Entrevista a Ernesto Isunza Vera | CIESAS México

Moisés Castillo

México ha perdido el tiempo, por más de tres décadas, en combatir la corrupción con programas huecos y frases insufribles. Sólo hay que recordar “la renovación moral de la sociedad” que lanzó el gobierno de Miguel de la Madrid tras los excesos de su antecesor José López Portillo que, con cinismo, lanzó la frase “es el orgullo de mi nepotismo”, refiriéndose a la designación de su hijo José Ramón como subsecretario de Programación y Presupuesto.

Así, la clase política (funcionarios públicos, políticos, empresarios) ha vivido sin dar explicaciones de sus actos ilegales y lanzan campañas fallidas como “ya, chole con tus quejas”.

El diagnóstico del actual gobierno es erróneo: la corrupción es un problema de “orden cultural”. Es decir, ¿no hay solución porque “así somos” los mexicanos? ¿La transparencia, la rendición de cuentas, la aplicación verdadera de la justicia no sirven para terminar con tanta corrupción e impunidad? Si el Ejecutivo federal ubica la corrupción en el espacio de las costumbres, ¿renuncia a combatirla vía las instituciones? Paradójicamente se cuenta con más datos del problema, instituciones de acceso a la información, leyes que buscan garantizar derechos humanos, escrutinio de medios de comunicación, pero el fenómeno de la ilegalidad aumenta.

Suficiente capital humano

Para Ernesto Isunza Vera, presidente del Consejo Asesor del Centro de Contraloría Social y Estudios de la Construcción Democrática, CIESAS México, se carece de un proyecto de nación que cambie la forma de ejercer el poder público.

“Desgraciadamente no veo ningún tipo de proyecto con vocación de poder que apueste claramente por otra forma de ejercer el poder público. Lo que creo es que los partidos políticos, que ahora tienen la mayoría del poder en este país, le están apostando a muchas otras cosas, menos a cambiar esas formas corruptas, ilegítimamente ventajosas, a las que están acostumbrados”.

¿México tiene los mecanismos e instrumentos para combatir la corrupción vía la transparencia y la legalidad?

México tiene el capital humano suficiente para que esto no pasara. Lo que no tiene es un proyecto político que busque el bien común y que incluye “el que dejes de ganar para que todos ganen”. Y si eso implica que no vas a corromperte, no vas a dar a tus amigos, familiares o socios obras públicas; si no vas a aprovecharte de tu puesto para que tus familiares y compadres ganen dinero de manera ilegitima. Podemos tener excelentes instituciones, pero cuando se implementan y se ejercen, son una caricatura. Ahí tiene que ver con decisiones, y si éstas son porque piensas que puedes seguir aprovechándote de lo público para enriquecerte, aunque el país vaya al precipicio, esto no va a cambiar. Mientras eso sea posible en la mente de los políticos, es muy difícil que una reforma legal lo corrija.

¿Cómo construir una cultura de la legalidad y de la transparencia que permee tanto a funcionarios públicos y a la misma sociedad?

Estoy convencido de que eso es como tocar o bailar. Tú puedes leer 20 libros de baile pero hasta que no bailas y tropiezas no lo vas a hacer. Puedes leer varios Guitarra fácil pero hasta que no tocas no vas a poder ejecutar. Hasta que no obliguemos a que rinda cuentas cualquier ciudadano de este país, que se apellide de una forma u otra, tenga mucho o poco dinero, sin importar la geografía en donde haya nacido, hasta que no demostremos que efectivamente no hay impunidad y que todos somos iguales frente al aparato de administración de justicia, no podemos crear una cultura de la legalidad. No es haciendo campañitas o campañotas como se va a crear una cultura de la legalidad. Será cuando cada ciudadano sepa que le costará mucho violar la ley y que en cambio tendrá todo para ganar cuando la cumpla; cuando culturalmente no me ría porque el vecino es mi héroe, ya que se pudo saltar todas las leyes y burlar todas las multas; sino cuando obligue a mi propio círculo cercano a que respete las reglas de convivencia, es ahí cuando podemos crear una cultura de la legalidad.

 

El que la hace… no la paga

Los expertos coinciden en que es fundamental la acción ciudadana y la labor eficaz de instituciones y funcionarios públicos para combatir la corrupción, pero la confianza de las personas hacia la clase política es casi nula, ¿cómo avanzar en una misma ruta?

Los asuntos como el de la casa blanca son emblemáticos porque están repitiendo algo que todos los mexicanos sabemos: el que la hace, no la paga. Pero si ese que hace y no la paga es el presidente de la república o el secretario de Hacienda o el secretario de Telecomunicaciones, cuando los primerísimos servidores públicos de este país son capaces de hacer algo en lo que no estamos de acuerdo y nadie renuncia y nadie paga por la vía penal o administrativa, cuando no hay consecuencias por esos actos, no puedes esperar que la ciudadanía piense de manera distinta. Por eso no se cree en las instituciones, y lo dice el Latinobarómetro 2015 (en México, el 19% de los ciudadanos están satisfechos con el funcionamiento de la democracia), el propio estudio de la calidad de la ciudadanía que publicó el INE. Hay una opinión masiva de que las instituciones públicas en México están desacreditadas por su funcionamiento inadecuado y por aquéllos que la encabezan.

