MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI
Durante los últimos años la dinámica vertiginosa de la economía mundial ha sido objeto de estudio y análisis por gobernantes, académicos, expertos, legisladores y, en general, por tomadores de decisiones. Las grandes trasformaciones estructurales de los mercados internacionales y los sistemas financieros han traído consigo cambios y alteraciones de los ciclos económicos que rompen paradigmas teóricos y han obligado a replantear el uso de los instrumentos de la política pública para afrontar los embates de las crisis, cada vez más recurrentes y prolongadas.
Este complejo escenario ha puesto a la luz del concierto de las naciones la debilidad que puede tener un sistema económico ante la volatilidad de los mercados internacionales y la excesiva bursatilización. Ante tal situación, muchos gobiernos han echado mano de la política exterior promoviendo y conformando bloques económicos que les permitan aprovechar sus ventajas comparativas y competitivas, cerrando filas para enfrentar de mejor manera los vaivenes económicos, lograr crecimientos sostenidos y estabilidad macroeconómica.
En América Latina y el Caribe (ALyC) no somos ajenos a estas afrontas, y recientemente hemos dado muestra de la capacidad para responder a las crisis mundiales mediante el control de los agregados macroeconómicos y el déficit presupuestal. Sin embargo, en Latinoamérica dependemos de los precios de los commodities y su caída tiene fuertes impactos en nuestras economías.
Por otro lado, hemos subestimado el potencial de los bloques regionales e intrarregionales, y a pesar de los múltiples esfuerzos, experiencias, aciertos y desaciertos, la historia da cuenta de una larga lista de instrumentos y mecanismos como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), el MERCOSUR, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), entre muchos otros, que no han logrado materializarse.
En este contexto, el Acuerdo de la Alianza del Pacífico entre Chile, Colombia, Perú y México ha roto paradigmas y se vaticina como uno de los proyectos de integración, articulación política y cooperación profunda más significativos de la historia reciente. A poco más de cuatro años de su conformación, ha logrado un reconocimiento global por su pragmatismo, sus logros tangibles y su enorme potencial que avanza progresivamente hacia un modelo sui géneris que incorpora la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas.
Este enorme potencial se hace evidente porque como bloque los cuatro países conforman un mercado de 217 millones de habitantes, que representan el 36% de América Latina y el Caribe; la novena economía mundial, con 568 mil millones de dólares de exportaciones (52% de la región), y atraen una Inversión Extranjera Directa de 70 mmdd (44% de ALyC); con un turismo que recibe 39 millones de visitantes (52% de ALyC), que representan ingresos por más de 25 mmdd (40% de ALyC).
Este escenario de cifras favorables pone a la Alianza del Pacífico frente al doble reto de trascender el viejo anhelo de la integración latinoamericana y de consolidar un verdadero bloque regional que nos permita diversificar el comercio, minimizar la dependencia económica de los países desarrollados, potenciar las áreas estratégicas, multiplicar las oportunidades de crecimiento, elevar la calidad de vida de la población y resolver los problemas comunes.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO PARLAMENTARIO DEL ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO.
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