nieto pasó de la “verdad histórica” a la “mentira histórica”. ¿Aprovechará un tercer peritaje para esclarecer los hechos de Iguala? Una de las conclusiones más importantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) descarta la quema de los 43 normalistas en el basurero de Cocula como lo aseguró el extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam.
Sin embargo, la PGR reaccionó ante las críticas del derrumbe de la “verdad histórica” y afirmó que los expertos de la Universidad de Innsbruck, Austria, identificaron los restos del normalista Jhosivani Guerrero de la Cruz.
Hay que recordar que en diciembre del año pasado fue confirmada también la identidad de Alexander Mora Venancio, derivado del análisis de las pruebas llevadas a cabo con base en las 17 muestras enviadas en noviembre de 2014 por personal de la PGR y del Equipo Argentino de Antropología Forense, al Instituto de Medicina Legal de dicha universidad.
“Una muestra coincidió plenamente con los restos del estudiante identificado anteriormente (Mora Venancio), y la otra muestra coincidió con el ADN de la familia de otro estudiante mexicano desaparecido (Guerrero de la Cruz). Los dos perfiles de DNA mitocondriales son únicos en las referencias familiares proporcionadas al Instituto. Ninguna otra referencia correspondía a ninguno de los dos estudiantes”, explicó Innsbruck en un comunicado publicado en su sitio web y dado a conocer en México por la propia PGR.
Existen sectores del Estado mexicano, como el Ejército, que se resisten a explicar su actuación en aquella noche trágica del 26 de septiembre de 2014. Así lo demuestra una carta enviada al director del diario El Sur.
“La decisión mexicana de no permitir las entrevistas en los términos del GIEI obedeció a que se transgrede el orden jurídico mexicano; se excede el mandato otorgado; y principalmente se violan los principios del debido proceso y por ende los derechos fundamentales de los militares, colocándolos en la incertidumbre y vulnerabilidad jurídica”, explica el jefe de Estado Mayor de la Novena Región Militar, el general de brigada diplomado de Estado Mayor, Arturo Vallarta Tafolla.
Por lo pronto, el próximo 24 de septiembre, el presidente Peña Nieto se reunirá con los padres de los normalistas desaparecidos y con expertos del GIEI para tratar de construir una ruta verdadera en el caso Ayotzinapa. El gobierno federal tiene dos opciones: seguir en el lado sombrío, el de la construcción de “verdad histórica”; o virar hacia un lado luminoso, donde se pueda conocer, objetivamente, qué pasó con los 43 normalistas. ¿Dónde están?
Cuatro peticiones a Peña Nieto
Para Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas desaparecidos, es fundamental que el gobierno federal no imponga los términos y el proceso de la nueva investigación, porque no aceptarán las conclusiones de esa pesquisa.
“Sobre el nuevo peritaje es algo que debemos platicar con los expertos independientes. Ellos nos pueden referir cómo se va a realizar, quiénes van a participar y cuáles son los perfiles de los peritos. De todo lo anterior depende el hecho de que nosotros aceptemos esa pesquisa. Si el gobierno impone a los peritos no reconoceremos esa investigación. No tenemos confianza en el gobierno”.
¿Con qué postura acudirán los padres de los normalistas a la reunión que tendrán con el presidente Peña Nieto?
Arribarán con una indignación profunda. El informe de la CIDH reveló la participación premeditada de varias autoridades del orden municipal, estatal y federal. Esto refleja que Ayotzinapa no fue un hecho aislado, hubo la participación de las autoridades del Estado mexicano.
¿Qué peticiones harán los padres de familia?
Hay varios puntos. El primero, la aceptación de las recomendaciones del GIEI de la CIDH. El segundo, que se abran nuevas líneas de investigación. El tercero, que se designen nuevas instancias que puedan conducir y llevar a cabo las investigaciones. Y el cuarto, que se sancione a todos los servidores públicos involucrados y que obstruyeron el conocimiento de la verdad.
¿Qué cuentas tendría que dar el extitular de la PGR, Jesús Murillo Karam?
Para nosotros, Murillo y otros funcionarios obstruyeron el conocimiento de la verdad, para alcanzar la justicia. Debe ser el propio ministerio público quien investigue el grado de responsabilidad de esos servidores públicos. El informe de los expertos se realizó a través de pruebas documentadas, testimonios, investigaciones de campo. No es un libro ni una opinión, es un documento resultado de una investigación objetiva, que no merece cuestionamientos.
