Entrevista a Carlos Menocal | Exministro de Gobernación de Guatemala

 

Moisés Castillo

Nadie como Jorge Ibargüengoitia para reflexionar de una manera notable sobre la realidad mexicana con gran ironía y certeza. El escritor apuntó que “nos han hecho creer que el arte de gobernar es una especie de magia que los gobernados no podemos entender y en la que, por consiguiente, no podemos participar”. Y ante la ineficacia de la clase política para solucionar los graves índices de impunidad y corrupción, los ciudadanos se comienzan a organizar poco a poco para exigir justicia en casos trágicos como el de Ayotzinapa.

A un año de la desaparición de los normalistas, los padres de familia de los estudiantes pidieron a Enrique Peña Nieto que solicite la colaboración de la ONU para la creación de una comisión internacional contra la impunidad en México, siguiendo el ejemplo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Luego de que se exhibiera la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República, los padres consideran que una comisión internacional sería vital para superar la gravísima crisis de impunidad, corrupción y de derechos humanos que sufre el país.

Días antes de que se solicitara el retiro de la inmunidad al presidente guatemalteco Otto Pérez Molina —por asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera, los mismos cargos por los que su ex vicepresidenta Roxana Baldetti fue encarcelada—, el exmandatario uruguayo José Mujica dijo en ese país centroamericano que “en el mundo no hay salvadores o magos; hay causas colectivas”. Y en México la clase política sigue sin entenderlo, simula con acciones anticorrupción y se investiga a sí misma para mantener sus privilegios.

México, claro ejemplo de corrupción

Para Carlos Menocal, exministro de Gobernación de Guatemala, en México ya se sembró la semilla de lucha contra la impunidad luego del informe de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa.

“México está iniciando un debate sustantivo que comenzó por parte de la sociedad para pedir un apoyo especial de una comisión contra la impunidad. Es sustantivo porque, como en el caso de Guatemala, se reconoció que la institucionalidad es endeble para enfrentar procesos de causas mayores, y se requiere la cooperación internacional para contrarrestar la impunidad.”

La creación de la CICIG se da por petición del gobierno guatemalteco, ¿cree que en México se pueda dar ese paso contra la impunidad?

La petición la puede realizar cualquier Estado. Hay que reconocer que en el caso de Guatemala quienes impulsaron esa iniciativa fueron las organizaciones sociales, y en particular aquéllas que tienen que ver con el tema de derechos humanos y justicia. El Congreso refrenda la petición social y es así que el Estado de Guatemala pide a Naciones Unidas la instalación, en primera instancia, de la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y de Aparatos Clandestinos de Seguridad. Sin embargo, el acuerdo generó una amplia controversia y después de tanto debate político en el Congreso, se concluye, después de tres años de debate, que lo mejor era la CICIG. En 2008 se instala realmente la CICIG luego de todo un proceso de discusión en la sociedad guatemalteca y termina con una presión de grupos sociales hacia el Congreso que aprueba la petición.

¿Las instituciones de México están igual de deterioradas y endebles que las de Guatemala?

Cuando se hace un análisis del triángulo norte-centroamericano y nuestros vecinos de México, creo que a nuestras instituciones aún les hace falta un camino por recorrer para su fortalecimiento, aún tienen desafíos enormes que tiene que ver con la corrosión de estructuras ilegales, como la presencia de la criminalidad en algunas esferas del Estado, y que tienen que ver con los enormes retos que significa el crimen organizado que afecta nuestras regiones.

¿Cómo se ve a México en temas de corrupción e impunidad?

México es uno de los claros ejemplos de corrupción que ocurren en la región próxima a Estados Unidos, es evidente que la corrupción ha afectado y ha coludido al más alto nivel de dirección política. Ustedes han tenido claros ejemplos de lo que ha ocurrido en su máxima magistratura, como se dio en Guatemala. Ejemplos de corrupción, dádivas y regalos que se han tenido en el más alto nivel de tu país y que provoca, evidentemente, que todo el mundo haga fiesta dentro del Estado.

