Siguen sin saber que no saben
Raúl Jiménez Vázquez
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales de la Comisión Interamericana produjo una gran reacción en el ámbito internacional. La ONU hizo suyas las conclusiones y solicitó al gobierno el replanteamiento general de la investigación. El secretario general de la OEA asumió como propio el informe y aseguró que es una importante contribución a la lucha contra la impunidad. Otro tanto hizo el nuevo líder del partido laborista inglés en una carta dirigida al embajador mexicano en Londres.
Lejos de escuchar esas influyentes voces, las autoridades se han dado a la tarea de atacar a los expertos y reducir sus contundentes planteamientos a una insignificante discrepancia pericial. Esa línea conductual se hizo patente en la reunión presidencial con los padres de las víctimas; en ella imperó el más rancio autoritarismo y hubo claros destellos de menosprecio, frialdad, insensibilidad e irascibilidad gubernamental.
El sentido común indica que negar la realidad, hacer lo que el avestruz, es una vía totalmente desacertada, como quedó evidenciado con los abundantes daños que ocasionó la torpe embestida proyectada en contra del relator de la ONU contra la Tortura. Así pues, la respuesta oficial desplegada frente al trabajo de los personajes interamericanos no ha sido inteligente ni eficaz. Todo lo contrario, ha acarreado el escalamiento del nivel de conflictividad, la merma de los escasos márgenes de la legitimidad gubernamental y la clausura de los espacios propicios para la distensión y la posible solución de los justos reclamos de los agraviados.
La sarta de errores ha colocado este trágico asunto en el peor de los mundos, en un círculo vicioso en el que la solución ya se convirtió en parte del problema. Es literalmente kafkiano pedirles a los progenitores de los normalistas que confíen en una estructura de poder que trastocó la verdad. Así fuese la rediviva madre Teresa de Calcuta la transmisora de la buena nueva de la PGR, ésta no será aceptada en forma alguna.
Dejar las cosas como están, seguir apostándole al olvido y al cansancio, no es una opción aceptable. Tampoco lo es la propuesta panista de una fiscalía internacional. Para resolver este intríngulis es necesario realizar un quiebre estratégico, un giro paradigmático, el cual podría consistir en lo siguiente: I) la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas es parte de nuestro bloque de la constitucionalidad, II) por tanto, lo hay que hacer es activar la jurisdicción del órgano especializado que ahí se contiene, Comité contra las Desapariciones Forzadas, y solicitar a éste que asuma el caso, tal como ya se hizo con el Comité contra la Tortura.
Ello requiere que las autoridades abran los ojos, que revisen sus modelos mentales, se alejen de la lógica perversa de más de lo mismo y encaren la verdad, tope donde tope. No hacerlo, además de una insania, corroboraría, una vez más, que no saben que no saben.