Falaz narrativa de la PGR
Raúl Jiménez Vázquez
Verdad y Estado constitucional es un bello libro del jurista alemán Peter Habërle en el que se postula la tesis de que el paradigma del Estado constitucional es el resultado de un proceso cultural que tiene como luz orientadora la consecución de la verdad. Su antítesis son los Estados totalitarios o fascistas cuyo empeño mayor es precisamente la alteración o la negación de la verdad.
Además de un valor político fundamental, la verdad es constitutiva de un derecho humano que el Estado está obligado a promover, respetar, proteger y garantizar. Sus alcances fueron precisados en la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bámaca Velásquez: “Es un elemento clave que hace posible que la sociedad tenga acceso a información esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos”.
En el Conjunto de Principios Actualizados para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la Impunidad, instrumento de derecho internacional emitido por la ONU, se consigna: “Los pueblos tienen el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias y motivos que llevaron, mediante la violación masiva y sistemática de los derechos humanos, a la perpetración de crímenes aberrantes”.
El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puso en evidencia la violación flagrante de este derecho humano. De la lectura de sus más de 500 páginas se colige que la investigación de la desaparición forzada de los muchachos de Ayotzinapa no fue guiada por el afán de esclarecer la verdad, sino por el objetivo de instalar en el expediente y en el imaginario colectivo una falaz narrativa ministerial apuntalada por la teoría de la incineración en el basurero municipal de Cocula.
Contrario a los pronunciamientos hechos por voceros gubernamentales, no se trata de meras discrepancias técnicas respecto a los resultados de la Procuraduría General de la República que deban ser resueltas mediante la participación de un perito tercero en discordia. Lo que los expertos demostraron inequívocamente fue la realización de maniobras deliberadas de ocultamiento de la verdad que sin ninguna dificultad califican como actos de obstrucción de la justicia.
La sospecha emerge de modo irrefrenable: de no haber mediado la intervención de los personeros interamericanos la supuesta “verdad histórica” habría permanecido incólume per omnia seculam seculorum. ¿Cuántas otras “verdades históricas” no son tales, sino mentiras viles estratégicamente diseñadas para proteger determinados intereses?
Lo anterior refleja la inexistencia de instituciones que permitan hacer frente y desnudar las “mentiras de Estado”. Por lo pronto, todo cuanto se ha dicho oficialmente en torno a otros sucesos fundamentales está sujeto al nuevo paradigma ciudadano de la verdad base cero.