Tras revelar los pormenores del informe de la visita a Iguala, expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hizo un llamado urgente al Estado mexicano a esclarecer la verdad de lo ocurrido en Iguala, y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
Los puntos a cubrir por el Estado mexicano a sugerencia de la Comisión para la Procuraduría General de la República (PGR) son:
- Adoptar las medidas sugeridas por el grupo de expertos;
- Trasladar la pesquisa del caso Iguala a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de dicha institución;
- Renovar a todos los miembros del equipo;
- Reorientar la investigación con las hipótesis que surgen del informe del Grupo Interdisciplinarios de Expertos (GIEI);
- Permitir a los expertos entrevistar a todos los testigos incluido el batallón 27 de Infantería del ejército.
Rose-Marie Belle Antoine, presidenta de la CIDH dijo que la crisis de derechos humanos en México es estructural y aseveró que la impunidad está presente en nuestro país desde la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco hasta nuestros días.
De igual forma se refirió que la desaparición forzada de personas en México alcanza cifras alarmantes que han generado pánico en la sociedad haciendo el acceso a la justicia y las cifras reales aún más difícil de esclarecer.
Se mencionaron los casos de Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato como ejemplos de ejecuciones extrajudiciales graves.
Cabe señalar que un grupo de expertos pidió que ingrese a México una figura internacional de revisión de la impunidad como ocurrió en Guatemala.
Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dijo que el documento de la CIDH refleja la realidad de una demarcación específica no de todo el país.
“No somos ajenos a los retos que nuestro país enfrenta; sin embargo, no compartimos que un informe preliminar, realizado en cinco días y sobre casos particulares, pueda reflejar la situación general del país”, Campa.
Igualmente señaló que México seguirá siendo parte del sistema interamericano pero que los informes se realicen con objetividad. Además remarcó que dicho sistema no contempla la sustitución de instituciones para instaurar una institución externa como en Guatemala.
“El caso Ayotzinapa es una situación extraordinaria; nos parece que no hay posibilidad de compararla con ninguna otra en el país y mucho menos de plantear que esta es la situación generalizada”.
Enfatizó que las soluciones que vienen de fuera son salidas fáciles y conducen al fracaso.
Con información de La Jornada.
OAG