Falta de voluntad política
Raúl Jiménez Vázquez
La historia de vida del vínculo entre el Estado mexicano y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Drechos Humanos (CIDH) ha estado marcada por el desencuentro. En un primer momento, cuando los personajes internacionales solicitaron entrevistarse con los integrantes del batallón de Iguala, la negativa oficial fue rotunda y poco comedida, sobre todo aquélla que provino de elevadas atalayas castrenses.
Más tarde, ante los contundentes señalamientos vertidos en el informe final del GIEI, la actitud gubernamental fue taimada, es decir, de dientes para afuera se dio la bienvenida a dicho documento pero en el fondo hubo muestras de una gran contrariedad, las cuales fueron acompañadas de una espiral mediática de descalificaciones con las que se pretendió desdorar la imagen de los expertos y deslegitimar su importante labor humanitaria.
La tónica del jaloneo y el no sometimiento se extendió hasta la sede de la CIDH, ubicada en la ciudad de Washington, en la que los representantes de Enrique Peña Nieto se vieron obligados a precisar que quien manda en el país es el Presidente y no el secretario de la Defensa Nacional.
Si el GIEI hubiese sido instalado en el suelo patrio por un ejército intervencionista, la resistencia de los servidores públicos sería indiscutiblemente meritoria y hasta heroica. Empero, se trata de un órgano en cuya creación intervino el Estado mexicano, es decir, su surgimiento fue fruto directo de la voluntad libre y espontánea de nuestras autoridades, quienes decidieron firmar con la CIDH un acuerdo de asistencia técnica a fin de facilitar el cumplimiento de las medidas cautelares decretadas por el ombudsman hemisférico con motivo de la queja interpuesta por los padres de los normalistas de Ayotzinapa.
La falta de voluntad política para honrar los compromisos que se asumen ante la comunidad internacional es lo que explica esa grave incongruencia, esa tremenda disonancia cognoscitiva, que también se hizo presente cuando se lanzaron sendas catilinarias al relator contra la Tortura, al relator contra las Ejecuciones Sumarias, al Comité contra las Desapariciones Forzadas y a la secretaría ejecutiva de la Comisión Interamericana.
He aquí una de las causas de la crisis humanitaria en la que que está inmersa la nación. Los funcionarios asumen obligaciones a sabiendas de que no las van a cumplir. Por ello los numerosos tratados internacionales de derechos humanos suscritos por México no son otra cosa que meros compromisos de papel.
El doble discurso gubernamental debe ser desterrado porque, además de una práctica desvergonzada, lesiva de la dignidad nacional y ayuna de inteligencia, constituye un sabotaje a la extraordinaria reforma de 2011 que elevó los derechos humanos a rango constitucional, los erigió en ley suprema de toda la Unión y los consagró como el pilar majestuoso en el que descansan los principios rectores de la política exterior.