Carlos Ángel Arrieta
Como si no tuviera suficiente, en México crece de manera preocupante, casi alarmante, la práctica del aborto.
A pesar de que el tema ha sido legislado y la capital del país permite a cualquier mujer determinar si quiere o no seguir adelante con su periodo de gestación, cifras oficiales indican que en México ocurren poco más de un millón de abortos cada año y que el grueso de ellos son clandestinos; es decir, se aplican en dudosas condiciones sanitarias.
Y ello resulta porque la capital del país no se da abasto con las peticiones del servicio.
Lo que ocurre en México es grave y sumamente preocupante. Las cifras que presenta el Estado mexicano son casi similares al panorama que enfrentan países africanos.
Los especialistas explican que la tasa de abortos en México es tan alta porque más del 50 por ciento de los embarazos en mujeres mexicanas no son planeados, sólo eso, es razón de peso para implementar un cambio urgente en las políticas de salud sexual y reproductiva entre los adolescentes y los jóvenes.
Hablamos pues de que cerca de dos millones de mujeres se embarazan sin querer hacerlo. De ahí que alrededor del 53 por ciento culminan en abortos inducidos –legales y no-, y el resto son casos de nacimientos no planeados.
La planificación familiar se fue pues al bote de la basura. Las cifras que varían, por lo menos en los últimos cinco años, dan cuenta de la deficiencia en la operatividad de los programas. No es suficiente lo que se hace ni cómo se hace.
El mensaje no llega de manera adecuada a las niñas y jovencitas, el sector que debiera ser el más importante y el principal foco de atención para las autoridades sanitarias, porque entre más jóvenes, más fácil les resulta abortar.
Incluso, la mitad de los abortos en México, clandestinos y no, se registra en mujeres cuyas edades oscilan entre los quince y los 24 años.
En teoría, las autoridades sanitarias tienen claro que la sexualidad en la adolescencia, así como en las etapas subsecuentes de la vida, debe ser consciente, protegida y consensuada, con el fin de abatir los niveles de fecundidad, los abortos (sobre todo los clandestinos) y la mortalidad materna. Pero en la práctica eso no funciona o por lo menos, no es suficiente.
Pretender arribar a estadios de este tipo demanda asumir desafíos colaterales, como los retos que implican la pobreza, la desigualdad de género, la discriminación, la falta de acceso a los servicios, la justicia social, el empoderamiento y la equidad.
Es decir, empezar por reconocer que toda mujer y toda adolescente, son sujetos de derecho.
En la era de la tecnología, donde el mundo virtual marca pautas y comportamiento sociales; de frente a la globalización de la información que traspasa fronteras, usos, costumbres, idioma y religión con sólo un “click”, la antesala del aborto sigue siendo el embarazo no deseado.
En contraparte, y tristemente, así como crece el número de embarazos en adolescentes, en proporción aumenta también el índice de niñas que inician su vida sexual activa a una edad cada vez más temprana, con todos los riesgos que ello implica, tanto para la madre como para el producto, debido a la inmadurez de los órganos de la misma, aunado a posibles malformaciones, y sufrimiento durante el parto o incluso la muerte.
El fenómeno de los embarazos no deseados y los abortos clandestino no es exclusivo de México. América Latina y El Caribe constituyen la única región del mundo en la que la tasa de embarazos no deseados es más alta que la tasa de embarazos buscados (72 embarazos por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años versus 52, respectivamente), rematan las estadísticas consultas.