Derechos de las audiencias

 

En el mismo periodo en que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, convocó a consultas públicas para que la sociedad nutriera con sus observaciones la propuesta de ley reglamentaria de los derechos de las audiencias reconocidos por la Constitución y sus normatividades secundarias, el Poder Legislativo aprobó por mayoría una ley que concretamente niega los acuerdos internacionales firmados por el gobierno mexicano en esta materia y terminó negando la aplicación práctica del derecho de réplica.

Esto debido a que un derecho que no es aplicable de forma amplia, fácil, expedita, oportuna y justiciable en la práctica deja de ser un derecho y se convierte en una simulación legaloide que legitima el abuso, la injusticia, el despotismo y el desequilibrio social.

Mediante esta estrategia anulatoria se le arrebató nuevamente a la sociedad el derecho a ejercer una garantía básica que durante casi un siglo los poderes fácticos mediáticos y la partidocracia que los apoya, sistemáticamente se lo expropiaron. No hay que olvidar que el derecho de réplica debe ser un instrumento que sirva a los ciudadanos para defenderse ante los abusos cotidianos que realizan los poderes mediáticos que se constituyen en señores y dadores de vida, pues las empresas de medios de comunicación no sólo pueden borrar virtualmente a individuos de sus pantallas y diales; sino también linchar mediáticamente con total impunidad a cualquier actor político.

Por ello, ante tal irresponsabilidad partidocrática debemos preguntarle a los poderes públicos ¿por qué de forma repentina y con gran urgencia el PRI y el PVEM desempolvaron la reglamentación de esta ley que durante años obstaculizaron su discusión ciudadana? ¿Cómo fue posible que si toda la propaganda del “nuevo PRI” difundió que esta institución regresaría como un novedoso partido responsable que superó sus vicios y abusos históricos, el Poder Ejecutivo y la alianza PRI-PVE-Panal continúan sin otorgarle jurídicamente a la sociedad un verdadero derecho de respuesta a las comunidades? ¿Cómo pueda anunciar el Estado mexicano que realiza las reformas jurídicas de la cuarta generación, cuando el derecho de réplica lo mantiene en la fase de la Edad Media que fue la etapa en la que los súbditos no podían responderle al señor feudal, si éste no lo autorizaba?

¿Cómo es posible que los legisladores elegidos en julio de 2012 para representar y proteger a la sociedad, tres años después legislen a favor de los monopolios de la radiodifusión para respaldar sus intereses privados de acumulación y no para tutelar las garantías humanas elementales de los sectores gobernados más vulnerables comunicativamente? ¿De qué forma explicar que siendo el Senado de la República el albacea de la Medalla Belisario Domínguez que es el símbolo nacional que representa por excelencia la defensa de la libertad de expresión, sea esta misma institución republicana la que apruebe un proyecto de ley mordaza para el derecho de réplica?

¿Por qué dedicarle un apartado inhibitorio al periodismo crítico cuando éste contribuye a corregir las desviaciones del poder, mientras que a los sectores de fuerza mediática que debe acotar enérgicamente, el Poder Legislativo los complace ampliamente? ¿Por qué siendo un órgano autónomo el Congreso de la Unión nuevamente sucumbió ante la grosera presión de las televisoras, a la ambición insaciable del poder y del dinero para imponer un traje a su medida en materia de réplica?

¿De qué nos sirve la transición tecnológica de lo analógico a lo digital que promueve el gobierno sin derechos comunicativos; pues lo que ahora tendremos es la práctica de más calumnia, manipulación, difamación, desprestigio, impunidad desde los emisores, pero ya no en baja definición, sino ahora en tercera dimensión, con sonidos estereofónicos, con colores más nítidos, en alta definición, nitidez 4-K?

¿Por qué si el país ha tardado casi 100 años en legislar este derecho, ahora un siglo después el Congreso aprueba una caricatura vergonzosa del mismo y no una garantía avanzada que es la que merece la sociedad mexicana después de haber esperado civilizadamente su legislación hasta el tercer milenio?

¿Para qué sirve un Estado que no aboga por la tutela comunicativa de sus gobernados, sino favorece el empoderamiento casi absoluto de los grandes poderes mediáticos tradicionales?

¿Dónde quedó la rectoría comunicativa del Estado nación en la segunda década del siglo XXI en México?

Mediante dicha estrategia anulatoria del derecho de réplica, la partidocracia generó las siguientes consecuencias político-comunicativas para la sociedad mexicana en el siglo XXI:

1. Los partidos políticos dominantes enviaron una grave señal de indolencia y desprecio hacia los derechos de los ciudadanos, consistente en no considerar los cuestionamientos críticos de la sociedad civil sobre este aspecto crucial de las garantías de las audiencias. Esto contribuirá a profundizar la enorme crisis de derechos humanos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han denunciado reiteradamente que existe en la nación al tener falta de acceso a la justicia e incremento de la impunidad estructural que perpetúa la repetición de graves violaciones a las garantías individuales. Así, la cadena de atropellos es extensa y en los momentos de crisis que vive el país ahora se suma la crisis que enfrenta el Estado de derecho, donde la impunidad a todos los niveles es el común denominador de una clase política y empresarial acostumbradas a torcer la ley y pisotear los derechos humanos para mantener intocables sus privilegios. En este sentido, la sistemática negación a escuchar a la sociedad, es sin género de dudas, el veneno más letal para cualquier proceso democrático.
2. Al convertirse el derecho de réplica en una “caricatura legaloide” de las garantías comunicativas ciudadanas, el modelo de comunicación colectivo que continuó reinando en la operación de la radiodifusión nacional, fue el prototipo de la comunicación para los jodidos, caracterizado por ser autoritario, unilateral, despótico y anticiudadano.
3. El comportamiento desprotector ejercido por los partidos políticos hacia las garantías comunicativas de los ciudadanos, reflejó que al igual que los grandes monopolios privados de la radiodifusión, también la partidocracia concibe a los auditorios como meros consumidores que deben asegurar el ciclo de acumulación de capital y no como ciudadanos con derechos de facto para ampararse frente a los abusos mediáticos.

Si la clase política no facilitó el ejercicio de esta garantía constitucional elemental, sino que la complicó laberínticamente al máximo, demostró que ésta quiere una población subordinada y obediente a sus mandatos y no una ciudadanía activa que participe en la construcción de bases civilizatorias más justas para la sociedad mexicana.

Así, en este caso, se cumplió literalmente la deplorable sentencia de la baja jurisprudencia que señala que “el que hace la ley, hace la trampa”.

4. Paradójicamente, opuestamente a todos los discursos y acciones realizadas por el gobierno mexicano en todos los espacios de la sociedad contra la práctica del bullying, especialmente en el sistema educativo; con el establecimiento de tal política discriminadora del derecho de réplica de los auditorios, el Estado introdujo una dinámica jurídica de permanente aceptación pública del ejercicio del bullying mediático contra los receptores. Esto debido a que permitió que se continúe ejerciendo la violencia simbólica hacia los auditorios, sin que estos cuenten con instrumentos jurídicos eficaces para resguardarse ante las arbitrariedades sistémicas del poder mediático establecido.

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