Entrevista a Mireille Roccatti | Expresidenta de la CNDH | Exclusiva para Siempre!

 

 

Nora Rodríguez Aceves

Hay Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que lucran y que hacen de los derechos humanos una bandera política, se montan en el dolor de las víctimas para llevar agua a su molino y es ahí en donde tenemos, como ciudadanos, que estar muy atentos a que el respeto a estas garantías esenciales sea siempre de manera imparcial, ecuánime y dirigido realmente a esa defensa de los derechos humanos y en protección de las víctimas.

Estas organizaciones de la sociedad civil han trabajo de manera muy intensa; es más, antes de que existieran las instituciones protectoras de derechos humanos, antes de que existiera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ellas fueron las primeras en empezar a trabajar sobre estos temas y sobre exigir la protección y defensa de los derechos humanos desde el punto de vista teórico y práctico, incluso llevando las causas de las personas que no pudieran o que no conocieran los mecanismos para la defensa de estos derechos, las ONG son organizaciones —las serias, porque han proliferado una gran cantidad y hay muchas personas que hacen de ello su modus vivendi— muy serias, muy respetadas y respetuosas de todo lo que es la investigación, el apoyo y el acompañamiento a las víctimas de una violación a derechos humanos, entonces es muy importante la labor que hacen estas ONG, afirma la expresidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En el marco de la visita in loco —del 28 de septiembre al 2 de octubre— de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para realizar una observación en terreno sobre la situación de los derechos humanos en México, con particular énfasis en Guerrero por los hechos ocurridos en Iguala, pero también en materia de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura. Adicionalmente, la CIDH dará atención a la situación de inseguridad ciudadana, acceso a la justicia de víctimas de violaciones a los derechos humanos y la situación de periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en México.

Sin ocultar su pasión por el derecho y sobre todo por su labor en defensa de los derechos humanos, uno de los ámbitos jurídicos en el que ha trabajado gran parte de su carrera profesional, la doctora Mireille Roccatti comparte con Siempre! su experiencia sobre este tema y señala que pareciera que en el aspecto de respeto a los derechos humanos hay un gran retroceso, pero no sólo en México sino en el contexto mundial.

“Las sociedades han evolucionado hacia actitudes y respuestas violentas, incluso a demandas por la vía de la violencia, por lo tanto nos estamos apartando de ese estatus o nivel del humanismo, de la civilidad, del respeto que se deben tener todas las personas, y lo mismo se ve aquí en México.”

Estructuras del Estado en jaque

Explica que lamentablemente nuestro país se ha visto inmerso en una oleada de violencia desde que existen los grupos de la delincuencia organizada en donde cuestionan y ponen en jaque a las estructuras del Estado, en donde lo retan y “ahí el Estado se ha visto en cierta forma de una manera reactiva solamente, no se anticipa, no puede prever, no existe la suficiente claridad para organizar equipos de inteligencia para que se pueda prevenir antes de que sucedan los hechos violentos, y vemos que en México efectivamente la violación a los derechos humanos ha ido creciendo, ha ido aumentando, por lo menos en el aspecto de respeto entre las personas”.

A poco más de un año de los hechos violentos ocurridos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y dado que cuando se habla de derechos humanos no se puede omitir la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, la doctora Roccatti expresa su posición al respecto: “En este caso las investigaciones continúan, no se tiene la certeza todavía de cuáles son los hechos. Las investigaciones que hizo la Procuraduría General de la República eminentemente basan sus resultados o sus conclusiones prácticamente en testimonios de las personas que están sometidas a juicio en este momento, que declaran o confiesan haber participado en esos hechos”.

Además considera que “aún faltan muchas evidencias para llegar a la verdad, por lo menos, no hablar de una verdad histórica, pero una verdad jurídica que pudiera servir como argumento suficientemente válido para dar una resolución final a la problemática que se suscitó. Finalmente es un hecho muy lamentable, una violencia innecesaria en donde 43 jóvenes fueron privados de su libertad y desaparecieron. Nadie, nadie tiene la evidencia real salvo los análisis que se hicieron de algunos restos en donde encontraron posiblemente a dos de los integrantes de este grupo, del resto de las personas no se sabe su destino, ¿verdad? Que muy probablemente fueron victimados y después trataron de desaparecer los cuerpos, ahí es en donde necesitamos mayor evidencia, mayores periciales, mayores en muchas otras ramas, no solamente testimonios o confesiones de los que participaron, se se requiere una investigación más profunda con mayor cientificidad, no solamente el dicho de unas personas”.

