Entrevista a Edgardo Buscaglia | Académico de la Universidad de Columbia
Irma Ortiz
Crear una fiscalía especializada en la búsqueda de personas desaparecidas e integrar un equipo de peritos donde participe el especialista en fuego José Torero, ordenó el presidente Enrique Peña Nieto a la Procuraduría General de la República (PGR), luego de reunirse con los padres de los normalistas desaparecidos hace un año.
Una orden que contempla investigar todos los hallazgos e incorporar las recomendaciones e investigación del grupo de expertos de la CIDH. Para los padres de los normalistas fue insuficiente: rechazaron el acuerdo de crear una fiscalía y demandan la creación de una unidad especializada. Se convertirán, aseguran, en la piedra en el zapato del gobierno y lo cumplirán.
Para el académico de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Accion Ciudadana para la Justicia y la Democracia, el único camino de los padres de los normalistas es acudir a la Corte Penal Internacional.
Puntualiza que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que cae plenamente en el estatuto de Roma, fundamento legal de la Corte Penal Internacional.
El especialista en seguridad asegura en entrevista exclusiva a Siempre! que sí existe conflicto de interés entre la CIDH y el gobierno federal, así como el presunto papel del Ejército durante los hechos del 26 de septiembre de 2014.
Cultura de la impunidad
De acuerdo con el diario El País, el batallón de Iguala conoció del ataque a los normalistas por parte de la policía municipal y no intervino, por el contrario, les dijeron que no se acercaran.
Forma parte de la cultura de impunidad y de la falta de control que existe en las instituciones de seguridad. México sufre el mismo fenómeno, quizá más visualizado debido a casos como Ayotzinapa, Tlatlaya y otros por venir; hoy se conoce quizá más que en la época de Felipe Calderón que las instituciones carecen de control, hay niveles de impunidad elevadísimos y el ejército forma parte de ese rompecabezas.
El país tiene un Estado muy fragmentado donde la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda y el ejército forma parte de esa fragmentación. A eso se le suma la corrupción política que explica por qué estas policías municipales actúan de la manera en que lo hicieron, quizá le extrañe al periódico El País que elogió a Calderón y sus políticas de seguridad durante muchos años, pero a los que conocemos el tema y hemos pronosticado esta situación y propuesto remedios, no nos extraña que el ejército reaccione de esa manera.
Al ejército se le ha puesto en una situación imposible para las fuerzas armadas en cualquier parte del mundo; ningún ejército del planeta está preparado para desmantelar empresas criminales y encarcelar a sus mismos políticos, que se supone que los tienen que controlar. El ejército está en un ambiente institucional esquizofrénico donde varias voces le hablan al mismo tiempo, donde los generales deberían poner reglas bien claras para que el presidente sepa a qué se tiene que atener; deberían decirle lo que puede y lo que no puede hacer. No es cuestión de que un general obedezca de manera ciega las órdenes que le da un jefe del Ejecutivo, el presidente es el comandante en jefe, pero los generales tienen la obligación de explicarle lo que no se puede hacer.
El ejército no puede reemplazar a las instituciones y a la sociedad civil, no puede sustituir a los órganos de desmantelamiento patrimonial que deberían ser dirigidos por fiscalías especializadas. No puede suplir a órganos de inteligencia civiles, a órganos de prevención de corrupción política empezando por autoridades electorales. No puede reemplazar a muchas instituciones que hoy brillan por su ausencia en México.
La buena noticia es que los remedios existen, los hemos venido repitiendo, no es un misterio. Lo que pasa es que la elite política mexicana de los partidos mayoritarios no quieren dar su brazo a torcer, no quieren que nadie controle los dineros con los cuales se compran sus mansiones, ni que les pregunte sobre sus fideicomisos, ni de cómo sus hermanos y familiares se han enriquecido inexplicablemente.
La clase política mexicana se resiste por falta de presión internacional y social desde afuera hacia adentro del Estado; se resiste a implementar medidas recomendadas en el pasado libro que publiqué y en el que va a salir en unas semanas que se titula Lavado de dinero y corrupción política. Ahí abordo por qué suceden Ayotzinapas, porque éstos tienen detrás centros comerciales con dineros inexplicables, activos patrimoniales que explican la motivación por la cual estos grupos secuestran, desaparecen gente, asesinan periodistas que investigan. La falta de controles del Estado, a lo que tanto se resisten los políticos mexicanos a implementar, explican los Ayotzinapas que vendrán, que es lo que más me preocupa.
