Entrevista a Olga Sánchez Cordero | Ministra de la Corte | Exclusiva para Siempre!

 

Irma Ortiz

En 1995 ocupó un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la Corte). A partir de entonces, ha visto pasar a cuatro presidentes y sus modos de hacer política y de entender el papel de la Corte. Mujer apasionada, se ha dedicado a defender los derechos de las mujeres, de los niños y adolescentes, se le considera una ministra liberal que votó a favor del aborto y de las bodas gay.

Hoy la ministra Olga Sánchez Cordero trabaja a marchas forzadas para sacar adelante todos sus asuntos y le siguen llegando más casos a pesar de que ella y el ministro Juan Silva Meza dejarán la Corte el próximo 30 de noviembre.

La sucesión en la Corte ha movido el avispero, representantes del Poder Judicial le han demandado tanto al presidente de la república como al Senado de la República que no envíen, ni aprueben propuestas para elegir ministros ajenos a las labores jurisdiccionales.

En entrevista exclusiva para Siempre!, la ministra Olga Sánchez Cordero recuerda que la sociedad está haciendo marcajes personales a las decisiones gubernamentales. Como nunca, apunta, está interesada en conocer quién ocupará las sillas de los ministros. Habla también sobre sus planes para 2018.

A partir del 30 de noviembre dejará de ser ministra de la Corte, ¿cuál es el legado de Olga Sánchez Cordero?

Los precedentes judiciales, los precedentes jurisdiccionales. En cada una de estas sentencias está la argumentación, los precedentes que sirven para muchas personas, para gentes en situación de vulnerabilidad, discapacitados, niñas, niños y adolescentes; para los de preferencias sexuales diferentes, para los de otras religiones. Son precedentes que protegen los derechos humanos de todas las personas, pero especialmente de aquéllos que siempre habían estado marginados, en una situación de vulnerabilidad, sin voz, sin acceso a la justicia. Estos precedentes hoy y en un futuro los van a tener a su alcance para que disfruten de los nuevos paradigmas constitucionales en la defensa de sus propios derechos.

Usted ha visto pasar cuatro gobiernos, ¿qué tanto se ha avanzado en la Corte hoy que se habla de un poder judicial autónomo no sometido al Ejecutivo?

Nuestro parteaguas en la historia de la novena y décima época fue el caso de Aguas Blancas por una parte y Fobaproa por otra. En el caso de Aguas Blancas se empezó a construir no sólo una independencia y autonomía sino también precedentes muy claros sobre derechos fundamentales que no estaban regulados ni siquiera en nuestra Constitución; el acceso a la información pública gubernamental, el acceso a una cultura de la verdad y de una información veraz por parte de las autoridades gubernamentales.

En esta matanza tan espantosa, al gobierno de ese estado —Guerrero— en su momento no se le cuestionaba por qué fueron los mandos de policía inferiores los que cometieron estos homicidios, pero ¿cuál era la visión de la Corte ante estas autoridades locales?: que había ocultado la verdad, que no habían sido transparentes en la información, que no había acceso a la información o que ésta se había tergiversado por parte de las mismas autoridades gubernamentales.

Del tema de Aguas Blancas salen muchas tesis de la cultura de la verdad, el acceso de los ciudadanos, de los gobernados a la información pública gubernamental que no existía en ese momento, como no existían otros derechos fundamentales establecidos en la Constitución y poco a poco se fue construyendo un andamiaje constitucional a partir de esta sentencia que culmina en la Reforma Constitucional de Derechos Humanos del verano de 2011.

Se conformaron una serie de derechos que se empezaron a garantizar. A ver, si tenemos un derecho a la información pública gubernamental por una parte, también tenemos derecho a la protección de datos personales; si tenemos una libertad de expresión que en la Corte hemos defendido y realizado una cantidad de tesis y expedido una cantidad de sentencias en materia de libertad de expresión para todos los medios de comunicación, nosotros hemos construido eso.

Por otra parte, hemos protegido el honor, la imagen, los datos personales de cualquier gobernado. Ahí está una línea sumamente muy leve entre cuándo estamos en la libertad de expresión y cuándo estamos vulnerando los derechos de personalidad de un gobernado.

 

Derechos fundamentales, razón de Estado

La Corte tiene dos grandes temas: derechos fundamentales, que es razón del Estado. Si el Estado no protege los derechos humanos de sus gobernados no tiene una razón de ser. Vivimos en un Estado porque éste nos va a garantizar el respeto a nuestros derechos, nos va a garantizar nuestra seguridad personal, el que vamos a tener un marco jurídico constitucional donde se van a respetar nuestros derechos, ésta es una parte importante del trabajo de la Corte,

La otra es la distribución de competencia entre los órganos de gobierno. Por ejemplo, en el tema Fobaproa, viene la Cámara de diputados y argumenta que tiene dos atribuciones constitucionales; una —esa estuvo bajo mi ponencia—, la revisión de la Cuenta Pública, y dos, el reconocimiento de la deuda pública; son sus atribuciones, las estaba defendiendo y no podía hacerse cargo ni de la revisión de la cuenta ni del reconocimiento de deuda si no tenía toda la documentación de los fideicomisos.