El informe que dividió a la sociedad

En este sentido y a unas semanas de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la CIDH, presentara el Informe Ayotzinapa, investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas, tan polémico y cuestionado, descalificado por algunos y defendido por otros, que echa abajo la famosa “verdad histórica de la PGR”.

El informe que ha dividido a la sociedad, e incluso señala inconstitucional la participación del GIEI en la investigación, pero que sin embargo su participación también deja ver la gran desconfianza de la población hacia las instituciones gubernamentales y hacia las autoridades mexicanas, sobre lo que la profesora emérita e investigadora del Tecnológico de Monterrey afirma que “en México existen grandes expertos a la altura de cualquiera del mundo, peritos de muy alto y reconocido prestigio y realmente no requerimos recurrir a ese tipo de solicitudes del exterior. Hay personas muy preparadas en todas las materias, en materia forense, de química, de cualquier materia que pudiera requerir una investigación de expertos sobre el terreno”.

No obstante, considera que en este caso se “admitió la propuesta de un grupo de expertos que provenían de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. por la sensación de que pudieran ser más imparciales, de que pudieran tener mayor transparencia los resultados de su investigación. En México lamentablemente adolecemos también de una desconfianza absoluta de todo lo que se genera dentro de la estructura del Estado, entonces ahí es en donde las víctimas o los familiares de estos jóvenes pidieron el apoyo de grupos extranjeros, y no significa que sean más capaces, en México tenemos tal vez peritos más capaces todavía que esos extranjeros que vinieron, pero es precisamente por esa duda, esa falta de confianza en nuestras instituciones”.

 

Medirle el pulso a los derechos humanos

En cuanto a la visita del GIEI por algunos estados de la república, Roccatti explica que “éste es un compromiso del Estado mexicano, cuando México aceptó la competencia tanto de la Comisión Interamericana a formar parte de la OEA, y aceptó la competencia de la CIDH en 1998 acepta el hecho de que se vengan a hacer visitas in situ para una relatoría, digamos que venir a medir el pulso de cómo está el respeto a los derechos humanos en México, pero no sólo lo hace aquí sino que son grupos de expertos que con cierta regularidad en sus tiempos calendarios de sus agendas que ellos tienen programados visitan todos los países de América desde Guatemala, Perú hasta Ecuador, igual que aquí visitan distintas regiones, provincias o, en este caso de México, estados de la república para realizar un muestreo y se enfocan en distintos temas de los derechos humanos. Ellos ya traen en su agenda los temas relevantes que mayor recurrencia han tenido en queja, y a eso vienen ellos, a hacer una inspección in situ, pero es parte de los acuerdos que México suscribió cuando aceptó la competencia de esos organismos internacionales”.

Ante este contexto asegura que, por eso, el problema de esta situación de retroceso en derechos humanos no es nuestro marco jurídico; más bien lo que sucede es que no hay una cultura de ellos, “el tema ha permeado en concepto, en conocimiento, pero no lo hemos hecho nuestro como una forma de vida, no lo hemos adoptado como una forma de cultura y ahí es en donde hay una gran divergencia, una cosa es la prédica, el relato o el discurso, y otra es el actuar, el realizar acciones realmente apegadas a estos protocolos”.

En este sentido la jurista precisa que existen, por ejemplo, protocolos emitidos por Naciones Unidas para “el uso legítimo de la fuerza del Estado cuando hay grupos subversivos o manifestaciones violentas o que se pronuncian en contra de las estructuras del Estado. En cualquier país del mundo existe una fuerza que contiene estos grupos, una fuerza policial sin impedir su derecho a manifestarse, pero sin que se salgan del cauce, de la legalidad, sin que cometan actos delictivos, y en México es muy frecuente que estos grupos no pueden ser encausados, no pueden ser contenidos porque no tenemos esos protocolos”.