¿La CICIG se excedió en lo límites de investigación y por eso cayó el presidente Pérez Molina?

No, para nada, al contrario. Nosotros creemos que la CICIG en Guatemala ha hecho su trabajo, en el caso donde cae el expresidente Pérez Molina es un asunto que la CICIG comienza a trabajar como uno de los expedientes que tenía de defraudación aduanera y contrabando en contra de un empresario coreano (Young Min You), sin saber que todo esto iba a dar hasta las altas esferas del poder político guatemalteco. Por circunstancias de la investigación se determina que la estructura criminal en las aduanas estaba dirigida por el más alto nivel político representado en el exmandatario.

Con la CICIG, ¿en Guatemala sintieron que se estaba violando la soberanía nacional?

Al principio hubo un debate en ese sentido, en la esfera política, sobre todo en el Congreso donde se expresan los partidos políticos. Hay quienes coincidieron con esa premisa. Sin embargo, a la luz de todo lo que ha ocurrido y los trabajos de la CICIG, las voces de esos políticos se aminoraron, ahora hay una voz fuerte y latente de la sociedad guatemalteca. No sólo las organizaciones de derechos humanos ven que CICIG no tiene ninguna extralimitación sino que la sociedad en su conjunto observa que CICIG está trabajando en casos que habían quedado impunes durante mucho tiempo y que están en la esfera de la política como actos de corrupción, contrabando, vinculaciones con lavado de dinero.

¿Cuáles fueron los principales obstáculos que enfrentó ese organismo internacional?

La CICIG no es ajena al pueblo de Guatemala. Al principio sí, cuando nosotros estábamos en el gobierno, había reticencias porque los casos que trataba eran un poco marginales a los intereses ciudadanos. ¿Qué ocurre en este contexto? Al tiempo de que el Estado de Guatemala comienza a desabastecer los servicios públicos de salud, educación, combate a la desnutrición, hubo reportajes que reflejaron el enriquecimiento rápido, sinuoso y ostentoso de mandatarios y de la clase política. Por ejemplo, reportajes de los hijos de la exvicepresidenta en un safari en África, departamentos en Manhattan, jets privados; el hijo del exmandatario usando helicópteros para tirarse con un grupo de amigos en paracaídas, autos caros como un Porsche en manos del hijo, caballos pura sangre. Esto empezó a indignar a la ciudadanía y comienza toda una serie de pesquisas de la CICIG que coinciden con esa demanda ciudadana. Ahora se ve que la labor de la CICIG es un trabajo sustantivo para generar esperanza ciudadana y combatir la impunidad.

 

Inicios de reconstrucción

¿Cuáles han sido los efectos de la CICIG? ¿Se puede hablar del inicio de la reconstrucción del Estado guatemalteco?

Se puede hablar del inicio de la reconstrucción del sector de seguridad y justicia. En 2009, con el apoyo de CICIG, se instalan escuchas telefónicas judiciales, que es una herramienta fuerte para combatir el crimen y la impunidad. Se pude hablar de un programa de protección a testigos mucho más sólido que en otros años, se puede hablar de fiscales y policías investigadores mucho más articulados con el sistema de justicia, se puede hablar de jueces de alto impacto juzgando jueces, jueces juzgando diputados y presidentes y vicepresidentes. Hoy justamente estamos en un proceso de una audiencia en donde se investiga al secretario privado de la ex vicepresidenta y se le increpa tener la parte operativa de la mafia en las aduanas. Sí hay una reconstrucción del sistema de seguridad y justicia que ha provocado que, en la parte política, los partidos pongan sus barbas en remojar, porque la ciudadanía al enterarse de estos casos despertó, salió a las calles, y demanda al sistema político transparencia, reformas al sistema de partidos, rendición de cuentas en el financiamiento de campañas electorales.

¿Existen condiciones para que se forme una comisión contra la impunidad en México?