Ir a la Corte Penal Internacional
Se cumple un año de la desaparición de los nornalistas y se recrudecen las presiones luego de los informes de los expertos de la CIDH, ¿qué sigue?
El próximo paso debe ser ir directamente a la Corte Penal Internacional, el sistema judicial mexicano ha dado pruebas de que no tiene voluntad de abordar estas investigaciones de manera “exhaustiva”, un término que utilizó la canciller aplicándolo al caso de los ocho turistas muertos en Egipto. Le aplicaría los estándares que la canciller le exige a Egipto, que se aplique al gobierno mexicano una investigación judicial exhaustiva, que denuncien los fideicomisos, no importa si caen políticos, empresarios o quien sea.
Cuando eso no sucede, está la Corte Penal Internacional de La Haya que debería ser la instancia natural a donde debe caer el caso Ayotzinapa y el de Tlatlaya, pero lamentablemente vemos mucha presión del gobierno mexicano y de los órganos regionales como la OEA para que eso no suceda. Tratan de mantener el caso bajo control político, de alguna manera representan un conflicto de interés con las víctimas de Ayotzinapa.
Los pobres familiares no se dan cuenta de ese conflicto de interés, se siente ahogados como uno estaría como padre o madre de estos chicos y por ello acuden al primer órgano que se les acerca, pero debería ser la Corte Penal Internacional la instancia donde caigan estos casos.
Cuando en Europa suceden casos de abusos de derechos humanos de esta naturaleza —la desaparición forzada es un crimen de lesa Humanidad que cae plenamente en el estatuto de Roma, fundamento legal de la Corte Penal Internacional—, todo crimen de lesa humanidad por motivaciones políticas, como es el caso de Ayotzinapa-Iguala, religiosos, económicos, deben caer en la Corte Penal Internacional.
En México se asegura que el caso está contaminado por los nexos de Emilio Álvarez Icaza y las ONG que defienden a los padres de los normalistas.
No conozco a Emilio Álvarez Icaza personalmente, he hablado con él dos o tres veces pero no lo conozco como profesional por lo tanto no puedo hablar de su capacidad, pero sí sé que él tiene ambiciones políticas en México. En ese sentido, si él tiene ambiciones políticas en México, diría que es mejor una instancia imparcial que no tenga ningún tipo de intereses políticos en el país.
No quiero menospreciar el trabajo del grupo de expertos de la CIDH, es un valor agregado muy importante, eso hay que aclararlo, pero el grupo de expertos no puede encarcelar, decomisar, no puede expander la investigación y llegar hasta el mismo presidente de la república si es necesario y emitir una orden de aprehensión como hicieron en Guatemala.
Se necesita tener a una Corte Penal que emita una orden de aprensión, si es que hay que hacerlo contra el mismo presidente, sí llega el caso, como sucedió en Sudán. La Corte Penal Internacional está diseñada para investigar y llegar a quien deba llegar sin ningún tipo de límites políticos, sin negociaciones, sin evitar sanciones como sucede a veces con la CIDH y con la OEA. Acudamos a instancias imparciales que no dependan o estén financiados por el sistema político mexicano o por el gobierno en turno. Tengo entendido que los trabajos de los expertos fue financiado por el gobierno, en ese sentido hay un conflicto de interés.
No estoy juzgando a Emilio Álvarez Icaza, pero tengo entendido que tiene ambiciones políticas, quería ser presidente de la CNDH y para eso dependía del beneplácito de Enrique Peña Nieto y del anterior presidente. Además tenemos que la investigación está financiada por el mismo gobierno; necesitamos tener una instancia judicial que primero pueda encarcelar, que decomise bienes, que emita órdenes de aprehensión.
Ahora, el reporte del grupo de expertos va a servir de insumo importante y valioso para la CPI, no hay que menospreciar el reporte de esos expertos, simplemente hay que ir a donde guarden el sistema y el sistema judicial muerde de arriba para abajo y de afuera hacía adentro del Estado mexicano. Insist,o el Estatuto de Roma establece en sus artículos que las desapariciones forzadas y los secuestros con motivaciones políticas y de manera organizada, en este caso, caen dentro de la tipología de delitos que puede atraer.