Replantear política de derechos humanos

Günther Maihold

Berlín.- Desapariciones forzadas o involuntarias, tortura… México está en la mira de los organismos encargados de la vigilancia de convenios internacionales en materia de derechos humanos. Encima de ello, los efectos internacionales del caso Ayotzinapa y el informe de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentado y ampliamente difundido por los medios están minando seriamente la percepción internacional del país en el ámbito internacional. El daño es de tal magnitud que los maquillajes de agencias de imagen no bastarán para resolver el problema.

México necesita una redefinición de su política de derechos humanos tanto nacional como internacional. Los tiempos de la no intervención ya son del pasado, un país que aspira ser un “actor con responsabilidad global” tiene que asumir seriamente las recomendaciones presentadas por los organismos internacionales, si no desea caer en una pérdida profunda de reconocimiento en los espacios multilaterales.

Cuando hay una multiplicidad tan amplia de indagaciones sobre casos de violación de los derechos humanos, ya no es suficiente la instalación de una procuraduría adicional para el tema de los desaparecidos; se necesita un replanteamiento integral de la política de derechos humanos más allá de los casos individuales y su respectivo procedimiento jurídico, si no los juicios que dominan las apreciaciones —oportunas o equivocadas sobre un país, sus instituciones y sus gobernantes— se vuelven incontrolables.

Secuelas del desacato político y moral

No se trata solamente de asuntos internos: México también necesita replantearse su política exterior en materia de derechos humanos. No existe vía posible del “no pasó nada” en relaciones internacionales, las instituciones multilaterales tienen una larga memoria, justamente para eso fueron creados. Ni es posible negar el “contexto de impunidad” que señaló Juan E. Méndez, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas en materia de tortura, ni su afirmación de que en el país “se detiene para investigar, y no a la inversa” como una práctica policial y judicial dominante que necesita de urgente cambio.

Los cuestionamientos que formuló México al informe de Méndez y que desembocaron en la descalificación del relator por parte de funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores no ayudaron a generar una confianza en los esfuerzos de México por superar las deficiencias señaladas.

Se armó el diferendo, se alineó el discurso afirmando la disposición del país a un escrutinio internacional, pero no se tomó la determinación de invitar a un panel internacional de expertos para acompañar al país en la mejora de sus prácticas institucionales.

Como los problemas esencialmente se encuentran ubicados en abusos de autoridad, desconfianza de la ciudadanía y un funcionamiento de los órganos del estado con base en el “obedezco pero no cumplo”, el país necesita transformar radicalmente la práctica institucional y no irse de nuevo por una reforma legal sin efecto sobre el accionar concreto.

México —si desea ampliar su presencia internacional— no puede jugar al muertito en esta materia, sino que tiene que invitar a la comunidad internacional y pedir apoyo para eliminar malas prácticas y tradiciones inaceptables. Toda acción tiene que seguir el afán de juntar voluntades y no mantener por fuera del quehacer nacional a los organismos internacionales encargados. Es evidente que hace falta la creación de confianza hacia adentro y hacia afuera para viabilizar este camino, pero esto es justamente la tarea de la Relaciones Exteriores, a pesar de todo lo que diga la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República.

El debate internacional que tanto molesta a las autoridades mexicanas sobre la “práctica generalizada” detectada en la tortura y las desapariciones ya no se puede desaparecer o esperar las “bendiciones de la diplomacia del tiempo” con la expectativa de que las protestas en el exterior bajarán y las aguas vuelvan a sus cauces.

Tal posición demuestra una cierta desconexión de la realidad, en especial de la conformación de las políticas exteriores modernas que descansan sobre la coparticipación de los actores no gubernamentales.

Aunque no sean muchos gobiernos extranjeros los que hayan criticado abiertamente a México, estos mismos tienen que justificarse ante el público nacional y los parlamentos de su país por su actitud condescendiente para con el gobierno mexicano. Ni hablar de empresas extranjeras que necesitarán justificar sus inversiones en México ante el récord dudoso de este país en materia de derechos humanos.

Las secuelas internacionales del desacato político y moral están a la vista, a pesar de los esfuerzos gubernamentales de querer conjurarlas y volver a la rutina diplomática.

Política exterior responsable

Es evidente que México necesita salir de una política exterior en la modalidad del “apagafuegos”. En todas las negociaciones internacionales el país se verá confrontado con la petición de incluir cláusulas sobre los derechos humanos y la democracia; aunque el gobierno mexicano se considera como una potencia emergente que negocia en pie de igualdad con todo el mundo, está ubicado “en el banquillo” y necesita replantearse su accionar.

La “diplomacia del tiempo” aplicada hasta la fecha y fundamentada en la expectativa de que las aguas bajarán es un instrumento del pasado, no a la altura de una sociedad informática y basada en comunicación. Lo que se necesita es una iniciativa de apertura hacia lo internacional, poniendo lo nacional no solamente al escrutinio de la comunidad interesada, sino invitándola a acompañar al gobierno y al país para encontrar el mejor camino para salir de un problema que ha infestado al país entero.

Plantear esta situación con toda franqueza es tarea de una política exterior responsable si desea evitar daños para el país, más allá de la ya presente afectación de la reputación internacional.

 

Internacionalista.