Para aclarar la incineración en el basurero de Cocula, por el caso Iguala, la procuradora general de la República, Arely Gómez, aseguró que pedirá un nuevo peritaje, en colaboración con expertos forenses, luego del informe público anunciado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.

“El Estado mexicano solicitará la prórroga del mandato para que el grupo de expertos pueda concluir sus trabajos”, dijo en conferencia de prensa. “Respecto a la información relativa al peritaje, sobre los hechos específicos de la incineración en el basurero de Cocula, he instruido se atienda la propuesta contenida en el anexo informe pericial, aspectos relacionados al fuego referente a la necesidad absoluta de realizar una investigación de altísimo nivel, con peritos con una formación y experiencia consistentes con la magnitud del problema”.

“Se solicitará la realización de un nuevo peritaje a cargo de un cuerpo colegiado de peritos forenses del más alto prestigio”, insistió la procuradora y que continuará con las indagaciones hasta que el último responsable sea consignado.

También, los resultados, conclusiones de las entrevistas del trabajo de campo y de los estudios que los expertos de la CIDH realizaron, son analizados desde este mismo domingo, y serán incorporados a la investigación que lleva la PGR, indicó la funcionaria.

“En lo que respecta a la autoría de estos hechos las conclusiones del Grupo de Expertos confirman las líneas de investigación de esta Procuraduría, en el sentido de que las policías municipales de Iguala y Cocula participaron en la comisión de estos delitos”.

Las corporaciones policiales fueron cooptadas por la delincuencia organizada, “como se ha podido acreditar de las actuaciones que obran en el expediente”, agregó, y que el grupo de expertos también coincide con la versión oficial en que “la delincuencia infiltró la administración municipal del entonces alcalde José Luis Abarca, y destacadamente a la Secretaría de Seguridad Pública de ese municipio”.

La averiguación previa estará a cargo del titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, señaló Arely Gómez, y que solicitó la acumulación de procesos penales abiertos contra los probables responsables de la desaparición de los normalistas, para que sean resueltos por el mismo juez federal.

La funcionaria, además recordó que el exalcalde de Iguala fue detenido y se encentra recluido, sujeto a diferentes procesos penales, y explicó que derivado de la investigación ministerial se ha ejercido acción penal en contra de 131 personas, de las que 110 han sido aprehendidas y enfrentan un proceso penal.

Asimismo señaló que desde el 19 de agosto pasado en todas las procuraduría y físcalías del país entró en vigor el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y del Delito de Desaparición Forzada

Durante el mensaje ante los medios, en la sede de la procuraduría, estuvieron presentes el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, y el subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, además de funcionarios de la PGR.

De igual forma, el presidente Enrique Peña Nieto se pronunció sobre el caso y ordenó a su gabinete que en las investigaciones sobre el caso Iguala se considere el informe por el grupo interdisciplinario de investigadores.

En su cuenta de Twitter señaló que dio indicaciones a las dependencias de su gobierno para que analicen cada una de las recomendaciones presentadas, “he dado indicaciones para que en las investigaciones de los trágicos sucesos de Iguala tomen en cuenta los elementos aportados por le GIEI”.

El mandatario agradeció a los expertos y a la CIDH por su apoyo y aseguró que México seguirá sumando esfuerzos a favor del Estado de derecho y la protección de los derechos humanos.

Por su parte, el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, declaró que la hipótesis de la incineración de los estudiantes se basa declaraciones, testimonios y recreaciones.

“Estamos seguros que en Cocula fueron quemados un número importante de estudiantes”, aseguró el funcionario, en entrevista con Grupo Imagen Multimedia, y que “puedo confirmar que se valorará toda la información de los expertos, para ver cómo se incorpora a la averiguación” de la PGR. “Lo que sea útil lo tomaremos; lo que no, se discutirá con el Grupo”.

Aunque insistió en que “para nosotros los peritajes de la PGR son contundentes”.

En relación a la supuesta desaparición de evidencias y las imprecisiones en la investigación, Tomás Zerón indicó que “se deslindarán responsabilidades sobre quien las tenga”, pero descartó que haya videos desaparecidos y explicó que algunos de ellos se sobrescribieron en el disco duro del sistema de grabación y que se perdieron.

Este lunes habrá una reunión interna en la PGR para discutir el informe de los expertos, reveló.

Información de El Universal, Excélsior y Notimex