A la detención este jueves de 4 integrantes de la sección 22 de la CNTE en Oaxaca — quienes ya tramitan su amparo— se suman 26 órdenes más de aprehensión en contra de igual número de maestros por actos delictivos cometidos en las elecciones de junio pasado.
En respuesta, el dirigente de esa organización sindical Rubén Núñez ha señalado lacónico que no se esconderán “porque no han cometido ningún delito”, al tiempo que se iniciaron movilizaciones en la capital oaxaqueña para demandar la liberación de los activistas y amenazan con ampliar las manifestaciones a todo el estado.
Los dirigentes Juan Carlos Orozco, Othón Nazariega, Efraín Picazo y Roberto Jiménez ya interpusieron ante el Juzgado Quinto de Distrito un amparo que podría ser desechado al informarse que fueron detenidos con base en un mandato legal y están puestos a disposición de un juez federal. Mientras sus abogados hablan de “desaparición forzada”.
Fue la PGR quien detalló que los activistas magisteriales están acusado de delitos del orden común como daño en propiedad, daños contra la riqueza nacional y robo agravado por lo que fueron consignados al penal de máxima seguridad del Altiplano, por lo que podrían alcanzar penas de hasta 40 años de prisión.
El subprocurador de la PGR, Gilberto Higuera detalló que se cuentan con otras 26 órdenes de aprehensión a ser cumplimentadas.
Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Gerardo Gutiérrez Candiani respaldó las detenciones de los activistas al considerar que “Oaxaca ya no puede ser rehén de unos cuantos dirigentes”. Dijo que estos liderazgos que se apuntalan en el chantaje deben acabar “hay que apostarle a los maestros, a los niños de Oaxaca”.
Lo cierto es que el gobierno federal avanza en su estrategia de acabar con las amenazas y provocaciones de un sindicato, que insiste en utilizar las movilizaciones como medio para mantener sus canonjías