Será a partir del 11 de enero de 2016 cuando inicie a resolverse el escándalo del Caso Nóos; la fecha fue establecida este martes por la Audiencia de Palma para comenzar el juicio de la causa en la que está involucrada la infanta Cristina, su esposo Iñaki Urdangarin, el expresidente de Balares, Jaume Matas, y otros quince imputados.
La hermana del rey Felipe VI está señalada por intervenir en dos delitos fiscales; la única persona que la acusa es el pseudo sindicato ultra Manos Limpias, mientras que la Fiscalía y la Abogacía del Estado no la inculpan.
Urdangarin, por su parte, se enfrenta a peticiones de pena que van más allá de los 19 años por los distintos delitos de corrupción de los que es acusado por la Fiscalía Anticorrupción, bajo la decisión de la Audiencia de Palma al dar la razón, parcialmente, al juez instructor José Castro.
El juicio público por el caso Nóos se celebrará fuera de las dependencias judiciales de la Audiencia de Palma, para garantizar las “mejores condiciones de publicidad y de seguridad”, informó el Tribunal.
Las sesiones abiertas se ejecutarán en un aula de docencia de la Escuela Balear de Administración Pública, en un edificio de servicios en el polígono de son Rossinyol, frente a la cárcel de Palma; no es la primera vez que este complejo es testigo de un proceso de esta magnitud y en otras ocasiones, debido al número de imputados, presos y abogados, se han llevado a cabo dos actos legales por narcotráfico.
El caso que inculpa a la infanta Cristina, abierto en 2008, por el juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach, al investigarse en el caso Palma Arena por distintos episodios de corrupción en el Gobierno, se centró en la supuesta malversación de seis millones de euros públicos por el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres.
Nóos cerró acuerdos de patrocinio y convenios de colaboración para celebrar eventos y campañas con las comunidades autónomas de Baleares y la Comunidad Valenciana y también con la Comunidad de Madrid.
En la Audiencia de Palma, el próximo 23 de octubre, se realizará una previa vista con los defensores de las partes implicadas para fijar el calendario de sesiones de esta vista oral, que se puede prolongar durante varios meses.
En el auto, de manera sutil, se señala que las sesiones podrían desarrollarse hasta julio de 2016; es una cautela (una fecha limite) que se establece para los abogados representantes de los imputados no adquieran compromisos.
Los magistrados que juzgarán el caso son Juan Pedro Yllanes, presidente de la sala; Eleonor Moyá; y Samantha Romero, que está designada como ponente. La audiencia de Palma ha aceptado la citación de hasta 363 testigos, una lista final que reduce considerablemente las numerosas peticiones de las partes, que superaban las 500 personas.
Información de El País, España