Aun cuando, “en el Distrito Federal, hace como tres años se hizo un pronunciamiento de que se estaban emitiendo unos protocolos para el uso legítimo de la fuerza para la policía, yo quisiera ver que los aplicaran; es muy frecuente que se emitan, sin embargo no es el manual del policía donde éste sabe cómo va a actuar en una situación de esta naturaleza, por lo tanto estos protocolos en primer término se tienen que emitir pero tienen que ser la regla del actuar de cualquier persona que trabaje en los cuerpos policiacos, conocerla y saberla aplicar, y para eso se requiere una capacitación, un entrenamiento, una disposición a aplicar esos protocolos”.

Doctora en derecho por la UNAM, Mireille Roccatti fue vicepresidenta del Comité de Coordinación de Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra; presidenta fundadora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; así como asesora del procurador general de la república y fiscal especial para el caso de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, entre otros.

 

La disciplina de las Fuerzas Armadas

Para cerrar su opinión sobre el papel del Ejército en materia de seguridad, Roccatti manifiesta su posición sobre los cuestionamientos y acusaciones hacia esta institución mexicana por el uso excesivo de la fuerza y la violación a los derechos humanos, como por ejemplo en el caso Tlatlaya. “Sí, efectivamente, en algunas circunstancias o algunos casos que han sido paradigmáticos, como el que usted menciona de Tlatlaya, pero en términos generales el Ejército es una institución que se tiene que preservar de esas tareas porque su tarea no es la seguridad pública, su tarea es diferente y desde luego que el Estado ha tenido que recurrir al apoyo de las Fuerzas Armadas porque tienen una preparación y una disciplina, están adiestrados en cierta manera, y no se cuenta con una policía de esta naturaleza en México”.

Hasta la fecha —agrega— no encontramos una policía que nos pueda brindar esa seguridad, que tenga la fuerza y el entrenamiento para enfrentar a la delincuencia organizada, a la cual se le llama organizada porque “efectivamente está muy organizada y no nada más organizada con don de mando, sino también en el sentido de utilizar todos los avances de la tecnología, van realmente en avanzada con respecto a lo que el Estado tiene la posibilidad de implementar a través de sus sistemas de inteligencia, entonces cuando un grupo policial o del Ejército se va a desplazar, ellos ya están comunicándose, ya se están señalando, ya saben incluso todas las características de los vehículos y de qué grupo son, tal vez hasta los nombres de sus integrantes y ése es el gran problema, que siempre vamos a la zaga, vamos siendo reactivos y no nos podemos anticiparnos a ellos”.

Por eso, asegura que se tienen que ir “construyendo instituciones creíbles, instituciones limpias, instituciones incorruptibles y dar espacio a las personas que se han distinguido por su honorabilidad, porque en México hay personas muy buenas, personas muy preparadas, personas incorruptibles que quieren hacer el bien por México y el bien por todos los ciudadanos, ahí es donde deberíamos nosotros de focalizar y apoyar ese tipo de acciones”.

La población y el gobierno tienen que trabajar mucho, reitera, una cosa es conocer la teoría de los derechos humanos y cosa muy diferente adoptarlos como modo de vida y hacer conciencia de que entre nosotros mismos tenemos que tener respeto.

Aquí, la jurista pone énfasis en que no hay que utilizar el tema de los derechos humanos para politizar los temas, “en muchas ocasiones un hecho lamentable o un suceso muy deleznable que pueda llegar a ocurrir en donde se pierden vidas a veces es retomado como bandera, y en ese tema se montan personas que lo quieren explotar como una bandera política y eso ya no debe de permitirse, eso no se vale, lo que es muy importante es la investigación de los hechos, llegar a la verdad, por lo menos legal y tener desde luego la sanción a los responsables, que no exista impunidad, porque si permitimos que exista impunidad los hechos siguen ocurriendo en la misma magnitud o tal vez magnificado”.