Por los caminos del sur

 

Manuel Nava

Chilpancingo.- Después de concluido el primer trimestre del 2015, el descontento entre los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala se ha venido incrementado. En un principio fue la exigencia de permanecer de tiempo completo en el movimiento, después los criterios para seleccionar a quienes viajarían al extranjero y finalmente las diferencias entre Vidulfo Rosales, abogado del movimiento y Felipe de la Cruz, vocero del mismo.

Pero además existe otra razón que aviva la división y atañe a las preguntas que desde las horas posteriores a los hechos trágicos ocurridos en Iguala, se han hecho diferentes actores.

 

¿Quién envió a los estudiantes a Iguala y por qué razón?

La principal hipótesis de la Procuraduría General de la República fue, en su momento, que el ataque a los normalistas fue consecuencia de que éstos acudieran a Iguala.

La PGR sostuvo que esto se hizo bajo tres motivos: para boicotear el informe de labores de María de los Ángeles Pineda, presidenta del DIF municipal, cónyuge del alcalde José Luis Abarca; supuestamente manipulados por el cártel Los Rojos para establecer una cabeza de playa en esa ciudad y quitarle el control al cartel antagónico, Guerreros Unidos que controla la plaza; se movían drogas y armas de Los Rojos para invadir la plaza.

Huelga decir que los datos que posteriormente fueron informados, terminaron con lo que se conoció como la verdad histórica. Sin embargo aún no hay elementos de rigor para dar respuesta a esas preguntas.

Durante la reunión que los padres de los 43 normalistas desaparecidos sostuvieron con el presidente Enrique Peña Nieto, una de las peticiones fue aclarar por qué sus hijos fueron a mandados a Iguala.

En otro momento los padres de familia comenzaron a hablar de que no recibían los apoyos suficientes, apenas 500 pesos diarios. Esta versión fue sofocada y Felipe de la Cruz ha sostenido que solo él puede hablar a nombre de los padres de familia.

En mayo de este año trascendió que un grupo de padres de familia se ha mostrado inconforme por permitir hechos de vandalismo y saqueos en las movilizaciones además de que se desconoce el destino del dinero que se recauda en las casetas cuando son bloqueadas y se botea.

A fines de 2014, Capufe aseguró que las pérdidas promedian 192 mil pesos diarios por los cierres totales o parciales de las casetas en Palo Blanco, el año, lo que equivale a que 71 por ciento de las protestas que se realizaron en ese periodo en la entidad; otras 27 manifestaciones ocurrieron en la caseta La Venta, y tres más en Puente de Ixtla.

Desde agosto Felipe de la Cruz y Vidulfo Rosales entraron en diferencias de opinión en cuanto a la ruta y acciones que debe seguir el movimiento. También algunos padres de familia de los 43 marcaron distancia debido a que los representantes tomaron acciones sin consultar con el grupo de padres menos radicales.

La disputa se centra en la adopción de la bandera política con acciones aún más radicales o limitarse a exigir la verdad de los hechos y la búsqueda de los normalistas desparecidos.

En torno a este último, Felipe de la Cruz:

Al parecer las posturas oscilan entre insistir en que la presentación sea con vida y se rechace cualquier indicio de que hayan sido asesinados y explotar la crisis de derechos humanos en el ámbito internacional, mantienen una presión continua sobre el gobierno de Peña Nieto. Esto derivaría en la conformación de un Frente Amplio de Trasformación radical en el país.

 

La ruta de la división

Desde que se fraguó la alianza entre los padres de familia de los estudiantes desparecidos y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación se construyó una bandera política: fue el Estado, negando cualquier participación de los carteles de la droga y si ésta ocurrió fue a través de los cuerpos policiacos y militares que son parte del Estado.

Bajo esa consigna, la demanda de justicia por la agresión de que fueron objeto los normalistas pasó a segundo término y se pidió la dimisión de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República.

Después, cuando se aproximó el proceso electoral, la ruta de acción fue oponerse a la realización de los comicios y que fueran en las asambleas populares donde eligieran a las nuevas autoridades municipales. “si no hay solución no habrá elección” fue la consigna.

Una vez más la demanda de justicia para los estudiantes normalistas se fue a segundo término y posteriormente también se abandonó la idea de impedir las realización de los comicios. En cambio, en esos días un grupo de padres de familia tuvo una gira internacional.

El 4 de agosto Epifanio Álvarez, padre de uno de los normalistas, señaló que él y otros seis padres de familia recibieron ofertas de José Luis Hernández Rivera, director de la Normal Rural, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa,

Según su comentario “A mí, otro padre de familia me dijo que había un fondo para darles a nuestros hijos. Asistimos al centro de Tixtla y cuando estábamos ahí apareció el director de la Escuela Isidro Burgos, él fue el que nos estaba diciendo que lo aceptáramos, dinero también”.

Debe resaltarse que a unos días de ocurridos los sucesos, Hernández Rivera no precisó si tenía conocimiento del traslado de los estudiantes a Iguala. Según algunas versiones fue Bernardo Flores Alcaraz, el Cochiloco quien alentó a los jóvenes a desviarse a aquella ciudad.

Aun así, de lo que se evita hablar es que el comité directivo de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, es un poder al interior de la escuela normal rural.

Según la versión de Hernández Rivera, nunca fue requerido por la PGR para declarar al respecto y tampoco los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) los hicieron.

No obstante en su informe se hace una referencia a la versión que lo implica al director de la normal con el cártel de Los Rojos.

Felipe Rodríguez Salgado, el Cepillo, sostuvo en su declaración que uno de los estudiantes le dijo: “Nos mandó el Carrete de Cuernavaca, y había pagado dinero al director de la Escuela normal rural de Ayotzinapa”. Jonathan Osorio Gómez, el Jona, confesó su participación en los hechos y dijo a la PGR que los estudiantes decían que el Cochiloco: “era de Los Rojos y estaba asociado con el director de la Normal”.

Sin embargo fueron los mismos especialistas quienes matizaron las declaraciones de los detenidos, al señalar que son contradictorias.

No obstante, tras el informe del GIEI de la CIDH, se viene incrementando la división.