Está en juego el futuro de México

Mireille Roccatti

Entre todas las denominadas “reformas estructurales” emprendidas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la reforma señera, la principal, como la ha reconocido el propio titular del Ejecutivo, es la educativa. Instrumentarla al inicio del actual régimen, incluyó la defenestración de la líder moral vitalicia del magisterio, que aunó a reales o supuestos agravios una resistencia a la reforma en el sector, que aún hoy la tiene en la cárcel.

El operador escogido para su instrumentación fue un antiguo enemigo de la maestra, exsecretario de Gobernación, parlamentario y político con las prendas intelectuales necesarias para despachar en la vieja oficina de las calles de Argentina y como dice el clásico ocupar “el escritorio de Vasconcelos”, aunque históricamente José Vasconcelos no haya sido el mejor secretario del ramo. La tarea no era fácil, por el contrario resultó ardua, tensa y complicada.

Los términos y contenidos requirieron de una operación política complicada con todas las fuerzas políticas, incluidas las organizaciones sindicales el sindicato (SNTE) y la principal fuerza opositora magisterial (CNTE) una fina filigrana parlamentaria en el Congreso, todo ello con sustento en el acuerdo primario logrado entre las tres principales fuerzas políticas al seno del Pacto por México.

El eje rector de la reforma lo constituye indubitablemente la recuperación de la rectoría del proceso educativo por el Estado, en este sentido es factible afirmar que nos encontramos en una toma de decisión de política pública transexenal con visión de futuro: una política de Estado.

La decisión implicó recobrar espacios de suyo reservado al aparato estadual, como: el control del sistema educativo en su conjunto, acabar con cacicazgos sindicales incrustados en el aparato de la administración pública, la decisión de los contenidos de los programas educativos, y un largo etcétera.

La construcción de los nuevos equilibrios, la pérdida de esferas de influencia y la afectación de intereses no del todo legítimos, generó una resistencia feroz, cuyas muestras más visibles son la ya larga movilización de los maestros pertenecientes a la CNTE, quienes a lo largo de ya casi tres años, han presionado, incluso con actos vandálicos del todo reprobables, por venir de los mentores, para mantener canonjías y prebendas, que gozan sobre todo sus líderes.

Se ha insistido hasta el hartazgo que más que una reforma educativa es una reforma laboral, porque las modificaciones normativas regulan las relaciones entre las autoridades educativas y los maestros, afirmación ésta que busca descalificar la reforma, aunque —como muchas partes de nuestra constitución— algunas partes del texto de la reforma, no debiera estar en la norma suprema. Lo cual solo es cierto parcialmente, porque la reforma es mucho más amplia.

Hasta muy recientemente la implementación de la reforma educativa pareciera haberse desplazado de la Secretaría de Educación Pública al Palacio de Covián, dado que la interlocución con la disidencia magisterial y el dialogo con éstos ha venido corriendo a cargo de la Secretaría de Gobernación. La disposición a la conciliación, la apertura al diálogo, el ánimo a la construcción de acuerdos, fue mal entendida por los líderes de la CNTE, que estiraron la liga, hasta su rompimiento. Ellos mismos declararon roto el diálogo, el mismo que hoy piden que se reanude, solo que ahora su capacidad de movilización es muy reducida.

El gobierno de la república, con el nuevo secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, ha recobrado la iniciativa y ha planteado con toda claridad que la reforma no tiene vuelta atrás, que todos los actores de la educación tienen un lugar en la mesa de diálogo, pero sin presiones.

A todos los mexicanos nos congratula que prevalezca el interés superior de la educación, como el mejor instrumento de la construcción de un mejor país. Tampoco nadie pide —excepto una minoría ultra— una represión indiscriminada. La reforma se tiene que hacer con la aceptación de los maestros. Lo que está en juego es el futuro de México.