A raíz del caso Iguala, ¿existe una presión internacional para que México avance en materia de transparencia?

Hay una fuerte presión internacional, acompañada de una presión nacional. Pocas causas en la actualidad tienen este nivel de movilización social. El caso de los estudiantes de Ayotzinapa tiene ciertos elementos que son simbólicamente reflejo de esta crisis. Encontramos una superposición de fuerzas de todos los partidos, fuerzas municipales, estatales y federales; ni los sistemas militares ni de inteligencia civil fueron capaces de detener esta tragedia.

Después encuentras un sistema de impartición de justicia incapaz de resolver claramente cuáles autoridades tuvieron responsabilidades. Solamente con la movilización nacional e internacional y un grupo de expertos, que tiene conclusiones rotundas, pusieron en entredicho la viabilidad de la administración de justicia en este país. La presión es fuerte pero no por que alguien tenga algo en contra del país y sus autoridades, sino que está en contra de la impunidad en un caso tan fuerte.

 

Cienfuegos se contradice

¿Cómo interpreta lo expresado por Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa, de que “no voy a permitir que interroguen a mis soldados”? ¿Es un síntoma de una institución rezagada en materia de rendición de cuentas?

Es un síntoma de la representación de los poderes reales en este país. El secretario de la Defensa entra en contradicción con el mandato de una comisión de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el propio gobierno mexicano solicitó que viniera. Habla de sus soldados como si fueran de su propiedad y como si él pudiese ir en contra de esas recomendaciones. Me parece grave el espaldarazo que hizo el secretario de Gobernación.

Al final se impondrá una razón mínima: nadie por ser llamado a testificar está siendo culpado de nada. Efectivamente, hay una presunción de inocencia. Lo que se pide es que todas las pruebas, incluso los miembros del Ejército mexicano, ayuden a esclarecer lo que aconteció esa noche. Espero que no se sostenga ese manotazo en la mesa que hizo el secretario de la Defensa, porque va en contra de un principio fundamental: romper con la impunidad y con esa neblina respecto a Ayotzinapa.

México necesita, para restaurar heridas, saber qué paso esa noche, quiénes fueron responsables de los hechos y que haya consecuencias.

 

Tomarnos en serio

Existen varias instituciones como el Ejército y la Corte que están dando pasos lentos o están rezagados en materia de transparencia, ¿qué deben concretar para avanzar en una rendición de cuentas efectiva?

Los poderes del Estado mexicano deben estar convencidos de una apuesta fuerte hacia la reconfiguración de su papel en la transición, de su papel en la democracia. No solo el Poder Ejecutivo sino todos los poderes tienen que estar en sintonía y reconocer que no estamos en cualquier momento de la crisis de credibilidad de las instituciones.

Cualquier tipo de medición que se haga respecto a la credibilidad de las instituciones del Estado mexicano es prácticamente unánime que esa credibilidad es reprobada por parte de la ciudadanía. La credibilidad de las instituciones está por los suelos. No es una cuestión de querer cambiar sino un deber, porque finalmente los servidores públicos que están en el poder que sea —Judicial, Legislativo, Ejecutivo— se deben a esa ciudadanía que no los está aprobando.

¿Qué políticas públicas urgen para crear un sistema de responsabilidades administrativas y penales a fin de terminar con la opacidad y discrecionalidad?

Están contenidas en lo que es la reforma por un sistema nacional contra la corrupción y transparencia, pero hay dos fundamentales en las que debemos trabajar: tomarnos en serio la reforma de la administración de justicia, que no sólo esté hablando de fortalecimiento técnico y financiero sino una apuesta política, porque la justicia tiene que resolver litigios, tiene que terminar con la impunidad no sólo de los grandes casos sino de los pequeños que afectan a la ciudadanía. Tenemos que lograr que haya instituciones verdaderamente autónomas, fuertes y que tengan el valor para llevar ante la justicia a todo el mundo. Necesitamos una profunda reforma de lo que significa administrar la justicia y eso implica policía científica, ministerio público, jueces, secretarios, trabajadores del sistema judicial con otros perfiles. Hay otra reforma que es más importante: pensar en un sistema nacional de participación ciudadana que no venga a repetir lo que se ha hecho, sino que tome la experiencia de lo que existe, identifique prioridades y mejores diseños para que realmente la ciudadanía pueda cotidianamente incidir en la política pública, en los programas y proyectos para ser consultada. Esa gran reforma es la que actualmente no se habla y no está en la agenda y es el gran faltante en este momento.