Sí existen las condiciones para impulsar un proyecto de semejante naturaleza o similar. Conozco México porque fui periodista, realicé varios reportajes (2004), tuve relación con compañeros reporteros y activistas sociales. Pienso en algo fundamental: México tiene un avance importante en organización social que Guatemala tenía, pero no existía el activismo. México sí lo tiene. Sé lo que son capaces las organizaciones sociales en México, son muy activas. Creo fuertemente que México tiene potencial para que la sociedad pueda articular una agenda en común y pueda manifestarse a partir de una expresión contra la impunidad que perfectamente se puede trabajar con Naciones Unidas.

Monstruo de muchas cabezas

De concretarse la comisión contra la impunidad en México, ¿es posible que Enrique Peña Nieto caiga como Otto Pérez Molina luego de escándalos como la casa blanca y asuntos de conflicto de interés?

Son procesos de investigación sistemáticos de mediano y largo plazos. Ese tipo de casos que mencionas, que son tan sonados, deberían de convertirse en asuntos de demanda ciudadana, exposiciones de agenda en materia de seguridad y justicia, combate a la impunidad. Ese tipo de eventos, que ocurrieron en Guatemala donde a todas luces se ve lo ostentoso de las relaciones que pueden tener los mandatarios, son casos que no deben quedar para la historia. Tienen que ser casos sujetos a investigación y a una persecución penal.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo algunas recomendaciones al Estado mexicano por la “crisis de graves violaciones de derechos humanos”, pero el gobierno federal rechazó ese informe preliminar porque “no refleja la situación real del país”. ¿El primero paso para la creación de la comisión contra la impunidad es que el gobierno acepte rezagos en la materia?

Totalmente. El primero paso es que el Estado mexicano admita que debe permitir el apoyo internacional, que hay un fuerte clamor ciudadano que demanda el inicio de una fortaleza institucional, y creo que el caso de Ayotzinapa es el vivo ejemplo de lo que ocurre en el sistema de justicia en México. No es posible que venga el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y logre conclusiones muy fuertes, muy sólidas, que zarandean y mueven el tapete del sistema de justicia mexicano. Esto es una muestra clara que por error, omisión o por impunidad evidenció las conclusiones a las que llegó la PGR. Es un instrumento de demanda ciudadana para la mejora del sistema de justicia a través de una comisión internacional especializada.

¿Es una oportunidad inmejorable del gobierno mexicano para avanzar en la solución de este caso y otros que lastiman a la sociedad en su conjunto?

Totalmente. Debe aprovechar el momento porque honestamente, en el caso de Ayotzinapa, hay todo un cúmulo de factores de expresiones del crimen organizado que tiene vínculos con los poderes políticos. Es evidente que el sistema de justicia mexicano está frente a un monstruo de muchas cabezas, y que para ello necesita tener una institucionalidad capaz y honesta para enfrentar semejante acontecimiento.

¿Qué lecciones del caso guatemalteco se pueden aplicar en México, de acuerdo con la experiencia de la CICIG?

La lección primordial es la lucha ciudadana. Es importantísimo que exista una armonización de una demanda legítima de la ciudadanía que procura romper con la impunidad. También hay que reconocer que aun con las críticas fuertes que se tienen hacia el Estado guatemalteco, los últimos dos gobiernos han trabajado de la mano de la CICIG. Los dos últimos presidentes han sido investigados por la CICIG. El primero que apoyó la instalación de la CICIG fue Álvaro Colom, fue investigado por el caso Rodrigo Rosenberg —grabó un video en el que implicaba a las autoridades en su muerte— y fue el mismo abogado quien dio instrucciones de su propio asesinato.

El segundo presidente fue Pérez Molina, con las consecuencias legales que sabemos. Si algo ha demostrado Guatemala en estos dos últimos casos, es que se ha permitido que la CICIG guíe todo ese proceso de limpieza del sistema de justicia con acciones autónomas y se han respetado sus resoluciones para combatir la impunidad.