Postura del PRD

 

 

Angélica de la Peña Gómez

Apenas concluyó la visita a México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein, y ya en el Senado de la República se escuchan voces que piden acelerar la discusión de una regulación de las actividades de las fuerzas armadas en seguridad pública, postura alejada de las observaciones que nos hizo el funcionario de la ONU.

Pareciera que las principales recomendaciones del funcionario de la ONU para que se fortalezca de manera urgente la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública, en concordancia con el respeto y protección de los derechos humanos y la adopción de un cronograma para el retiro de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública y su regreso a sus cuarteles, encontró oídos sordos.

Hablar con premura de la necesidad de aprobar un marco normativo para la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública es imprudente, sobre todo cuando se ignora que el contenido de la iniciativa que presentó el Ejecutivo federal en 2009 generó una discusión en el Congreso de la Unión a lo largo de tres años y provocó un rechazo inmediato de la sociedad civil organizada.

Felipe Calderón desdeñó las críticas y oposición a sus iniciativas e inició una desastrosa “guerra contra el crimen”, lo que ha conducido al país a la actual crisis por violaciones de los derechos humanos y a la afectación de la imagen de las fuerzas armadas. El gobierno de Enrique Peña Nieto no cambió la estrategia de militarizar la seguridad pública y las cifras de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y uso desproporcionado de la fuerza pública, se han disparado.

Sería una insensatez que el Congreso de la Unión cometiera el mismo error y discutiera dotar a las fuerzas armadas de la capacidad de investigación y atribuciones para detener a presuntos delincuentes, realizar cateos sin orden judicial, intervenir en investigaciones previas y solicitar a la autoridad judicial la intervención de comunicaciones privadas.

Absurdamente, en aquellos tiempos se argumentó que el fortalecimiento de la delincuencia organizada y los altos niveles de violencia justificaban proponer que las fuerzas armadas estuvieran facultadas para encarar afectaciones a la seguridad interior en una entidad o municipio, y que las situaciones previstas fueran sublevaciones, agresiones a altos funcionarios, actos de extorsión colectiva o hechos que pusieran en riesgo la seguridad pública del lugar.

Proteger y fortalecer una institución indispensable para el Estado mexicano, como las fuerzas armadas, exige que se les retire paulatinamente de tareas de seguridad pública y paralelamente los gobiernos federal, estatales y municipales no evadan más su responsabilidad y conformen corporaciones policiacas supervisadas, capacitadas científicamente, bien remuneradas y equipadas, y respetuosas de los derechos humanos.

Precisamente otra de las recomendaciones del Alto Comisionado fueron el robustecimiento de las procuradurías y fiscalías para que las violaciones a los derechos humanos sean investigadas adecuadamente y resulten en sanciones a los responsables, y la reglamentación del uso de la fuerza pública.

Las recomendaciones de las Naciones Unidas pueden convertirse, con voluntad política, en el eje rector de una estrategia efectiva y eficaz en contra de la delincuencia común y la delincuencia organizada, que coordine los esfuerzos de todas las entidades públicas y que, por supuesto, contaría con el respaldo y colaboración de toda la sociedad.

Recuperar la confianza de las instituciones no se logrará con acciones de coyuntura y mediáticas, sino con aquéllas que se reflejen en el mejoramiento de las condiciones de vida de todas y todos los mexicanos y ello requiere que el debate cambie su enfoque hacia la seguridad humana. Ésta será la postura del PRD.

@angelicadelap

Presidenta de la Comisión de Derechos

Humanos del Senado.