Estaban involucrados una cantidad de bancos impresionante y el presidente de la república de entonces, Ernesto Zedillo —que por cierto fue un gran demócrata y respetuoso de la autonomía e independencia de la Corte—, conocía la Constitución a pesar de que era economista y nos decía en su contestación: tengo una ley, la de instituciones de crédito, que me obliga a respetar el secreto fiduciario, pero tengo un obstáculo jurídico que me impide entregar esta documentación porque tengo la responsabilidad de guardar un secreto fiduciario. No puedo entregar la documentación a la Cámara de Diputados.

¿Qué dijo la Corte en la sentencia que propuse a mis compañeros?, ésta es norma secundaria y no puede estar por encima de la Constitución ni de una Cámara de Diputados, que es la representación popular por excelencia. Esta cámara tiene una atribución constitucional que es revisarte la cuenta y reconocerte una deuda pública. No puedes argumentar que tienes un obstáculo legal que estás respetando, porque te obliga la ley a hacerlo, pero se trata de una ley secundaria. Le quitamos el obstáculo al presidente y le dijimos entrega la información porque es tu obligación, y él acató la sentencia de la Corte de manera impecable.

He tenido muchas resoluciones sobre todo en materia de violencia intrafamiliar, un tema muy delicado y de gran preocupación para la Corte y de la sala, no sólo la violencia contra la mujer, sino la violencia en contra de los niños, de los adultos mayores en una familia. Hay muchos tipos de violencia no sólo a través de golpes a niños o mujeres, a quienes les desfiguran la cara y llegan a matar.

Me cuestionan mucho si no es lo mismo matar a un hombre que a una mujer, contesto que la violencia contra la mujer ha sido tan grave, ya que la priva de la vida, pero esto se ha generado durante todos los años y los siglos en todas las culturas del mundo y es producto de una situación cultural. Por eso he defendido el feminicidio como un tipo de homicidio diferenciado.

Cuando llegué a esta Corte no había un sistema de justicia penal para los menores, eran consejos tutelares ¿quiénes lo componían? Algunas gentes, médicos o personal de servicio social y los niños no tenían derechos de defensa, no se podían defender de las acusaciones porque no tenían garantía de audiencia, ni debido proceso. Tal pareciera que eran titulares de medios derechos. Insistí tanto que en 2011 —yo lo traté desde 2002— se lleva a la Constitución el interés superior del menor. Todo esto se fue construyendo en precedentes y sentencias que ahí están.

Construimos también sobre infinidad de temas como divorcio, me preocupaba la violencia para obtener una sentencia de divorcio, por eso validamos el divorcio coloquialmente llamado “divorcio exprés”, así como el matrimonio de las personas del mismo sexo. Hemos reconocido sus derechos y no podemos hacer distinciones constitucionalmente hablando, porque sería atentar contra el principio de no discriminación y de igualdad.

 

Caso Florence Cassez, parteaguas en el derecho penal…

Hemos trabajado mucho en el proceso penal: la sentencia a Florence Cassez fue un parteaguas en la historia de nuestro derecho penal. Ahí se le dio contenido a varios principios constitucionales: el principio de presunción de inocencia; las actuaciones irregulares de los servidores públicos, de los policías, por ejemplo, que impactaban en el proceso penal; la presunción de inocencia en sus tres vertientes, incluso antes de ser llevado a juicio. Se construyó mucho sobre la teoría de presunción de inocencia y se le dio un gran contenido y hoy es alegada por todos.

Los precedentes Cassez nos han servido para que muchos mexicanos obtengan su libertad, por la detención ilegal, la puesta a disposición, la violación de la puesta a disposición ante el ministerio publico, la falta de asistencia consular. Todas éstas son construcciones y precedentes que hoy se están aplicando regularmente en todos los juzgados y por todos los tribunales.

Ha sido patente la defensa de los derechos humanos, un tema fundamental cuando vivimos situaciones como Ayotzinapa, Tlatlaya y otros temas que serán tratados en la Corte…

El tema fue también muy interesante, el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Galilea Pacheco, que nos dio la oportunidad de establecer los límites del fuero militar, en donde se dijo con toda claridad que había delitos militares por supuesto de desacato y desobediencia, y había delitos en donde los jueces federales deberían de conocer, como era el caso de la violación de una chica, como sucedió con Inés y Valentina, que fue el caso de un secuestro, de un robo o de los delitos del orden común que no eran delitos militares.

