Casi tres años después de sus primeras apariciones, el fenómeno de las autodefensas en Michoacán y su impacto psicosocial será analizado por el gobierno, al menos oficialmente.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno Federal ha solicitado a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que desarrolle estos trabajos y que abarque, por lo menos, 33 municipios situados en la zona de Tierra Caliente, la Costa y serranía de la entidad.
Es decir, los sitios donde emergieron los grupos de autodefensa, en un desesperado grito de la sociedad civil cansada de los abusos y la delincuencia del hampa organizada que se adueñó de los territorios y de sus habitantes.
Esclavos de quienes detentaban el poder y de las autoridades que se hacían de la vista gorda ante los evidentes hechos que se registraban cada día en esos municipios, cientos de hombres y mujeres se prepararon, se equiparon y levantaron en armas.
Hoy, a 32 meses de que un grupo de los llamados autodefensas tomaran la comisaría de Buenavista Tomatlán y se negaran a seguir siendo víctimas de la opacidad gubernamental y la violencia del crimen organizado, instancias de gobierno consideran que es tiempo de llevar a cabo este tipo de evaluaciones.
Pareciera que, como siempre, es más fácil actuar después del niño ahogado.
El fenómeno de los autodefensas no es exclusivo del territorio michoacanos, estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, dan cuenta diaria de este tipo de agrupaciones que emergen del cansancio social.
La pretensión de que la Casa de Hidalgo ejecute el citado impacto social es, de acuerdo a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para identificar cuáles son las condiciones psicosociales que imperan entre la población de los 33 municipios del Estado donde se registró el fenómeno de las autodefensas y la repercusión del conflicto en los diferentes aspectos del desarrollo social.
El multicitado estudio servirá de base para “la implementación de políticas públicas que coadyuven a la atención de las personas que sufrieron algún tipo de afectación por el fenómeno”.
Al analizar el lenguaje elegido para justificar la ejecución de esta investigación, brinca el cuestionamiento de si entonces todo lo que se ha hecho en los últimos veinte meses, son acciones sin ton ni son; es decir, dinero tirado a la basura.
Es claro que en el tema de las autodefensas el gobierno empezó al revés. Es claro que decidió tomar cartas en el asunto, cuando dichas cartas ya habían sido quemadas por la desesperación y el cansancio.
Decir ahora que van a ejecutar un estudio de impacto psico-social se antoja como una tomadura de pelo de parte de las autoridades.
No se necesita ser un estudioso de las problemáticas sociales para reconocer los síntomas de la combinación de la pobreza, la falta de educación, la carencia de oportunidades y el embate del crimen organizado. Todos, síntomas evidentes en cada entidad con la presencia de grupos de autodefensa confirmados.
¿Cuánto más necesita el gobierno para saber qué debe hacer en cada una de esas entidades?