A un año de la tragedia, ¿a qué conclusiones ha llegado sobre la noche del 26 de septiembre?
Nosotros no tenemos conclusiones ni tesis. Exigimos agilizar y profundizar en las investigaciones de manera objetiva, responsable y profesional para saber qué fue realmente lo que pasó.
Ejército debe decir por qué no actuó
¿Qué explicación debe ofrecer el Ejército mexicano para deslindar responsabilidades? El 27 batallón de infantería tiene su sede en Iguala.
Tiene que dar muchas explicaciones. Tanto el Ejército como las autoridades de los distintos niveles de gobierno tuvieron conocimiento de lo que pasaba y nadie adoptó medidas preventivas ni reaccionaron adecuadamente para evitar el desencadenamiento trágico de los normalistas. Hay muchas respuestas que siguen pendientes y el Ejército debería explicar el porqué de su omisión, por qué se comportó de una forma pasiva.
Desde su perspectiva, ¿qué giro se dio en el caso Iguala tras el informe de la CIDH? ¿En cuál línea de investigación debería enfocarse el gobierno federal?
Los cambios que se producen son significativos. El pueblo mexicano tiene otra óptica del caso y de las investigaciones. Todo el mundo respaldó la “versión histórica”, que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula y, por lo tanto, censuraron a los padres de familia por pedir la presentación con vida de sus hijos. Ahora queda claro que los normalistas no fueron asesinados en Cocula, por lo tanto, la autoridad está obligada a realizar una investigación pronta, imparcial y exhaustiva para conocer qué es lo que pasó y cuál es el paradero de los normalistas. A raíz del informe de la CIDH se presenta la oportunidad para que el gobierno tome las rutas y pautas que esa investigación ofrece a fin de poder llegar a la verdad.
En el escenario ideal para los familiares de los normalistas, ¿a qué objetivos se deben llegar en la próxima reunión con la Presidencia? ¿Cuáles son los compromisos que se deben alcanzar?
Los compromisos mínimos que nosotros esperamos son el cumplimiento cabal del informe de la CIDH, que se adopte como prueba documental dentro de la averiguación previa, que se abran nuevas líneas de investigación, que se designen nuevas instancias que puedan llevar el caso para el conocimiento de la verdad y llegar a la justicia. Y que se sancione a los funcionarios responsables de obstruir el conocimiento de la verdad.
¿El tema del narcotráfico es importante para profundizar en las investigaciones?
Para nosotros, todas las líneas de investigación deben abrirse. El informe es claro, nos ofrece pautas de posibles líneas de investigación que el ministerio público debe retomar.
Sin evidencia de vínculo estudiantes-narco
En las últimas semanas, en varias columnas periodísticas se insiste en que algunos estudiantes estarían vinculados con el crimen organizado, ¿cuál es la postura de los padres de familia al respecto?
Forma parte de la andanada de cuestionamientos, descalificaciones, golpeteos que la derecha de este país lanza contra las escuelas normales. Ese tipo de columnas se inscriben dentro de la represión sistemática que tanto el gobierno y sectores reaccionarios asestan contra los estudiantes rurales. Nosotros así lo tomamos. En ninguna parte del informe que presentaron los expertos de la CIDH se menciona algún tipo de vínculo con el narco. Ahí debemos ser todos responsables. La escuela normal y los padres de familia estamos abiertos a que se haga toda la investigación para conocer a cabalidad lo que pasó. Pero hasta ahora lo que hemos encontrado es la responsabilidad de funcionarios públicos de policía y del Ejército mexicano. No vemos la relación de los normalistas con el crimen organizado.
¿Es correcto el estatus de “cautivos” que le dio la PGR a los estudiantes?
No. Creemos que debe haber una modificación. Lo correcto debe ser la “desaparición forzada”, porque el secuestro, si bien es cierto, tiene una penalidad alta, el elemento de rescate y lucro que contiene el delito de secuestro puede permitir la libertad de las personas que están siendo procesadas.
¿Qué debe suceder para que los familiares de los normalistas y la sociedad en general estén conformes y validen los resultados de la tercera investigación?
Llegar al conocimiento de la verdad, qué es lo que pasó la noche del 26 de septiembre, cuáles son los móviles que orillaron a las autoridades a actuar como criminales, cuáles son los móviles que orillaron a la indiferencia del Ejército mexicano, a la omisión de la Policía Federal, de los cuerpos de seguridad estatal y municipal.