Esto debería ser conocido por las autoridades civiles en el estricto orden que no eran militares en contraposición de las autoridades militares, y se estableció con toda claridad cómo debía funcionar el sistema de justicia tratándose de una situación en donde estuvieran implicados militares, y son también precedentes que se están aplicando hoy. Usted menciona el caso de Tlatlaya, el caso de Ayotzinapa y en estos casos están presentes obviamente los criterios de la Corte.

Hoy preocupa la sucesión en la Corte, se retiran el ministro Silva Meza y usted. Dada la situación actual, ¿se requerían magistrados de carrera, especializados en derechos humanos?

Es un tema —lo viví durante 21 años de distribución de competencias y de atribuciones— donde la competencia y atribución es del presidente de la república, quien envía al Senado una terna y ésta tiene la atribución de designar entre las personas que van en la terna a una persona para integrar esta Corte.

Si me pregunta sobre el perfil, me gustaría decir que el perfil que desearía —con el respeto irrestricto a las atribuciones constitucionales de los otros poderes— me gustaría que quienes nos sustituyeran fueran gente de una sensibilidad progresista, porque los derechos humanos nunca se acaban en su protección y en la ampliación de su protección.

Que fuera una gente muy progresiva en materia de defensa y de protección de los derechos. Esto para mí sería de verdad mi carta a Santa Claus y también porque así lo dice la Constitución en su artículo primero, que es una belleza, un paradigma y un parteaguas en la historia de los derechos en México.

La Constitución dice que los derechos son progresivos y le puedo decir que tanto el ministro Juan Silva como yo hicimos realmente una labor a favor de los derechos, creo que importante, porque lo vivimos de manera muy intensa. El tema de los derechos es inacabado y siempre lo será porque siempre tendremos que darles una mayor extensión, un mejor contenido, por eso me encanta el filósofo Güemez, porque tiene una sabiduría increíble de que esto no se acaba hasta que se acaba, y en materia de derechos esto no se acaba.

Hoy México está bajo la óptica mundial, un país donde, aseguran, campea la impunidad, la injusticia, la falta de derechos humanos. Preocupa que no se cuide por parte del Ejecutivo presentar ternas con perfiles como el que usted nos plantea, perfiles que harían fuerte no sólo a México sino al propio gobierno.

En este momento, más que nunca, el proceso de selección está muy vigilado por la sociedad y los medios de comunicación y es muy positivo. Antes, las designaciones de ministros le importaban a muy pocos, probablemente un grupo muy reducido de abogados que litigaban en la Corte, hoy le importan a toda la sociedad, a los medios de comunicación.

Hay un escrutinio muy importante, lo cual me da un gusto enorme. La sociedad tiene marcajes personales sobre todos nosotros, y qué bueno que así sea, antes no los había. En lo particular he estado sujeta a un marcaje personal diario en mis resoluciones, en mis intervenciones, en todo lo que hago en la Corte.

El gobierno hoy en día está con marcajes especiales y la sociedad está igualmente ocupada y preocupada de su gobierno y de las decisiones que tome, y eso hay que considerarlo.

Hoy a la sociedad mexicana le importa quién llegue a una silla de ministro y eso es decir mucho de nuestra sociedad. De verdad tengo la plena convicción que será un proceso donde la sociedad civil va estar muy atenta. No es un proceso fácil, son las dos terceras partes del Senado las que designan un ministro, es una votación calificada muy alta, ello significa que los candidatos que el presidente mande deben, a juicio del Senado, reunir un perfil, unas características, un currículum y una calidad profesional de alto nivel. Es un senado plural y una votación tan calificada es importante que se tenga en consideración a la hora de mandar una terna

Al terminar su periodo, ¿qué puertas va abrir al salir de la Corte?

Me tengo que ir a la notaría porque desde esa trinchera hice mucho y quiero continuar haciéndolo desde otras trincheras, y a lo mejor, a lo mejor, en 2018, si todavía me queda edad, fuerza, vida y salud —porque tengo un impedimento por dos años para realizar cualquier función pública y tengo muchas limitantes— pero en 2018 me gustaría culminar mi vida personal y profesional —para entonces ya tendré 70 años— con poder ser senadora de la república. Lo digo sinceramente, siento que una vez que se tiene la experiencia de revisar la regularidad constitucional de gran parte de las normas de este país que se emitieron y publicaron, pienso que puedo decir algo, a lo mejor mucho, sobre si una ley reúne o no los requisitos de la Constitución y eso me encantaría hacerlo desde una posición de legisladora. Ya fui juzgadora de las leyes y ahora pretendería ser legisladora de la expedición de las leyes.