A principios de este año, la Procuraduría General de la República (PGR) consiguió que un juez federal en Toluca, Estado de México, emitiera una orden de aprehensión en contra de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exedil de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, por el delito de delincuencia organizada en su modalidad de lavado de dinero, así como delitos contra la salud.
Sin embargo, días previos un juez federal en Matamoros, Tamaulipas, encontró al menos 15 debilidades en la investigación de la procuraduría general.
En la víspera de Navidad, el pasado 24 de diciembre, este juez negó tres órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público Federal por los delitos de delincuencia organizada contra la salud con fines de fomento, desaparición forzada y secuestro.
El día de la detención de Pineda Villa y su esposo, el 4 de noviembre de 2014, por parte de elementos de la Policía Federal en la delegación Iztapalapa del Distrito Federal, se comprobó que la esposa de Abarca intentó sobornar a los elementos para que no procediera la detención, hecho por el que el juez de Matamoros giró una orden de aprehensión. La única de las solicitadas.
La información aparece en el proceso penal 123/2014-II, mismo que radica en el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas y que fue incluido en la versión pública de la averiguación previa del caso Ayotzinapa que publicara la PGR.
Asimismo, el juez de Matamoros, cuyo nombre está tachado en la versión pública del expediente, niega la orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada contra Pineda Villa pues “no se encontró medio de prueba alguno” que comprobara su pertenencia o nexos con Guerreros Unidos.
“No existe declaración de la que se desprenda imputación directa” que señale a la acusada como integrante del grupo delictivo, del cual tampoco se especifica quién o quiénes lo dirigían y/o colaboraban, así como el tiempo, modo o lugar donde se llevaban a cabo las actividades en favor de la organización.
De esta forma, el juez entendió que la abstención a declarar por parte de María de los Ángeles Pineda, no podía tomarse como un elemento en contra, además de que las pesquisas de inspección ministerial tampoco pudieron relacionarla de ninguna forma con Guerreros Unidos, así como tampoco imputarle responsabilidades por el crimen de Arturo Hernández Cardona, hallado muerto en 2013 y quien ese mismo año denunció a “la pareja imperial” por amenazas.
Con información de El Universal.
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