Inmersos en una crisis humanitaria
Raúl Jiménez Vázquez
Tres acontecimientos acentuaron la percepción de que estamos inmersos en una muy preocupante crisis humanitaria, patología que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puso de manifiesto al término de sus visitas.
El primero de ellos fue la decisión del Departamento de Estado estadounidense de no poner a la disposición de México un monto equivalente al 15% de las ministraciones pactadas en el acuerdo de cooperación bilateral en materia de seguridad, mejor conocido como la Iniciativa Mérida. Esta determinación se basó en la consideración de que las autoridades no han logrado suficientes avances en materia de derechos humanos, pues aún persisten las torturas y las desapariciones forzadas.
El severo juicio del gobierno de la Casa Blanca es similar a los enérgicos señalamientos vertidos dentro del informe Promesas en el papel, impunidad diaria: la epidemia de la tortura en México, difundido hace unos días por Amnistía Internacional, en el que se afirma que la práctica de la tortura alcanzó niveles catastróficos, que el gobierno no ha reconocido la magnitud del desafío y que tampoco ha emprendido las acciones necesarias para poner fin a este problema crucial de derechos humanos.
Por su parte, la Comisión Interamericana acaba de pasar revista a las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán, Ostula y Calera, y a la matanza de Acteal. La atención del ombudsman hemisférico también se focalizó en la presencia de los efectivos castrenses en la lucha contra el crimen organizado. La relevancia de este punto crítico fue acotada por el comisionado Felipe González con las siguientes palabras: “En todos los países donde se ha tomado la decisión de poner a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, invariablemente terminan en graves violaciones a los derechos humanos”. Por ello se urgió al gobierno de Peña Nieto la elaboración de un cronograma del regreso de los militares a sus cuarteles.
La barbarie de Iguala fue sin duda el tema de temas. A contrapelo de las resistencias iniciales y de la campaña de descalificación mediática del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, los personeros gubernamentales finalmente hicieron suyo el informe emitido por este órgano sui géneris y se comprometieron a: I) instrumentar las más de 200 observaciones que ahí se contienen, II) conformar un nuevo equipo de trabajo con gente de confianza de la PGR y del Grupo, III) reorientar la investigación aplicando los lineamientos que fijen dichos expertos, IV) trabajar de manera conjunta con ellos y los padres de los desaparecidos, V) facilitarles el interrogatorio a los miembros del batallón de Iguala.
Todas éstas son señales claras de que en el horizonte se perfila un colosal iceberg que puede echar a pique el barco gubernamental. Para que ello no suceda es preciso hacer a un lado las visiones negacionistas, las actitudes catatónicas, y realizar un quiebre estratégico de timón.