Ejército a los cuarteles, imperativo categórico
Raúl Jiménez Vázquez
La ONU, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han insistido en la necesidad de que el Estado mexicano asuma e instrumente las medidas contenidas en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Tal insistencia no es una conjura de los necios, ni un capricho o una necedad. El contexto corrobora la veracidad de este aserto:
- a) Los padres de los normalistas interpusieron una queja ante la Comisión Interamericana aduciendo la extrema gravedad del caso y el riesgo de causación de daños irreparables a la vida y la integridad de los jóvenes desaparecidos.
- b) El ombudsman hemisférico dio entrada al reclamo a través de la resolución 28/2014, otorgó la medida cautelar 409-14 y requirió al Estado mexicano que adoptara las medidas necesarias para proteger los derechos humanos de las víctimas.
- c) A fin de garantizar la medida cautelar, el Estado mexicano, la Secretaría General de la OEA y los quejosos suscribieron el Acuerdo para la Incorporación de Asistencia Técnica Internacional, en el que se convino la creación del GIEI y se le confirió el mandato de llevar a cabo la búsqueda con vida de los estudiantes, la evaluación de las líneas de investigación y el análisis del proceso de atención integral a las víctimas. Asimismo se le facultó para fungir como coadyuvante en la indagatoria penal, formular denuncias y desplegar otras acciones análogas.
Como se puede apreciar, el informe tiene su fuente de validez jurídica en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, cuya piedra de toque, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es parte del bloque de constitucionalidad emergido a raíz de la histórica reforma a la Carta Magna del 11 de junio de 2011 y por tal razón se encuentra ubicada en el vértice mismo de la pirámide jurídica nacional.
Es el fruto legítimo de un órgano ad hoc previsto en un pacto regido por el derecho internacional público que fue avalado por nuestras autoridades a fin de facilitar el cumplimiento de la medida cautelar y el ejercicio pleno de los derechos humanos a la verdad, a la justicia y a la obtención de las reparaciones integrales. No se trata, entonces, de un texto maliciosamente urdido por extranjeros perniciosos que están metiendo las narices donde no deben.
Por todo ello resultan absolutamente infundados los pronunciamientos hechos desde las cúpulas militares en el sentido de que la entrevista del GIEI con los miembros del batallón de Iguala significaría una intromisión en los asuntos internos del país.
Regresar a los milicianos a los cuarteles es un imperativo categórico señalado por el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos al término de su visita oficial a México. Otro, sin duda, es la urgente reingeniería de los modelos mentales de las altas jerarquías castrenses.